Banco Popular: la Audiencia deja en el aire la estrategia de 7.000 clientes de Cremades

El auto de la Audiencia Nacional sobre presuntas irregularidades en Banco Popular dejó ganadores y vencidos. Entre los imputados, pero también entre las acusaciones. En torno a un tercio de los perjudicados por la quiebra del banco personados en el juzgado han visto cómo el auto deja su estrategia en el aire. En concreto, a los 7.000 clientes de Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec), representados por el bufete Cremades & Calvo-Sotelo.

Esto asociación ha basado su estrategia en los últimos seis años y medio de investigación en contra de la gestión de Emilio Saracho al frente del Popular, en los meses previos a la resolución de junio de 2017. Pero el juez José Luis Calama establece totalmente lo contrario: que no hubo delitos en la administración de este banquero entre febrero y junio de ese año, pero sí presuntos delitos contables y estafa de sus predecesores, liderados por el expresidente Ángel Ron.

Aemec presentó un recurso contra esta decisión el pasado viernes. La misma le cogió con el pie cambiado en su estrategia de recuperación del dinero de sus clientes. Desde el entorno bufete se descarta un giro de 180 grados y dirigirse ahora contra Ron reclamando por la ampliación de capital de junio de 2016.

Pero defienden que estos 7.000 perjudicados podrían recuperar su dinero en caso de condena firme, por la vía de la ejecución de la responsabilidad civil subsidiaria. Y estas fuentes tampoco descartan el inicio de otras acciones civiles, que podrían dirigir de nuevo contra Saracho.

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Jorge Zuloaga

A la espera de cómo avanza el caso, la Aemec de momento está centrando su estrategia en tratar de dar un vuelco al auto de Calama. Su recurso, de reforma y subsidiario de apelación (es decir, que irá a la Sala de lo Penal en caso de que el magistrado lo rechace), se centra en la "nefasta y fraudulenta gestión" de Saracho. Según el escrito firmado por Javier Cremades, fundador y presidente de Cremades & Calvo-Sotelo, el banquero de inversión hizo "caer el valor de la cotización de la acción del banco", con la "finalidad, creemos", de "facilitar una ampliación de capital al coste más bajo posible, y propiciar a continuación una operación corporativa, es decir, una venta del banco en el que aflorara después todo el valor subyacente del mismo".

La Aemec defiende también que "hasta la toma de posesión [de Saracho] y aún después de que el querellado fuese nombrado presidente de la entidad, Banco Popular era un banco solvente que superó con holgura las pruebas de estrés y solvencia a los que venía siendo sometido por las autoridades competentes". Es decir, no ve el presunto agujero de 2.500 millones que detecta Calama en las cuentas de 2015 y 2016, que conllevaría una estafa en la ampliación.

Frente a estas consideraciones, el juez Calama concluyó en su investigación que Saracho no tuvo "ninguna intervención en las vulneraciones de la normativa contable" y que, "por el contrario, tomó medidas para chequear y evaluar el balance del banco". "No hemos podido constatar que fuera el responsable de las graves filtraciones a la prensa que aceleraron la fuga de depósitos que sufrió" Popular, afirma también. Y añade que "no ponderamos si su corta gestión (20 de febrero a 6 de junio 2017) como presidente del consejo de administración de Banco Popular fue correcta o no, no es nuestro cometido".

Al contrario que en este caso, la Aemec sí que fue contra la ex cúpula de Bankia por estafa y falsedad contable por la salida a bolsa de 2011. De hecho, fue la acusación que recurrió al Supremo la sentencia desestimatoria de la Audiencia, con resultado negativo.

La Aemec también es conocida en el sector financiero por otros grandes procesos abiertos contra la banca, como el caso Madoff, en el que pactó acuerdos extrajudiciales in extremis con Santander. Y Cremades lo es por el informe que hizo sobre los abusos de menores en la Iglesia católica.