La Generalitat reconoce ofertas temerarias en la concesión de sus túneles

La Generalitat reconoce ofertas temerarias en el concurso para la concesión de sus túneles, que, según la Conselleria de Territori, ahora bajo el mando de Ester Capella (ERC), se otorgará "en semanas". Estas bajas de precio temerarias afectan a infraestructuras clave como el túnel de Bracons, entre Vic y Olot, y no son los primeros múltiples problemas que han jalonado este concurso público La situación es tal que el concurso, por valor de 75,9 millones, lleva más de tres años sin adjudicarse y diversas constructoras que se presentaron ahora están a la greña con la Generalitat en un conflicto que parece eternizarse, tanto que han pasado tres consellers sin solventar el tema: la ya mencionada Capella, su predecesor, Juli Fernández (ambos de ERC), y Jordi Puigneró (JxCAT), bajo el cual se convocó el concurso.

Preguntada por las ofertas en baja temeraria, la Conselleria de Territori ha contestado que "en el caso que nos ocupa, se ha analizado la justificación de las ofertas anormalmente bajas presentada por los licitadores y se ha determinado que no podían afectar a la prestación del servicio objeto de la licitación ni a la seguridad de la infraestructura ni los usuarios".

La Conselleria de Territori asegura que todo el proceso se ha hecho cumpliendo con la más estricta legalidad

El escándalo afecta a diversas empresas del sector constructor tanto catalanas como del resto de España, entre las que se encuentran Elecnor, Romero Polo, Comsa o Sorigué, entre otras. De la documentación del expediente se desprende que la Generalitat, en lugar de actuar contra esta situación, se ha comportado con una sorprendente manga ancha, y no solo con las ofertas "anormalmente bajas". La Conselleria de Territori asegura que todo el proceso se ha hecho cumpliendo con la más estricta legalidad.

Hay nueve grupos de empresas que intentan hacerse con este contrato de concesión. Las ofertas en baja temeraria que son relevantes son la UTE Acisa-Elecnor-Romero Polo, la de la Comsa-Sorigué-Elsamex y la de Vías-Sice-Arnó, ya que estas compañías pasaron el corte técnico, también con una valoración muy parecida. Son, por tanto, las que tienen posibilidades de ganar, en especial la de Acisa-Elecnor-Romero Polo.

Las tres empresas también presentaron ofertas similares en el precio, sobre los 64,5 millones de euros, lo que supone una oferta de baja temeraria, que para este concurso y por la media del nivel de las ofertas presentadas había sido establecido en un descuento del 12%. En el caso de las tres UTE, la rebaja se situaba alrededor del 15%, muy por debajo de la que había presentado Tunels Gencat —que pese a su nombre es otra UTE, en este caso participada por la constructora Kapsch Trafficcom y Consivia— con 72,5 millones. Hay que tener en cuenta, además, que en este caso la baja temeraria se ve agravada por la inflación registrada en Cataluña los años 2022 y 2023, más de un 8% acumulado en ese periodo.

Abertis no pasó el corte

El pliego establecía que tanto en casos de baja temeraria como en casos de sospechas de colusión —como apuntaban plagios detectados entre las ofertas—, la Generalitat tenía que haber excluido las empresas afectadas del concurso. Pero, en cambio, la excluida fue la UTE de Abertis, que fue la que acabó recurriendo la valoración técnica ante la Agencia Catalana de la Competencia (ACCO), una pretensión que fue rechazada.

La Generalitat, en lugar de apartar a las empresas implicadas en irregularidades cesó al subdirector general de Explotación Viaria, Albert Gómez, el alto cargo que firma el expediente. La consellera Ester Capella heredó la situación, ya que el cese de Albert Gómez fue una decisión de Juli Fernández, el escaso tiempo que estuvo en el cargo. El punto de inflexión en el concurso fue el nombramiento por parte de Juli Fernández de Joan Jaume como secretario general del departamento. Según la Generalitat, "los cambios en el organigrama interno de la dirección general no los decide el conseller, forman parte de reestructuraciones internas".

Gómez formaba parte de la Mesa de Adjudicación, lo decidió ella. Las razones del cese tampoco han sido explicadas. Gómez fue cesado el 9 de marzo, pero no fue sustituido hasta el pasado 30 de agosto, por Anna Bullich, según consta en el DOGC, ya bajo el mando de Capella. Seis meses de vacío provocado porque nadie quería el puesto debido a las tensiones alrededor del concurso para el mantenimiento de los túneles, según fuentes internas de la Generalitat.

Más irregularidades

Esto podría ser solo una incidencia, normal en un proceso concesional, pero hubo más. De hecho, la ACCO también recibió una consulta para establecer si había habido colusión entre tres de las participantes en el concurso público. La ACCO acabó decidiendo que los indicios no permitían establecer si diversas UTE estaban actuando como un cártel para hacerse con el mantenimiento de los túneles.

Competencia de la Generalitat asegura que no hubo colusión entre los ofertantes

El informe técnico de la Mesa de Contratación cuenta con un anexo 1 en el que se recogen estas incidencias. Se ha solicitado a la conselleria el anexo, pero la conselleria se ha negado a entregarlo al considerarlo confidencial. Sin embargo, El Confidencial ha podido acceder al texto (páginas de la 100 a la 151) en el que se afirma que "las ofertas presentan una gran cantidad de coincidencias en todos y cada uno de los apartados". En el anexo incluso hay textos con las mismas faltas de ortografía. En todo caso, 50 páginas de coincidencias son muchas coincidencias.

Contrato de emergencia

Ante el lío administrativo y la bronca entre las constructoras, la conselleria ha optado por una vía atípica para mantener la concesión. En lugar de una prórroga, que hubiese sido la vía jurídica natural, se ha optado por un contrato de emergencia, como los que se hacían en la época del covid, para el que se realizó una especie de subastilla sin precedentes en la que la conselleria dio entrada a las constructoras salpicadas por el escándalo, además de la UTE Kapsch-Consivia, que actualmente es la titular del servicio y que al final resultó la ganadora. El contrato de emergencia se falló el pasado mes de julio, pero la resolución del contrato principal sigue en liza tres años después de que saliese a subasta el concurso. La Generalitat alega que tras tres prórrogas esta era la única vía legal posible.