Ola de cierres, despidos, ERE, paradas y freno a inversiones clave en la industria española

La industria española está mostrando signos preocupantes en el final de 2023 y arranque de este 2024. La alarma se ha acrecentado en las últimas semanas, después de anunciarse diversos cierres de fábricas de grandes compañías como Bimbo, Danone o algunos proveedores de Ford, que provocarán el despido de cientos de trabajadores por todo el territorio nacional.

A ello hay que sumar varios expedientes de regulación de empleo (ERE) con miles de empleados de grandes compañías como ArcelorMittal, Ford o Siemens Gamesa e incertidumbre al alza. En primer lugar, porque ya hay empresas que están sufriendo parones de actividad por los retrasos provocados por la crisis del mar Rojo como Michelin o Stellantis (Peugeot, Citroën, Opel, DS).

Y el temor es máximo, en segundo lugar, en el norte de España, ante las inversiones en el aire tanto de la propia ArcelorMittal, que no acaba de concretar sus promesas millonarias en Asturias, como desde esta misma semana en Galicia, donde han saltado todas las alarmas —justo en precampaña de las autonómicas— tras la promesa incumplida por parte de Alcoa de rearrancar la fábrica de aluminio de San Cribao (Lugo), para lo que ahora pide más tiempo. Los trabajadores ya hablan de cierre encubierto en una fábrica que emplea a más de 500 empleados. El Gobierno, a través del Ministerio de Industria, ya ha convocado una mesa de seguimiento para este viernes. Llueve sobre mojado, después de los cierres de la multinacional con sede en Pittsbourgh en 2019 en A Coruña y Avilés. La desindustrialización sigue haciendo mella.

Signos de desindustrialización

Los números mueven a la reflexión. Bimbo cierra su fábrica ubicada en Valencia, que emplea a 100 trabajadores, tras el cierre hace solo dos años de la planta de Madrid, que supuso 170 salidas, según la empresa. También Danone ha cerrado su fábrica de Barcelona, en plena transformación del consumo de lácteos y mientras la firma apuesta por sus yogures de soja que fabrica en Reino Unido, Francia y Bélgica. 157 empleados se ven afectados por el cierre de Barcelona. La firma francesa ya ya cerró en 2022 otra planta en Asturias donde trabajaban 70 empleados.

La provincia catalana ya sufrió la pérdida de más de 2.500 empleos en la Zona Franca tras el cierre definitivo de la fábrica de Nissan hace algo más de dos años. 900 trabajadores siguen pendientes de que la china Chery aterrice en la zona. El consejero de Industria de la Generalitat, Roger Torrent (ERC), está tratando de que se materialice la llegada, que por ahora sigue en el aire.

No son los únicos cierres anunciados en las últimas semanas. La crisis de la fábrica de Ford en Valencia, que ha dejado de fabricar varios modelos, ya provocó un ERE para 1.144 trabajadores y los sindicatos no descartan más ajustes, a la espera de recibir nuevos modelos electrificados. La situación se extiende a sus proveedores. Lear, que trabaja para la firma americana, echará el cierre este primer trimestre de 2024, lo que supondrá el despido de sus 159 trabajadores. Otro auxiliar, Rhenus, ya ha cerrado la planta de Almussafes, donde empleaba a 118 personas. SAS Automotive, encargado de los salpicaderos de la furgoneta Transit, que se ha dejado de fabricar, también cerrará en marzo con 50 despidos más.

Sin llegar al cierre, sí hay otras empresas que están teniendo que hacer ajustes. Este es el caso de Pablosky. La fábrica de calzado infantil ubicada en Fuensalida (Toledo) ha ejecutado 46 despidos este mismo mes de enero. Y sin salir de Castilla-La Mancha, GE Wind Energy, el fabricante americano de material eólico, anunció el despido de 135 empleados en sus fábricas de Albacete y Noblejas (Toledo).

