El Gobierno consuma en dos meses todos los grandes riesgos que el Ibex señaló a sus inversores

Las grandes empresas del Ibex han visto cómo en menos de una semana se han consumado sus peores augurios respecto del impacto que la situación política y regulatoria en España podría provocar sobre su negocio: inestabilidad política, cronificación de impuestos y tasas, incertidumbre en el mercado inmobiliario o problemas con los fondos europeos.

Compañías como Ferrovial, Naturgy, Caixa, Metrovacesa, Iberdrola o Telefónica, entre otras, vienen alertando a sus inversores internacionales en documentación oficial de diferentes amenazas, relacionadas con el escenario político español, que finalmente se han materializado. Unos potenciales factores de riesgo que tendrán que asumir y que, según advierten, supondrán un golpe a su cuenta de resultados.

Sin ir más lejos, este mismo mes de enero, Ferrovial advirtió a la Securities and Exchange Commission (SEC) en EEUU de que "tras las elecciones generales del 23 de julio de 2023, ninguno de los partidos obtuvo la mayoría de los escaños del Parlamento español y algunos de los partidos se vieron obligados a entablar largas discusiones para formar una coalición. Estos eventos podrían provocar un aumento de la incertidumbre política en España, lo que podría afectar a la economía española y, a su vez, tener un efecto material adverso en nuestro negocio, situación financiera, resultados de operaciones y perspectiva".

El aviso de la firma presidida por Rafael de Pino llegaba solo unos días antes del pleno para la convalidación de importantes medidas de corte económico. Unas jornadas agónicas de negociación in extremis que, en el último minuto, permitió la aprobación de solo dos de las tres normas sometidas al escrutinio del Congreso de los Diputados.

Dicha negociación tuvo como actor clave a Junts per Catalunya. La cuestión catalana fue, una vez más, determinante. Precisamente, Ferrovial también pone el foco sobre las tensiones independentistas y sus consecuencias. "La economía española puede verse afectada además por un aumento de la incertidumbre política en España (incluido cualquier resurgimiento de las tensiones políticas y sociales en Cataluña), que podría dar lugar a mercados de capital volátiles o afectar negativamente de otro modo a las condiciones de financiación en España o al medio ambiente en que operamos".

Las advertencias de Ferrovial se dieron justo antes de que el Gobierno aceptara, como le pedía el partido de Puigdemont, un plan de retorno para las empresas que trasladaron sus sedes después del 1-O, algo que ha generado también tensión y rechazo de las propias compañías afectadas. Los posconvergentes quieren incluso que se sancione a las empresas que mantengan su sede fuera del territorio catalán.

"La economía española puede verse afectada además por un aumento de la incertidumbre política en España", señala Ferrovial

Ferrovial se vio fuertemente señalada por el Gobierno de España después de anunciar en 2023 el traslado de su sede social a Holanda. La empresa alegó entonces la seguridad jurídica que ofrecían los Países Bajos. Hasta ocho ministros del Gobierno de Sánchez cargaron contra el movimiento de la cotizada del Ibex 35, incluido el propio Pedro Sánchez. Ahora, menos de un año después, esta empresa reconoce al regulador norteamericano que la mudanza de su sede puede tener efectos negativos para su marca España.

La cuestión catalana tampoco ha pasado desapercibida para Metrovacesa. Poco antes de la investidura, la inmobiliaria de Santander, BBVA y el magnate mexicano Carlos Slim advirtió de forma inusualmente explícita a los inversores en su deuda de las concesiones que Sánchez podría hacer a Puigdemont o EH Bildu, del que decía que "busca la independencia vasca". Una alerta que se ha confirmado menos de tres meses después. "Pretende formar Gobierno a costa de ceder a las exigencias de los partidos políticos separatistas en España", señalaba en documentación oficial.

La firma entraba al detalle, hasta el punto de explicar que "Carles Puigdemont [expresidente de la región catalana y de Junts per Catalunya, que impulsó un referéndum ilegal sobre la independencia de Cataluña y una supuesta declaración unilateral de independencia en octubre de 2017] ha solicitado, entre otras, una amnistía para cualquier presunto acto ilícito relacionado con los hechos ocurridos en octubre de 2017 y un referéndum sobre la independencia de Cataluña".

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Su temor a este respecto es su elevada exposición inmobiliaria en Cataluña, donde aglutina el 17% de su actividad. "La región catalana ha experimentado varios movimientos sociales y políticos que exigen la secesión de la región de España. Las actividades relacionadas con estos movimientos han tenido y pueden seguir teniendo un efecto material adverso sobre las condiciones económicas y la estabilidad política españolas", considera la empresa cotizada.

"Existe una importante incertidumbre sobre las demandas de independencia en la región de Cataluña, lo que podría afectar negativamente al mercado inmobiliario residencial y comercial y a la demanda de vivienda", destacaba Metrovacesa a finales de octubre.

En lo relativo a su actividad, pone el foco en la ley de vivienda implementada por el Gobierno de Sánchez antes de las elecciones autonómicas, que buscaba limitar el precio de los alquileres. Un aviso que se adelantaba a lo ocurrido la pasada semana: la Generalitat de Cataluña anunciaba que 140 municipios de la región empezarían a aplicar la ley de vivienda y limitar las rentas de alquiler. Cataluña es la primera comunidad autónoma en aplicar la regulación del Ejecutivo de PSOE y Sumar. Se consuma así el temor expresado por la inmobiliaria de los dos grandes bancos de este país.

