El caso Banco Popular revive los fantasmas de Bankia en el Banco de España

Todas las novedades recientes en el caso Banco Popular amenazan con reabrir viejas heridas en el Banco de España. En concreto, las del caso Bankia, que generó una fractura en el equipo de inspectores que tardó años en cicatrizar. Al igual que tras el rescate de Bankia, las conclusiones judiciales sobre Banco Popular han despertado críticas en el seno de los inspectores, según fuentes internas del supervisor consultadas por este medio. Contactados sobre ello, ni el Banco de España ni la Asociación de Inspectores (AIBE) hicieron comentarios.

Las críticas de las fuentes consultadas giran en torno a la ampliación de capital de 2012, con la que Popular captó 2.500 millones de euros de inversores para sanearse y esquivar un rescate como los de Bankia y las cajas gallegas y catalanas. Así, el banco entonces presidido por Ángel Ron fue el único que escogió una vía de recapitalización interna para esquivar la nacionalización, tras el examen realizado por Oliver Wyman y las Big Four.

Al igual que ocurrió con el caso Bankia, hay voces en el Banco de España y su entorno que alegan que el supervisor tenía información como para haber parado la ampliación y haber forzado a hacer más provisiones. Van en la misma línea de las declaraciones que hizo en 2019 el exvicepresidente de la Comisión Europea (CE), Joaquín Almunia: "En el rescate de 2012 se nos escapó Banco Popular".

Sin embargo, la corriente oficial y mayoritaria acusa a estos críticos de revisionistas (juzgar a posteriori) y de pasar por alto los hechos: la estrategia adoptada con Popular fue aprobada por la CE y el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el rescate de 2012, y los accionistas del banco fueron conscientes de que la entidad ampliaba capital para sanearse y que tendría pérdidas de 2.300 millones al cierre de ese ejercicio.

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J. Z.

Estas fuentes añaden que detrás de las críticas podría haber un movimiento revanchista por el caso Bankia, donde no hubo condena gracias en gran parte al supervisor, y un movimiento oportunista ante el futuro relevo al frente del Banco de España. De hecho, la subgobernadora, Margarita Delgado, que suena como posible gobernadora, es señalada por algunos al haber sido la que dio el último visto bueno a la ampliación, en un informe elevado a la Comisión Ejecutiva del Banco de España del 2 de noviembre.

En el centro del debate se sitúan unas provisiones de 2.226 millones que Popular dejó pendientes para 2013, según el informe de los peritos de la Audiencia Nacional. Para parte de los inspectores, esto implica que el supervisor levantó la mano con este banco. El resto le restan importancia al tratarse de un informe de un caso archivado por segunda vez (y que se ha vuelto a recurrir) y lo achacan a un calendario de provisiones que se iban realizando con cargo a los resultados generados por el banco, pero que estaban identificadas dentro del agujero de 9.000 millones al que alude el folleto de la ampliación.

En un comunicado que hizo la Asociación de Inspectores pocos días después de la resolución de Banco Popular de 2017, en la que perdieron su dinero los accionistas y parte de los bonistas, estos cuestionaban la operación y lanzaban un dardo en la línea de los actuales críticos: "Estar satisfechos porque un rescate o intervención se haya llevado a cabo sin coste directo para el contribuyente (…) es como estar contentos porque un paciente haya fallecido sin contagiar a nadie". "Posteriormente, se determinará si el fallecimiento era inevitable o no, pero, en cualquier caso, la pérdida es irreparable. Especialmente triste si, tras mostrar los primeros síntomas hace tiempo, en lugar de proceder a una intervención terapéutica de restablecimiento de la salud, se decidió permitir que la enfermedad siguiera su curso hasta convertirse en incurable", añadían.

Sea como sea, este debate interno y soterrado del Banco de España refleja que las heridas del caso Bankia siguen abiertas. Este rescate provocó la mayor crisis interna del supervisor, que terminó de explotar con el informe pericial que hicieron para la Audiencia dos inspectores (en la imagen) y con los correos internos que se difundieron en el caso, que reflejaban las dudas de inspectores como José Antonio Casaus y Jorge Pérez.

Parte de la antigua cúpula del Banco de España y de la CNMV llegó a estar imputada en el caso a raíz de estos correos durante algunos meses, entre ellos el ex gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y el expresidente del supervisor bursátil, Julio Segura.

Situación de la pieza 2012

Parte de los hechos sobre los que se debate la ampliación de capital de Popular de 2012 son parte del caso que ha investigado hasta ahora el juez Santiago Pedraz, que hace dos semanas decidió por segunda vez archivar el caso ante la falta de indicios de cualquier tipo de delito de estafa o falsedad contable.

Antiguos accionistas han recurrido de nuevo el archivo, reclamando nueva documentación que gira en gran parte alrededor de la inspección que se hizo al banco. Solicitan en concreto toda la documentación de la "llamada 'inspección de verano' realizada en el año 2012 (…), cuyas conclusiones, plasmadas en un requerimiento formal de la Comisión Ejecutiva del Banco de España que no fue materializado hasta el día cinco de marzo de 2013, más de 7 meses después de su finalización". Este recurso es, por tanto, clave en que las críticas internas del supervisor sigan avivándose o queden en un pequeño destello del pasado.