El sector eólico está sufriendo una crisis a nivel global. Pero muy en particular está afectando a Siemens Gamesa. La firma ha anunciado que no dará beneficios hasta 2026. Concluyó un ERE para 352 personas de su área de oficinas, centradas entre Madrid y Zamudio (Vizcaya). Tras las recolocaciones, salieron del gigante hispanoalemán 231 empleados. La compañía se plantea cerrar más fábricas o venderlas después de las clausuras de Aranda de Duero (Burgos) y de Aoiz en Navarra. Su principal competidora, Vestas, ya cerró sus fábricas de León y Lugo en 2021, lo que supuso la marcha de casi 500 trabajadores.

El sector eólico está sufriendo una crisis a nivel global, pero muy en particular está afectando a Siemens Gamesa

Otras empresas afectadas por importantes ERE son las de la industria primaria. La acerera ArcelorMittal ha anunciado un ERE para 440 trabajadores, de los que 400 están ubicados en Asturias. Pero el problema va mucho más allá. Las autoridades locales cada vez ven más amenazado el futuro de la zona. La empresa aún no ha aceptado la subvención de 450 millones del Gobierno central para la que se comprometió a invertir 1.000 millones en Gijón con el objetivo de descarbonizar la planta y hacerla viable de cara al futuro. El Ejecutivo considera este proyecto estratégico y está tratando de que salga adelante, pese a que se niega a desvelar los detalles del pacto firmado en 2021.

Este es el gran problema que ahora ven las autoridades con Alcoa. Después de vender en 2019 las fábricas de A Coruña y Avilés, un proceso lleno de polémica por las ventas especulativas que afectaron a 686 trabajadores, ahora los sindicatos temen que la multinacional estadounidense no cumpla su promesa de rearrancar las cubas de producción de aluminio primario en la fábrica de San Cribao (Lugo). La compañía pide ahora más tiempo y sigue quejándose de los altos precios de la energía. Los empleados ven en esta maniobra un paso más para el cierre definitivo de una planta en la que trabajaban hasta su hibernación más de 500 personas. Ya en 2020 se presentó un ERE para la plantilla y el parón de actividad. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, encargada también del reto demográfico, aludió a este problema en su comparecencia en el Congreso de los Diputados este martes.

Otras plantas industriales con fuerte actividad también se están viendo impactadas en los primeros compases del año. En este caso, por la crisis del mar Rojo, que está retrasando la llegada de material necesario. Michelin ha tenido que suspender la producción y varios turnos de enero en sus cuatro fábricas de Valladolid, Burgos, Vitoria y Gipuzcoa, tal y como avanzó El Confidencial el 27 de diciembre.

Y ahora Stellantis también dice que se verá afectada por la crisis del tránsito marino en Oriente Medio, donde el Gobierno ha preferido ponerse de perfil ante la petición de implicación de EEUU para combatir a los hutíes en Yemen y garantizar el paso de buques comerciales por el estrecho. No obstante, la automovilística ya ha tenido diversos problemas con la recepción de proveedores antes del estallido del conflicto en Israel y Hamás, y hace pocos días ha anunciado un ERE voluntario para 90 trabajadores en su fábrica de la Citroën de Vigo.

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Toda esta crisis, que está provocando una cascada de anuncios de cierres, despidos, ERE, parones y frenazos a la inversión en la industria, se da después de una década de retroceso del sector. Pese a que los gobiernos de PP y PSOE anunciaron su potenciación para tratar de llegar al 20% del PIB, los datos reflejan una economía cada vez más centrada en los servicios y el ámbito terciario, sostenedor de los buenos datos de contratación. Ello está provocando que la pujanza del empleo, a nivel geográfico, se esté desplazando desde el noroeste al levante y el centro peninsular.

En medio de esta crisis, el Gobierno trata de compensar la balanza. El presidente, Pedro Sánchez, anunciaba este miércoles desde Ferrol (A Coruña) la construcción por parte de Navantia de un nuevo buque para la Armada española. Esto ha permitido al líder del PSOE anunciar la creación de 1.800 puestos de trabajo en Galicia, donde se celebran elecciones en menos de un mes, gracias al encargo del Ministerio de Defensa.