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También se han confirmado los miedos en materia fiscal expresados desde Luxemburgo por Naturgy o Caixa a sus inversores. En documentación de la energética del pasado mes de diciembre, ya se advertía de que, respecto al gravamen temporal a las energéticas, "algunos miembros del Gobierno español han propuesto extender su aplicación más allá de este periodo inicial de dos años". Para cuando se produjo esta alerta, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz ya habían pactado extender el impuesto a las energéticas en su acuerdo para esta legislatura.

Pero Criteria Caixa, que tiene participaciones destacadas tanto en Naturgy como en CaixaBank, ya advirtió poco antes de las elecciones del 23 de julio de que el Gobierno podría extender el tributo a su energética y a su banco. El holding presidido por Isidro Fainé también temía que se pudiera hacer permanente el impuesto a las grandes fortunas, como finalmente ha ocurrido. A finales de 2022, MásMóvil (KKR, Cinven, Providence) ya advirtió del golpe por otro cambio fiscal del Gobierno.

La extensión más allá de los dos años previstos inicialmente para el impuesto a la banca, a las energéticas y a las grandes fortunas se ha alargado tras aprobarse el Real Decreto-ley 8/2023 y convalidarse en el Senado el pasado miércoles. Los factores de riesgo advertidos se vuelven a confirmar.

24 horas después de esta aprobación, el presidente del Gobierno vio cómo los organizadores del Spain Investors Day, uno de los eventos de inversión más importantes de España, le pedían un marco regulatorio asimilable al de otros países para competir por la captación de capital en igualdad de condiciones con jurisdicciones próximas como Alemania, Irlanda o Reino Unido. Poco antes de la comparecencia del presidente Sánchez, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, advertía del peligro para la inversión empresarial que provoca la incertidumbre que rodea la política económica del Gobierno.

Sánchez, en presencia de inversores y ejecutivos de grandes empresas como Endesa, Naturgy, IAG, Aena, Enagás, Indra, Correos o Redeia, trataba de incentivar la inversión tras señalar que el impuesto a las energéticas se ha matizado para las empresas que inviertan en la transición verde. Un día después, el Ministerio para la Transición Ecológica sacaba a consulta pública un aumento del 40% de la tasa que pagan las eléctricas por la gestión de los residuos nucleares. En la práctica, eleva de 450 a 630 millones al año la tasa que abonan Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP. Iberdrola ya advirtió a la CNMV tras sus resultados de mitad de 2023 de que el Gobierno estaba incrementando con fuerza las obligaciones tributarias y regulatorias.

En ese foro, desarrollado en el hotel Ritz de Madrid, Sánchez también anunciaba que el Gobierno de España pelearía para lograr una nueva ronda de fondos europeos a partir de 2026, cuando expira el programa Next Generation EU actual.

"Existe riesgo sobre la ejecución de fondos UE y las reformas necesarias, (...) dada la elevada fragmentación política", comenta Telefónica

Los fondos europeos y la inestabilidad política también han sido motivo de preocupación por parte de las grandes empresas. Desde 2022, Telefónica venía advirtiendo de que los problemas políticos podrían generar dificultades para la captación de estas subvenciones clave para el crecimiento económico de España. "Existe el riesgo sobre la ejecución de los fondos europeos (NGEU) y las reformas necesarias para poder seguir accediendo a los mismos, dadas la elevada fragmentación política existente y la falta de acuerdos en temas claves", recelaba la compañía liderada por José María Álvarez-Pallete, en documentación remitida a la CNMV desde 2021.

A principios de 2024, se ha materializado la preocupación de la primera operadora de telecomunicaciones de España, encargada de programas de digitalización y modernización claves para el país. El pasado miércoles, el Senado asistió a un hecho muy poco habitual: la no convalidación del decreto que reformaba el subsidio por desempleo. Dicha reforma se desplegó para cumplir con las exigencias de Bruselas. El Gobierno se comprometió a agilizar dicho subsidio a parados de larga duración, una medida que formaba parte de los hitos a cumplimentar, para obtener el desembolso de 10.000 millones de euros más por parte de Bruselas.

Sin embargo, los miedos de Telefónica se acabaron de confirmar. Podemos ejecutó su amenaza y tumbó ese decreto. El Gobierno tendrá que negociar de nuevo y pactar una nueva reforma del subsidio por desempleo si quiere llegar a tiempo para recibir la totalidad del importe. Solo un día después, Yolanda Díaz aprobó una nueva subida del SMI del 5% (54% desde 2019), sin acuerdo con la CEOE.

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El incremento del salario mínimo se produce después de que aumente el coste de las cotizaciones para las empresas tras reformarse el sistema de pensiones. Antes, en 2022, Díaz aprobó la reforma laboral, no sin incertidumbre política, ya que logró sacar adelante esta iniciativa legislativa por un error en la votación del diputado del PP Alberto Casero. Mucho antes, en 2019, Acciona ya había advertido del golpe que podría sufrir por las reformas en materia laboral.

En este contexto, salpicado por el derrumbe bursátil del 40% de otra gran empresa como Grifols (cuyas prácticas contables con uno de sus accionistas están bajo el foco del mercado), Pedro Sánchez quiere apaciguar los ánimos y ha convocado a las grandes empresas del Ibex en el foro de Davos para la próxima semana. Su objetivo es promocionar a nivel internacional España como destino inversor. La inversión extranjera cayó un 23,3% en los nueve primeros meses de 2023, según datos de la Secretaría de Estado de Comercio.