El Gobierno de Pujol prestaba sedes oficiales a sus hijos para que hicieran negocios

“Tema República Dominicana: parece que el ILI ya tiene prácticamente el contrato de Riesgos Laborales en la mano y que el próximo día 28-29 parece que tendremos el contrato, que será de unos 5 millones de euros para unos 4 años. Además, el otro día nos reunimos con Josep P. F. y el director de su empresa de turismo para colaborar conjuntamente en otras acciones previstas y les hemos puesto a su disposición nuestra oficina del ILI por si la necesitan como lugar de referencia de trabajo”.

Así se expresaba Salvador Heras, coordinador general del Instituto de Logística Iberoamericano (ILI), una asociación de empresas e instituciones vinculadas al transporte, la logística y la gestión de infraestructuras creada en julio de 1999. Entre otros asociados, dentro de esta asociación están presentes organismos públicos como Ferrocarriles de la Generalitat, Puertos de la Generalitat, Puerto de Barcelona, Puerto de Tarragona, Zona de Actividades Logísticas y Centros Logísticos de Cataluña (Cimalsa).

La comunicación, con fecha del 21 de enero de 2002, estaba dirigida a Jordi Pujol Ferrusola. Y el Josep a que aludía en la comunicación no era otro que Josep Pujol Ferrusola, hijo del entonces presidente Jordi Pujol y hermano de Jordi Pujol Ferrusola. Porque Josep, además de su empresa Europraxis, que recibió cuantiosas adjudicaciones de la Generalitat mientras su padre estuvo de presidente, trabajaba con su compañía Tourism & Leisure, que también recibió sospechosos contratos públicos a modo de regalo. El president siempre se mostró remiso a clarificar la relación de su hijo con la Administración y en esa tarea le ayudaron sus acólitos, que destruyeron 12 expedientes sospechosos de Europraxis, que había cobrado decenas de millones de pesetas de la época del Gobierno, antes que entregarlos al Parlamento.

El hermano mayor del clan, sin embargo, extendía su larga sombra sobre el resto de la familia. La juez Beatriz Balfagón, titular del juzgado de instrucción número 31 de Barcelona, lo acaba de imputar por haber gestionado la fortuna familiar oculta en Andorra durante un periodo de los años 90. Pero, además, en sus negocios involucró a su hermano Josep, que ya comenzó a operar empresarialmente hace casi 30 años, según manifestaron a El Confidencial fuentes bien informadas.

Ambos hermanos eran socios en aventuras empresariales y se servían, al alimón, de las infraestructuras públicas para utilizarlas a su antojo, como si formasen parte del cortijo familiar. Apenas dos meses después de esas comunicaciones, Josep Pujol Ferrusola publicaba una carta abierta en La Vanguardia en la que se quejaba por las críticas que suscitaba el que los hijos del president tuviesen adjudicaciones públicas.

Aseguraba que siempre se le habían adjudicado contratos en concursos públicos (lo cual era falso, porque la mayoría fueron adjudicados a dedo) y concluía que podría aprobarse una ley que prohibiese tener adjudicaciones a familiares de altos cargos, “pero entonces alguien debería indemnizar, obviamente de forma económica, a todo este colectivo afectado por las actividades políticas de su pariente por el perjuicio que les crea”. Lo decía alguien que, además de los cuantiosos contratos públicos, tenía a su disposición las oficinas del ILI para utilizarlas a su antojo.

“Mira qué puedes hacer”

En el ILI, Jordi Pujol Ferrusola tenía un contacto de altura que le mantenía informado de todo y, además, le enviaba copia incluso de las comunicaciones con los altos cargos de la consejería de Política Territorial y Obras Públicas, regentada en aquel momento por Felip Puig, compañero de clase de Jordi Pujol Ferrusola en el colegio Costa Llovera y hermano de su socio, Jordi Puig Godes.

Heras le señalaba, en la comunicación antes citada: “Referente a la planta de ciclo combinado de FECSA-Endesa en el Puerto, ya hablé con el director de la empresa concesionaria, el señor Fenollosa y estaba muy correcto, imagino que después de tu toque, y hemos quedado que dentro de unos 15-20 días nos veremos para firmar el acuerdo”. Y más: “Tema Vela y edificio en venta, ya lo comentamos, comienzan los movimientos en el mercado y Xavi C. tiene algún grupo inversor y gestor que quiere participar, se ha de conseguir, si es posible, la exclusividad. Mira qué puedes hacer. Él está quieto”. Xavi C. era entonces director en Barcelona y socio internacional de una importante asesora inmobiliaria norteamericana.