Navantia, empresa 100% pública, pierde cada año 100 millones de euros. Aunque en números rojos, ya está lejos de los 300 millones de euros que perdía en 2017. El impulso industrial en España pasa, en gran medida, por la capacidad que tenga el Ejecutivo de ejecutar los fondos europeos Next Generation, un maná de 150.000 millones de euros sobre los que recae buena parte de las expectativas de crecimiento y empleo en los próximos años.

La energía, clave a futuro

La cuestión está siendo motivo de preocupación para el sector energético, que trata de buscar soluciones después de que la propia industria identifique los altos costes energéticos como uno de sus grandes problemas. Este mismo miércoles, Aelec, la patronal de las eléctricas, y Deloitte advertían de la necesidad de buscar soluciones a medio y largo plazo que proporcionen energía limpia para cumplir con los objetivos de sostenibilidad a precios competitivos para proteger la industria nacional ante las deslocalizaciones.

Ayer mismo, Foro Nuclear también se quejaba de que España se estaba pegando un tiro en el pie prescindiendo antes de tiempo de esta energía no emisora y autónoma, que ofrece precios competitivos a las empresas industriales. Y este mismo jueves, las grandes energéticas de Enerclub, lideradas por Repsol, también reúnen a la industria pesada con la secretaria de Estado de Energía para exponer diferentes opciones, en que destaca el hidrógeno verde español como un factor diferencial respecto de otras tecnologías en Europa.

Repsol, en reiteradas ocasiones, y también los expertos de Deloitte y Aelec destacaban la necesidad de que la industria española tenga un peso específico, por la calidad de empleos que genera, bien pagados, y para evitar que la economía se desequilibre y se apoye solo en los servicios. En este contexto, el Ejecutivo ha decidido rebajar el impuesto a las energéticas que inviertan en desarrollos futuros. Compañías como Cepsa, la propia Repsol o Naturgy, entre otras afectadas por el tributo, o la naviera Maersk están anunciando inversiones milmillonarias para la creación de industria alrededor de los nuevos combustibles verdes que genere infinidad de puestos de trabajo.

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Importantes ERE más allá de la industria

La industria no es el único sector económico que está dando señales negativas. En los últimos meses, también se están produciendo importantes ERE en la gran empresa española. El caso más paradigmático es el de Telefónica, que ha planteado un ERE para 3.500 personas. Y tras la salida de 3.000 empleados de Vodafone en cuatro ERE en los últimos años, la compra de la división española por parte de Zegona ha llevado a los expertos en el sector a vaticinar nuevos ajustes próximamente. También despierta temores respecto al empleo la fusión de Orange y MásMóvil, aunque los responsables aseguran que se saldará sin despidos.

A mediados del pasado año, Getir, la empresa de reparto a domicilio con motos eléctricas, cerraba y despedía a sus 1.500 trabajadores. En el caso de los repartidores, Glovo ha anunciado un recorte de 100 empleados, que se suma al ERE de 140 trabajadores de hace un año en la firma, que ha recibido severas inspecciones de Trabajo por emplear con la fórmula de falsos autónomos. Estas salidas se producen después de los miles de despidos de las tecnológicas.

Y la reevaluación de expectativas del autoconsumo energético, que vivió un auge tras la crisis provocada por la guerra de Ucrania, ya ha propiciado el anuncio de un ERE por parte de Holaluz de 200 trabajadores. Antes, Solarprofit también ajustó su plantilla un 30%, a través de un expediente de regulación de empleo para 275 personas.

En suma, los anuncios de la industria y otros sectores en pocos meses acumulan cerca de 10.000 afectados por cierres, despidos o ERE. Y no se descartan más ajustes a la vista de las inversiones en cuestión de algunas empresas, las consecuencias a futuro de la desaceleración económica para este año que vaticinan los economistas o los efectos colaterales de la crisis en Oriente Medio, que de momento ha dejado repuntes del 200% del coste del transporte, y la gran empresa española teme que su negocio se vea afectado por la escalada del conflicto.