La UDEF investiga los negocios de FCC con el entramado comisionista de Jordi Pujol Jr.

La Justicia sigue estrechando el cerco sobre Jordi Pujol Ferrusola, el mayor de los siete hijos del expresidente de la Generalitat de Catalunya Jordi Pujol. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, que investiga desde hace dos años a Jordi Pujol Jr. y su esposa Mercè Gironès por su presunta implicación en una trama ilegal de adjudicación de favores y contratos públicos, ha ordenado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que analice las relaciones comerciales que pudo establecer el matrimonio con la firma cotizada Fomento de Construcciones y Contratas, según fuentes cercanas a las pesquisas consultadas por El Confidencial.

Ruz quiere que la UDEF aporte ese informe al procedimiento lo antes posible ante los indicios de que la constructora presidida por Esther Alcocer Koplowitz y participada por el magnate mexicano Carlos Slim fue una de las que pasó por la ventanilla del matrimonio para conseguir licitaciones en Cataluña. Hasta ahora, FCC se hallaba fuera de la investigación judicial, aunque la compañía ya fue mencionada en uno de los informes aportados a la causa por los expertos en delitos económicos de la Policía.

En concreto, el pasado mes de julio, la UDEF concluyó que Jordi Pujol Jr. había dado un pelotazo de dos millones de euros en sólo un año con su entrada en la sociedad que puso en marcha en 2002 un vertedero en la localidad tarraconense de Tivisa. En 2004, sólo unos meses después de que la instalación consiguiera la autorización del Gobierno de CiU para el tratamiento de basuras, el primogénito del clan Pujol vendió su participación en la sociedad por 5,2 millones de euros. Y, curiosamente, 11 días después FCC compró el vertedero por 15,8 millones de euros.

Todavía no ha llamado a declarar a FCC

La operación, sin embargo, no ha tenido hasta ninguna consecuencia penal para la constructora. El magistrado mantiene imputados desde hace un año a Jordi Pujol Jr. y su mujer por un delito de blanqueo de capital y otro contra la Hacienda Pública por el presunto cobro de comisiones irregulares por su intermediación ante la Administración catalana. Además, desde el pasado octubre también están imputados en la causa más de una decena de empresarios que habrían contratado los servicios de la pareja camuflando los pagos a través de facturas por servicios inexistentes. Sin embargo, Ruz todavía no ha llamado a declarar a ningún directivo de FCC.

Puede que lo haga en cuanto reciba el informe que acaba de solicitar a la UDEF. El juez quiere averiguar si, además del negocio del vertedero, la compañía de Esther Alcocer Koplowitz ha tenido alguna otra relación comercial con el hijo del expresidente. En concreto, las pesquisas se centran en los posibles vínculos de FCC con las tres sociedades instrumentales que habrían utilizado durante años Jordi Pujol Jr. y su mujer para canalizar todo tipo de ingresos irregulares: Project Marketing CAT, Iniciative Marketing i Inversions y Active Translation SL. El pelotazo con el vertedero lo dieron a través de la última de ellas.

Los Pujol, en la lista Falciani

Las tres firmas tienen como sede social un despacho de la calle Ganduxer de Barcelona, la misma oficina que Jordi Pujol Ferrusola y su mujer utilizaron para domiciliar la cuenta que abrieron en el banco HSBC de Ginebra en 1994, como reveló El Confidencial. Los nombres de ambos aparecen en la ya célebre lista Falciani. El depósito sólo estuvo operativo durante nueve meses, pero demostraría que el clan Pujol ya movía fondos en el extranjero como mínimo desde hace dos décadas. La procedencia de ese dinero sólo se conoce parcialmente. Ruz quiere saber ahora si FCC fue una de las compañías que contribuyó a la fortuna de Jordi Pujol Jr. con el pago de comisiones. La UDEF ya está trabajando en el informe.

Cataluña ha sido tradicionalmente uno de los mercados más importantes para la compañía de la familia Koplowitz. De hecho, tiene su sede social en Barcelona. La empresa ha logrado recientemente un contrato para gestionar las basuras de la zona centro de la Ciudad Condal hasta 2017 valorado en 797 millones de euros. Además, es socio de referencia en la concesionaria de la Ciudad de la Justicia de Barcelona y tiene el 25% del Canal Segarra-Garrigues. Su poderío en Cataluña, sin embargo, ha decaído en los últimos años.