Diana Quer, caso cerrado: un año después solo la UCO mantiene pesquisas policiales

La desaparición de la joven madrileña Diana Quer en la población gallega de A Pobra do Caramiñal sigue siendo una incógnita un año después. Nadie tiene una idea clara apoyada en indicios sólidos que indique con cierta nitidez qué pasó la noche del 22 de agosto de 2016 cuando la chica regresaba de pasar un rato en las fiestas del pueblo en el que veraneaba con su madre y su hermana.

Las diferentes líneas de investigación iniciadas por los responsables de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han sido de momento infructuosas y únicamente han derivado en diferentes callejones sin salida que por ahora no han convencido a la autoridad judicial que dirige las pesquisas. De hecho, el Juzgado número 1 de Ribeira, encargado de coordinar las diligencias, archivó provisionalmente las mismas el pasado 19 de abril por falta de pruebas que permitieran avanzar en el descubrimiento de lo que ocurrió la mencionada noche en el pequeño pueblo costero coruñés.

[Actualización: en diciembre de 2017, detienen en Galicia al principal sospechoso de la desaparición de Diana Quer]

El auto del Juzgado número 1 cerró la investigación hasta que hubiera nuevos elementos que permitieran reabrir el caso y apuntar claramente a un sospechoso, cosa que no hacían de momento las pesquisas de la Guardia Civil. "No existen motivos suficientes para acusar a determinada o determinadas personas como autores, cómplices o encubridores" de los hechos, señaló el titular del juzgado, el instructor Félix Isaac Alonso, que añadió que los agentes de la UCO podían seguir actuando policialmente, precisamente con el fin de encontrar esos nuevos datos.

"Se encuentran abiertas varias líneas de actuación policial", confesó el magistrado a modo de invitación a los investigadores para que siguieran rastreando un caso que desde el principio se mostró enormemente difícil debido a las escasez de pruebas y de testigos. Los investigadores de la Guardia Civil, de hecho, continúan hoy realizando pesquisas policiales en varios sentidos con el fin de poder recoger nuevos elementos que permitan al juez reabrir el caso.

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Estas nuevas diligencias se centran en el teléfono móvil de la chica, que fue descubierto en la ría el 27 de octubre siguiente. La mala situación en la que se encontraba el terminal obligó a los agentes a conservarlo entre algodones durante meses hasta que alguien demostrara ser capaz de acceder al mismo sin poner en peligro su contenido. Esto último ocurrió finalmente el pasado julio, cuando la empresa israelí Cellebrite, la misma que penetró en el teléfono Apple del autor de la matanza de San Bernardino (EEUU) en diciembre de 2015, consiguió desbloquear el dispositivo en un laboratorio de Múnich (Alemania) por apenas 2.000 euros.

Los agentes estarían en estos momentos analizando la información y contrastándola con los millones de datos obtenidos del análisis del tráfico de teléfonos que tuvo lugar en la zona aquel 22 de agosto, así como con las imágenes de las cámaras de tráfico y de otros locales que grababan el recorrido que supuestamente realizó el terminal esa noche y cotejando las conclusiones con los testimonios facilitados por las decenas de vecinos, amigos, conocidos, familiares y compañeros de aula de la chica.

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A esta labor, que aún están realizando los investigadores, se unen nuevas diligencias que están practicando los agentes de la UCO, quienes prefieren mantener la discreción sobre las mismas con el fin de evitar interferencias y volver a mediatizar un asunto sobre el que ya ha habido demasiados focos puestos durante los últimos meses.

Sigue sin haber, de momento, un móvil que justifique el supuesto secuestro, el asesinato o la fuga de Diana, por lo que resulta imposible determinar el motivo que llevó a la joven a no volver a casa. Ninguna prueba apunta a que la desaparición se produjo por una causa concreta. Tampoco a la comisión de un delito específico, ya que los investigadores no han encontrado sangre, ni indicios de violencia, ni ADN ni otros argumentos que avalen la comisión de un ilícito penal determinado. Al no saber si están ante un homicidio, un secuestro, una amenaza o incluso ninguna de las tres opciones, no pueden por lo tanto tomar decisiones que enfoquen las diligencias en una dirección precisa con certeza de no equivocarse.