APROBADA LA PRIMERA LEY DE DESCONEXIÓN

El Parlamento catalán sienta las bases de su Hacienda propia al margen de la española

A partir de ese Código, pues, se articularán los distintos mecanismos públicos, como la Agencia Tributaria Catalana o el Consejo Fiscal. Incluso el Banco central catalán

Foto: Carles Puigdemont, junto a Oriol Junqueras, Jordi Turull y Raül Romeva. (EFE)
Carles Puigdemont, junto a Oriol Junqueras, Jordi Turull y Raül Romeva. (EFE)

El engranaje soberanista no descansa: hoy quedaron aprobados en el Parlamento catalán los libros 1, 2 y 3 del nuevo Código Tributario, que será la base de la nueva Agencia Tributaria Catalana, una de las tres leyes de desconexión previstas en la hoja de ruta separatista. La diputada Maria Senserrich, de Junts pel Sí (JxS), relatora de la ponencia, lo dejó muy claro: "Hoy ponemos los fundamentos de una estructura de Estado, porque el sistema fiscal se conoce como tal. Es evidente que ya tenemos Hacienda en Cataluña, pero la queremos gestionar nosotros. No nos escondemos".

A partir de ese Código, pues, se articularán los distintos mecanismos públicos, como la Agencia Tributaria Catalana o el Consejo Fiscal. Incluso el Banco central catalán, que, como subrayó la 'cupera' Eulàlia Reguant, es una pieza necesaria. Pero mantuvo un `punto de escepticismo: "Estaría bien saber si disponemos de las herramientas necesarias para su creación".

De nada valieron las enmiendas de la oposición, que alertó de las deficiencias del texto. El propio Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) dictaminó que algunos artículos son inconstitucionales. Se lo recordaron por activa y por pasiva, pero la determinación estaba tomada. "Resulta que quieren dar seguridad jurídica y hacen todo lo contrario. No lo decimos nosotros. Lo dice el CGE, que genera confusión en su interpretación, justamente lo contrario de lo que dice que es su objeto. La forma más acertada de definir esta ley es que esto no es una ley. Es un discurso político", les echó en cara el representante del PP, Santi Rodríguez.

En términos similares se pronunció la socialista Alicia Romero, que denunció el incumplimiento del dictamen del CGE. En su texto, este organismo rechazaba un artículo y tres disposiciones adicionales. Entre otras cosas, aparte de crear confusión y de mantenerse al margen de la Constitución y el Estatuto, presenta anomalías importantes en cuanto al acceso a los cuerpos superiores de inspectores, técnicos y gestores tributarios, ya que no garantiza el principio de igualdad.

Rodríguez también les afeó que es un camuflaje de un informe realizado hace años por el Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN). "Ustedes están mimetizando el diseño realizado hace años por el CATN, aunque cambian ligeramente el nombre de algunos organismos. Pero el texto ignora muchos derechos. Para empezar, no habla de la Constitución ni del Estatuto ni del derecho tributario español. Es más: establece los mismos principios que ya están establecidos en la legislación española y reproduce miméticamente aspectos que ya están en ésta, tratando de confundir a las personas sujetas a esta legislación".

Antonio Espinosa, de Ciudadanos, también aseguró que el nuevo Código "no pretende ordenar el sistema tributario de Cataluña, sino que es un instrumento al servicio de la secesión". Y Àngels Martínez, de Catalunya Sí Que Es Pot (CSQEP), lamentó que no se aproveche para introducir mecanismos para reducir las desigualdades, calificando la normativa de superficial. "Seguirá pasando lo que ahora: han de pagar más impuestos los que más tienen, pero eso no es lo que pasa. Y con los instrumentos que se están aprobando ahora, tampoco pasará", dijo. Criticó, eso sí, el hecho de que "a los ciudadanos nos parece pagar servicios a nivel de Suecia y nos los dan a nivel de Marrruecos".

Las extrañas justificaciones

Lo que causó más extrañeza, no obstante, fueron los argumentos de Senserrich para justificar la aprobación del nuevo Código Tributario. "Queremos garantizar los servicios públicos en Cataluña y queremos un país que genere riqueza para redistribuirla. El Estado español nos amenaza vía FLA atacando los servicios básicos de Cataluña, jugando de manera descarada con el dinero de los ciudadanos. Dicen que protegen nuestro dinero, pero les sirve para pagar a una policía política, para fletar aviones hacia Suiza para conseguir pruebas falsas y para perseguir a políticos por su ideología. No seremos cómplices de un Gobierno español que tiene como prioridad utilizar sus cloacas contra los que pensamos diferente".

La diputada independentista obviaba que la redacción de la ley proviene de hace meses –años, si nos remontamos a su planteamiento formal- y que la exigencia del FLA de exigir a la Generalitat los recibos sobre dónde gasta el dinero que le da es de hace tan sólo una semana. Y las acusaciones sobre las cloacas del Estado es relativamente reciente –de hace sólo unos meses-. De lo que se deduce que los independentistas sabían hace meses que el FLA les iba a pedir tal medida y de que se iba a haber una campaña contra las 'cloacas' del Estado o directamente son falsas las justificaciones planteadas en el pleno del Parlamento.

Senserrich también afirmó que su formación, JxS, está "al servicio del pueblo" y justificó por adelantado todos los organismos que piensa crear: "Nosotros no montamos chiringuitos, sino instituciones necesarias para el país". Y zanjó: "Mientras se persigue a políticos por su ideología e mientras interrogan a gente por hacer una web [en alusión a los interrogatorios de los últimos días de altos cargos del Govern por parte de la Guardia Civil], nosotros no queremos ser cómplices de la segunda parte de las cloacas". Lo que no está claro es qué tiene eso que ver con el objeto de la ley, que es garantizar la igualdad fiscal en un sistema proporcional y redistributivo, garantizando la justicia social y luchando contra el fraude.

Cataluña

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