Telefónica, 100 años de un activo estratégico

Telefónica se ha convertido en los últimos meses en escenario de una intensa lucha de poder. El aterrizaje del grupo saudí STC en su capital el pasado septiembre ha desencadenado una larga serie de movimientos que han dado pie más recientemente al refuerzo en su accionariado de Criteria y al regreso al mismo del Estado, a través de la SEPI.

Esta lucha por el control de la principal operadora española de telecomunicaciones, que coincide con la celebración de su 100 aniversario, puede leerse como una muestra del papel estratégico que ocupa en la economía del país —no de otra forma ha justificado el Gobierno su inversión— y que ha marcado la centenaria trayectoria del grupo.

Casi desde el mismo día de su nacimiento, el 19 de abril de 1924, la historia de Telefónica (entonces la Compañía Telefónica Nacional Española o CTNE) ha estado salpicada de episodios controvertidos que vienen a mostrar el apetito de actores de lo más variado por controlar una empresa que ha sido capaz de mantenerse desde sus primeros pasos en el epicentro del desarrollo de las comunicaciones nacionales.

Precisamente ese era el objetivo que buscaban quienes alumbraron la creación del grupo, hace ahora un siglo, bajo el patrocinio de la norteamericana International Telegraph and Telephone (ITT), en la primera mitad de la década de 1920.

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Aquellos eran años convulsos para la política española, donde acababa de instaurarse el régimen dictatorial de Miguel Primo de Rivera, pero también para las telecomunicaciones, después de décadas de un muy deficiente desarrollo del servicio telefónico.

Esas circunstancias serían aprovechadas a la perfección por Sosthenes Behn, fundador y presidente de ITT, para hacer valer su proyecto de configuración de un monopolio telefónico que impulsara el desarrollo de la infraestructura y la homogeneización de un servicio en el que España se movía varios pasos por detrás de los países de su entorno.

Competencia internacional

En medio de un clima más propicio para el desarrollo de monopolios nacionales (por aquellos años, sin ir más lejos, se creó la CAMPSA, en detrimento de los grandes grupos estadounidenses), Behn, con el respaldo de importantes financieros e industriales nacionales –su primer presidente sería el marqués Estanislao de Urquijo–, lograría que CTNE se alzara con un contrato por el que también pugnaron otros grupos internacionales de renombre como la sueca Ericsson; la alemana Siemens & Halske; y la belga New Antwerp Telephone and Electrical Works.

"Está claro que al diseño cuidadoso de la operación se añadieron una serie de circunstancias favorables, que, combinadas con la habilidad negociadora y la capacidad de seducción de S. Behn, se saldaron con un éxito rotundo. Piezas fundamentales del mismo fueron los apoyos políticos de diversos departamentos gubernamentales de EEUU, comercio y embajada más en concreto, así como las conexiones con la banca privada norteamericana —National City Bank y Banca Morgan— y con representantes de la gran productora de equipo International Western Electric co., encuadrada en ATT", explica el profesor Ángel Calvo en su obra Historia de Telefónica: 1924-1975.

Si pocos meses después, en enero de 1925, la absorción de la Compañía Peninsular de Teléfonos, hasta entonces gran dominadora de la industria, supuso un hito fundamental en el desarrollo del negocio de CTNE, la construcción de su sede central en la Gran Vía simbolizaría la irrupción de un nuevo gigante en el entramado económico empresarial español.

Bajo el control de la CTNE, la red de comunicaciones telefónicas en España experimentaría un sensible impulso. Pero esto no sería suficiente para evitarle controversias a la compañía, que, incluso en tiempos de la dictadura de Primo de Rivera, tuvo que hacer frente ya a llamados a la nacionalización del servicio.

Sería, no obstante, con la llegada de la Segunda República cuando CTNE tuvo que activar todos los resortes a su alcance para desactivar la amenaza de la nacionalización. Muchos políticos de la oposición al régimen de Primo de Rivera habían hecho del contrato concedido a la filial de ITT uno de los principales ejes de ataque a la dictadura, presentándolo, según palabras del socialista Indalecio Prieto, como "un latrocinio, un atraco inexplicable".

