Contratos colaborativos: la fórmula australiana que reduce sobrecostes y litigios en la obra pública

Son numerosas las razones que provocan que la ejecución de una obra pública termine acarreando sobrecostes no recogidos inicialmente, lo que deriva en litigios y desconfianza entre las empresas adjudicatarias y la Administración. Esta situación sorprende a una ciudadanía que no termina de entender por qué se supera el presupuesto establecido en un principio, ni por qué muchas infraestructuras no se concluyen o ni siquiera comienzan a construirse. Una posible solución a esta problemática lleva poniéndose en práctica desde finales de los años 90 en Australia y otros países anglosajones como Reino Unido y Estados Unidos, a través de diferentes modelos, pero bajo el nombre genérico de contratos colaborativos. Básicamente consisten en que promotor, constructor y proyectista trabajen juntos desde el inicio del proyecto para reducir incertidumbres, riesgos, gastos extra y conflictos ente las partes.

Para conocer de primera mano cómo se puede trasladar a España este modelo, El Confidencial organizó de la mano de Acciona una mesa redonda titulada Contratos colaborativos en la construcción, una alternativa rentable. El panel de expertos encargados de analizar la cuestión estuvo constituido por Antonio Roig, director global de Desarrollo del Negocio de Construcción de Acciona; Julián Núñez, presidente de Seopan; José Osuna, vicedecano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid; Sofía Parra, socia responsable del departamento de Construcción de Pinsent Masons Madrid; y José Vicente Belenguer, socio del área de Derecho Público de Broseta.

El encuentro arrancó con la participación de Antonio Roig, quien explicó que “con este planteamiento la relación es de igual a igual entre cliente y proveedor, lo que facilita que se trabaje con open books o libros abiertos para compartir información, riesgos, beneficios y que exista un compromiso para no litigar”. Al mismo tiempo, el representante de la constructora española resaltó que “el hecho de que la gestión del proyecto sea conjunta entre las partes pública y privada obliga a que las decisiones sean unánimes”.

Continuando con el análisis, desde Seopan consideraron que los contratos colaborativos tienen varias ventajas: “El coste de la obra está condicionado por el diseño del proyecto, esto redunda en mayor eficiencia y se maximiza el valor del proyecto sin mermar su calidad. Asimismo, permite la evaluación de ofertas de mejora, facilita el complimiento de plazos, los ahorros y sobre costes son compartidos, castiga la ineficiencia, todo el proceso tiene mayor transparencia y es más fácil incorporar la metodología BIM (Building Information Modeling) para trabajar cooperando”, detalló Julián Núñez. El presidente de la patronal de las grandes constructoras también incidió en que “reducir la litigiosidad es otro de sus grandes beneficios, ya que la resolución de disputas no es ágil en España y es uno de los grandes lastres en la ejecución de obra pública”.

"La resolución de disputas no es ágil en España y es uno de los grandes lastres en la ejecución de obra pública", Julián Núñez (Seopan)

Bajo la perspectiva del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid se valora positivamente el modelo, tal y como destacó su vicedecano: “Los contratos colaborativos ponen a cada agente en su posición correcta, pero es fundamental que para su implantación en España se den los pasos adecuados y con firmeza para que el modelo no fracase antes de generalizarse y demostrar su potencial”, advirtió José Osuna. Y añadió que “dado que esta forma de trabajar afecta transversalmente a todos los profesionales involucrados en la construcción, será una iniciativa bienvenida desde el sector que redundará en más y mejor empleo”.

Por su parte, Sofía Parra aclaró que los contratos colaborativos pueden aterrizar en España porque “existe un amplio abanico de posibilidades para que cada país lo adapte a su sistema. Es decir, hay modelos basados en una colaboración baja que solo exigen informar con transparencia e incluyen cláusulas para evitar disputas; otros que demandan más cooperación y que fueron los elegidos para ejecutar la mayoría de las obras de los Juegos Olímpicos de Londres de 2012; y, finalmente, existe el que mayor grado de colaboración exige que es el modelo de alianza originado en Australia y ampliamente utilizado en Estados Unidos”.