En el ILI, Jordi Pujol Ferrusola tenía un contacto de altura que le informaba de todo y, además, le enviaba copia de las comunicaciones con los altos cargos

En un último punto, le hacía una petición sorprendente: “Recuerda mirar si es posible modificar el contrato del Puerto o buscar otra manera contractual para dar más seguridad de futuro”. Se refería a su propio contrato con la institución del Puerto, que quería blindar. ¿Tenía Jordi Pujol Ferrusola suficiente poder como para poder forzar el cambio de un contrato a un directivo de dicho organismo? Parece que sí.

Tres días más tarde de la anterior comunicación, el contacto del ILI envía una nueva a su amigo. “Querido Jordi: es para tu información. Como ya sabes, la empresa Tourism & Leisure, del grupo Europraxis, está preparando un proyecto en Dominicana y estudiarán otro que les pasará el ILI para un tema de cruceros. No hice mención del tema de momento. Con Josep G. ayer en la reunión ya te comenté que fue bien, pero aún no concretamos nada”.

Josep G. era Josep Grau, hasta un mes antes secretario general de la consejería de Política Territorial y Obras Públicas y en ese momento secretario para la Planificación Territorial de la misma consejería. Un correo a este en la misma época detalla que “mañana salgo de viaje con destino a México, con Colldecarrera, para cerrar acuerdos pendientes de la agenda institucional, tanto del conseller en cap como del conseller Puig, tanto a DF como a Veracruz y después iré a cerrar temas del ILI a la República Dominicana”.

Ese viaje institucional tuvo lugar a principios de marzo de 2002. Uno de los puntos a tratar con Grau era “mi contrato con el Puerto de Barcelona. Más seguridad y a más largo plazo u otra forma contractual”. También le pedía una reunión con Xavi C. Y un último asunto que tratar: “Colaboración con el Puerto de Tarragona: tema Argentina, Puerto Rosario, ILI, ZAL-3, etcétera”. A pesar de que esta comunicación era interna de la Consejería, una copia le fue enviada a Jordi Pujol Ferrusola, que manejaba todo su imperio desde su oficina en la calle Ganduxer de Barcelona.

Una adjudicación sospechosa

Que Jordi Pujol Ferrusola tenía larga mano en la Generalitat parece fuera de duda. A finales de enero de aquel año, Salvador Heras le comunicó que trabajaba para la empresa Auseba y pidió a Jordi Pujol Ferrusola que le organizase una reunión con “el responsable de la OAC, el señor Marsal, o bien con el señor Toni Vives” para “presentarles la empresa y ponerse a disposición”. La AOC es la Administración Abierta de Cataluña, un consorcio público que depende de la Generalitat y Vives era entonces secretario general del conseller en cap, es decir, de Artur Mas.

El colaborador le enumeraba los clientes de la compañía y especificaba: “Bien, lo que piden es si es posible darles una buena entrada para el proyecto que se está desarrollando de la Administración Abierta de Cataluña, que depende directamente del conseller en cap y concretamente su secretario general, el señor Antoni Vives es el responsable y que ha nombrado como director general al señor Marsal. Parece que el proyecto es muy importante, unos 25.000 millones de pesetas [150 millones de euros], saldrán diferentes paquetes y ellos querrían tener opciones a participar”.

Días más tarde, le volvía a recordar la petición y el 8 de febrero le matizaba: “El señor Marsal (…) hoy por la mañana ha recibido al gerente de Auseba y por fin se lo ha tomado seriamente y ha dicho que hay mucho trabajo por hacer y que hablará con Devis, que es la empresa que tiene la exclusiva, para ponerlos en contacto y con Toni Vives para informarle. Te ruego, si puedes, que hagas presión con Toni Vives”.

Tres semanas más tarde, el 26 de febrero, Heras le comunicaba a Jordi Pujol Ferrusola que Auseba ya tenía su adjudicación: “El proyecto de Universitats Públiques Catalanes y el Cesca, por importe de 44.625 euros”. Curiosamente, la adjudicación fue realizada mediante una resolución firmada con fecha 8 de febrero, el mismo día en que el responsable de la AOC recibe al recomendado gerente de la empresa. El objeto del contrato era “elaborar la metodología a seguir en las universidades públicas catalanas y en el CESCA para implementar las medidas de seguridad necesarias de la LOPD”.

Jordi Pujol Ferrusola se veía al día siguiente con el secretario general del conseller en cap y Heras le pedía que le recordase a este quiénes eran los de Auseba y que su gerente “ha solicitado una reunión con Toni para seguir insistiendo en la posible colaboración. Sé que tiene muy buena relación profesional y de amistad con el señor Ortuño. Ya me dirás qué han de hacer”. El coordinador general del ILI le pedía también a su mentor: “Recordarte que, cuando puedas, comentes con Felip [Puig] quién soy y qué hago, en el Puerto y en otros sitios, ya que pasaré una semana entera con él en México y me interesa de cara a los demás que me valore”.