Por eso, una vez derribada la monarquía, y pese a los intentos de CTNE por mostrar su adhesión al nuevo régimen, los líderes republicanos hicieron de la anulación de la concesión telefónica, cuyas condiciones consideraban especialmente onerosas, una de sus medidas prioritarias. Sus esfuerzos, sin embargo, acabarían dándose de bruces con la oposición del gobierno estadounidense, que por distintos medios amenazaría al nuevo Gobierno con el bloqueo de sus relaciones comerciales si actuaba contra los intereses económicos de sus ciudadanos.

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"Esta es una cuestión de poder, de poder económico y político, si yo tuviera mil millones, o quince acorazados en el Ferrol, se resolvería de otro modo", señalaría resignado, por entonces, Manuel Azaña.

En cualquier caso, para la CTNE y su matriz ITT aquel triunfo no arrojaría un largo periodo de calma, pues la victoria franquista en la Guerra Civil abriría una nueva etapa de tensiones, ante la pretensión del nuevo régimen de hacerse con el control del negocio.

Nuevamente, los propietarios de CTNE contaron con el respaldo de la administración estadounidense, que trató de frenar las pretensiones franquistas. Sin embargo, en aquel momento se acercaba el término del contrato de 20 años firmado al inicio de la concesión y, según el cual, pasado ese periodo, la mayoría de las acciones de la compañía debían estar en manos españolas.

Nacionalización del capital

Después de un largo periodo de enfrentamientos y negociaciones, el régimen llegaría a un acuerdo con ITT, plasmado en el BOE del 16 de abril de 1945, para la adquisición por parte del Estado de casi el 80% del capital de CTNE por un monto de 637,3 millones de pesetas.

De esta manera se abriría una larga época de predominio público en el capital de Telefónica (que, sin embargo, seguiría operando como empresa privada, sin dependencia de los presupuestos estatales) que se mantendría hasta la venta por parte de la SEPI de su participación, en varias etapas a lo largo de la década de 1990, en plena ola de liberalización de la economía (para entonces, el peso público en el capital se había diluido a poco más del 30%, tras las ampliaciones de capital ejecutadas por la compañía en las décadas anteriores).

A partir de entonces son nombres de grandes grupos privados, desde La Caixa a BBVA, pasando por las principales firmas de inversión internacionales, los que han copado las posiciones más relevantes en el capital de una operadora que, bajo la dirección de Juan Villalonga, César Alierta y, desde 2016, José María Álvarez-Pallete, y en paralelo a la pérdida del monopolio de las telecomunicaciones en España, lograría situarse, en torno al cambio de siglo, como uno de los principales actores del sector a nivel internacional, con posiciones relevantes en Reino Unido, Alemania, Brasil y casi la totalidad de Latinoamérica.

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La lucha actual por la primacía en el accionariado de Telefónica representa un intento por hacerse fuerte en un grupo que factura más de 40.000 millones al año y que suma activos por un valor superior a los 104.000 millones. Pero la potencia estratégica de la compañía se explica, más allá de estos números, en los activos bajo su control.

A lo largo de este siglo, el control de las comunicaciones ha sido un arma poderosa que explica, en gran medida, el interés de los distintos regímenes bajo los que ha operado Telefónica por poner el grupo bajo su órbita. Esta importancia, lejos de decrecer con el paso del tiempo, se ha vuelto aún más relevante con la llegada de nuevos estándares de comunicación, como el 5G, y el potencial asociado al denominado Internet de las Cosas.

Bajo este prisma, las infraestructuras comunicativas acumuladas por Telefónica a lo largo de los años, con una de las redes de fibra más extensas a escala internacional, así como una amplia red de cables submarinos (agrupados en su filial Telxius), se han convertido en arma poderosa que le garantizan seguir ocupando un papel esencial en el desarrollo económico de España en los próximos años.

Azaña descubrió, hace 90 años, que la lucha por el control de Telefónica (entonces, CTNE) era "una cuestión de poder". Hoy, la fuerza estratégica que rodea al grupo resulta aún más obvia que entonces y sigue motivando luchas intensas por arañar la mayor cuota posible de poder.