El TC corta de raíz la ley de tránsito hacia la República y la Hacienda catalanas

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha suspendido este martes por unanimidad la Ley de Transitoriedad Jurídica de la República de Cataluña. Los doce magistrados han admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno lo que congela, durante un plazo mínimo de cinco meses, la norma. Además, el TC ha accedido también a la petición del Ejecutivo de notificar de forma personal al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y al resto de miembros del Govern, que no pueden dictar acuerdos que desarrollen ninguno de sus 89 artículos. También serán avisados los miembros de la Sindicatura Electoral, los cinco juristas escogidos para hacer la veces de Junta Electoral.

El Pleno ha anulado también el Código Tributario que fue recurrido también por el Ejecutivo y en el que se desarrollan las bases de la futura Hacienda catalana. Estas dos admisiones se suman a las ya llevadas a cabo la pasada semana cuando el TC prohibió de facto el referéndum tras admitir cuatro recursos del Ejecutivo. Los magistrados han dejado pendiente para la sesión de mañana la revisión del recurso que presentó la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, a su decisión de rechazar de plano su petición de que todos ellos fueran recusados.

En su nuevo escrito el Gobierno asegura que este montaje normativo creado para sentar las bases de la consulta y la futura República de Cataluña constituye "la mayor afrenta y amenaza a la destrucción de las normas de convivencia de la sociedad española", asentada en el año 1978 a través de la Constitución. "Supone al tiempo el mayor ataque concebible a los valores de los Estados Democráticos", destaca.

El Gobierno de Mariano Rajoy sale en su recurso en defensa del Parlamento de Cataluña de cuya legitimidad se han apropiado "un conjunto de diputados" que han abusado descaradamente de la institución "para fines espúreos". Todo para avalar un documento "imposible" destinado a sustituir el actual orden constitucional por otra cosa a través de un articulado inconstitucional ya desde el preámbulo. "Resulta imprescindible defender al Parlament", dice.

"El artificio ordinamental diseñado en el documento es de tan burda configuración que no serían precisas más que unas pocas líneas para argumentar su inconstitucionalidad", agrega el escrito que acusa al Govern de elegir a la carta las leyes del ordenamiento español, europeo e incluso internacional que más le convienen para crear una "aberración jurídica" de tal calibre que se halla viciada de una inconstitucionalidad total y absoluta.

La norma suprema

La ley pensada para entrar en vigor el día después del referéndum está destinada a facilitar la transición hacia la nueva república "de manera ordenada y gradual y con plena seguridad jurídica". Establece que Cataluña "se constituye en una República de derecho, democrática y social" y, "mientras no sea aprobada la Constitución de la República", es la norma suprema del ordenamiento jurídico catalán.

La Ley establece un periodo transitorio de aproximadamente un año para crear una Constitución y convocar las primeras elecciones de una república catalana. En el periodo transitorio seguirían vigentes las normas de la UE, los tratados internacionales y todas las leyes estatales que "no contradigan" la ley catalana de transitoriedad jurídica y se podrían recuperar todas aquellas normas catalanas que ya haya suspendido el Tribunal Constitucional y volverles a dar rango legal.