El concurso del móvil de Pedro Sánchez, entre saudíes, emiratíes y la SEPI

El próximo Gobierno que surja de los pactos de investidura de PSOE y Sumar con los partidos independentistas catalanes y nacionalistas vascos sacará a concurso los servicios de telefonía fija y móvil del futuro presidente y de los ministros que le acompañen en la legislatura. Un contrato de casi 200 millones de euros que saldrá al mercado en un momento vital, por el desembarco de Arabia Saudí y de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en Telefónica, la venta de Vodafone España y el hackeo sufrido por el celular del presidente Pedro Sánchez.

Este terremoto corporativo en el sector de las telecomunicaciones en España y el agujero de seguridad que se detectó en el móvil del actual presidente en funciones subrayan la relevancia de este contrato, que abarca a más de 85 organismos del Estado y que el Gobierno saca a subasta cada cinco años. El actual contrato lo ganó Telefónica, que se hizo con el servicio de telefonía fija e internet por 123 millones. Pero el de los móviles lo ganó Vodafone, por 10,2 millones, al ofrecer toda la cobertura en 5G, mientras que las comunicaciones internacionales fueron adjudicadas a British Telecom, por 40 millones.

Desde aquella subasta, la propiedad de las telecos ha cambiado mucho y la presión de Estados Unidos por garantizar la seguridad internacional se ha multiplicado. Hoy, el principal accionista de Vodafone es Etisalat, la empresa estatal de Emiratos Árabes Unidos (UAE), que controla ya el 14% del capital y ha pedido permiso para llegar hasta el 20%.

Emiratos Árabes Unidos, que se define como un socio amistoso, como se define también STC en Telefónica, está sentado en el consejo de administración de Vodafone, que asimismo ha llegado a un acuerdo para la venta de su negocio en España a Zegona, un fondo de capital riesgo británico, cuyos inversores finales suelen encubrir su identidad en países de baja fiscalidad.

Pedro Sánchez aún no ha dicho ni media palabra en público respecto de la aparición de Arabia Saudí en el capital de Telefónica

Telefónica tiene también un nuevo accionista destacado después de que el pasado 4 de septiembre Saudi Company Telecom (STC) anunciase la compra de hasta el 10% de la operadora presidida por José María Álvarez-Pallete. El brazo financiero de la monarquía de Oriente Medio ya tiene un 4,9% y deberá supeditar la adquisición del otro 5% a la aprobación por parte del Gobierno. Tras esta irrupción, de la que la Moncloa y el consejo de Telefónica han aseverado no tener conocimiento previo, el Gobierno en funciones ha reiterado la importancia de proteger la españolidad de la empresa.

Pedro Sánchez, que en su momento se movilizó personalmente para salvar Celsa de los fondos oportunistas, aún no ha dicho ni media palabra en público respecto de la aparición de Arabia Saudí en el capital de Telefónica, sobre la que no estaba informado. Ha sido Nadia Calviño, la ministra de Economía y Transformación Digital, quien ha dejado entrever su malestar por esta operación y su preocupación.

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De hecho, afirmó que "Telefónica es una de las compañías más estratégicas, si no la más estratégica de nuestro país, no solo por su importante papel en el ámbito de las telecomunicaciones, sino también en la defensa". Una semana más tarde, la SEPI reconoció en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que estudiaba la entrada en el capital de Telefónica, información adelantada en exclusiva el 30 de octubre por este diario.

De producirse finalmente, como tiene previsto hacer Pedro Sánchez si es reelegido presidente, sería la vuelta del Estado al capital de la mayor operadora de telecomunicaciones española, casi 27 años después de su privatización total. Un movimiento de gran calado que pone de relieve la relevancia del papel de Telefónica en las comunicaciones del Estado y en las infraestructuras del país.

Una importancia de la que son plenamente conscientes en Distrito C, la gigantesca sede de la operadora en el barrio de las Tablas, en el norte de Madrid, donde aún cuesta entender que si Telefónica es tan importante y tan relevante para la seguridad nacional, cómo es posible que los teléfonos móviles del presidente del Gobierno, de todos los ministros y sus respectivos ministerios y hasta del jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad) estén en manos de Vodafone.

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En mayo de 2022, el Gobierno denunció que un año antes, entre mayo y junio de 2021, el móvil de Pedro Sánchez y el de Margarita Robles, ministra de Defensa, habían sido hackeados, lo que generó una gran alarma en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) por no saber hasta dónde habían llegado los piratas informáticos, qué se habían llevado de las comunicaciones privadas e institucionales.

Un problema nacional con repercusión internacional, porque Vodafone usa los equipos de Huawei, la compañía china vetada por Estados Unidos, así como en las grandes reuniones mundiales sobre seguridad, como las que organiza la OTAN.

Y de fondo, la operación saudí en Telefónica. El calendario base con el que trabajan todos los actores es que los saudíes pidan su autorización formal para activar el 5% adicional en Telefónica a finales de este año, lo que obligará al futuro Gobierno de España a pronunciarse sobre ella en paralelo a la celebración de la próxima junta general de accionistas. Esa decisión del Gobierno, que no podrá entenderse sin lo que finalmente haga la SEPI en Telefónica, será clave para determinar quién controla una compañía que prepara grandes fastos para celebrar en 2024 sus 100 años de historia.