Respecto a este último, la socia de Pinsent Masons precisó que “a grandes rasgos se crea una especie de UTE (Unión Temporal de Empresas) entre la administración y el promotor privado para constituir equipos mixtos de arquitectos, ingenieros, constructores y proveedores, así como un comité que toma las decisiones por unanimidad y resuelve los problemas en el acto para evitar que se vayan acumulando. Aquellos conflictos que van más allá se abordan de forma escalonada con negociación, mediación y, en última instancia, a través de un especialista o un panel de expertos que aporta una recomendación o directamente una resolución vinculante por contrato”.

Sobre este cambio de paradigma, José Vicente Belenguer se preguntó “hasta qué punto con la legislación actual ya podría permitir algún grado de contrato colaborativo”. Y especificó que “la normativa ya habla de precios ciertos referenciados a unos criterios concretos, en lugar de precios fijos. Al mismo tiempo, tampoco tiene validez el dogma de la inflexibilidad, ya que se contemplan las figuras del contrato negociado y el diálogo competitivo, dos mecanismos que sirven para exponer las necesidades de la Administración y que abren el proceso a la recepción de sugerencias”. Pero para ponerlo en práctica con el marco actual, el socio de Broseta remarcó que “haría falta voluntarismo en la interpretación de la norma o que el propio texto aclarase los aspectos más controvertidos para dar tranquilidad a los funcionarios encargados de aplicarlo”.

Los tipos de proyecto que tendrían más visos de utilizar los contratos colaborativos serían “aquellos grandes y complejos con varias partes interesadas como los urbanos, los que suponen un desafío técnico multidisciplinar, los que presentan mucha incertidumbre, los que tienen plazos cortos o aquellos de rehabilitación en los que la infraestructura debe continuar funcionando, como una gran estación de tren”, destacó Antonio Roig. Como valor añadido, el representante de Acciona apuntó otra ventaja: “Se derriban los silos entre los compartimentos estancos de las diferentes áreas involucradas en los proyectos, ya que están obligados a compartir información. Esto es muy positivo para los profesionales porque evita fricciones, les sirve para ampliar conocimientos y su satisfacción está garantizada”, opinó.

¿Dónde falla el modelo actual?

Julián Núñez quiso hacer hincapié en que el modelo vigente deriva en retrasos en muchas ocasiones difiriendo el impacto socio económico esperado de los proyectos. En este sentido concretó que “los objetivos se establecen actualmente partiendo del beneficio socio-económico que tendrá la infraestructura que se va a acometer, normalmente tomando como referencia un plazo de tres décadas. Pero si se incumplen los plazos, la compañía pierde dinero”. Y puso un ejemplo práctico: “Una infraestructura de 100 millones de euros de coste económico, al cabo de 30 años con una ratio de beneficio sobre coste razonable de 3, en la línea demandada por la UE, generará 300 millones de euros de beneficio social durante su vida útil. Cada año de retraso en la explotación de la infraestructura, implicaría perder o demorar anualmente 10 millones de euros del beneficio socioeconómico esperado”, subrayó.

Los problemas que genera el modelo de contratación pública actual centraron parte de las intervenciones de la parte final del debate. Así, José Vicente Belenguer se lamentó de que “en estos momentos en España el Presupuesto de Ejecución Material (PEM) se cuadra con martillo, se ajusta a las cifras que maneja la Administración y que no siempre concuerdan con la realidad. Las licitaciones siempre son a la baja, surgen problemas con los proveedores y no se atienden las necesidades imprevistas”. Desde su punto de vista, “esto ocurre, en gran medida, porque el modelo de licitación pública es demasiado formalista, se centra en cubrir expediente, pero no en cómo se llevará a la práctica. El resultado es que los contratistas acuden constantemente a los despachos a pedir ayuda porque pierden dinero”, remarcó.

Se mostró coincidente Sofía Parra, quien confirmó que “en España la burocracia a veces bloquea demasiado. Sin embargo, tenemos constructoras actuando en otros países que pueden traer esa experiencia aquí”. En una línea similar, José Osuna expuso que “los profesionales de la ingeniería y la construcción estamos preparados. Quizá sea la Administración la que deba trabajar más para que el modelo tenga recorrido. Para ello, se deben cambiar la mentalidad y la cultura”, solicitó para finalizar.