Las consellerias de Territori y Economía precisan de un pacto previo

El plan de la Generalitat para rebajar peajes en la sombra: ofrecer obra nueva

En este momento los peajes de la Generalitat, que cuestan 1.070 millones, están siendo auditados para establecer un informe que refleje una foto definitiva del sector

Foto: Josep Rull es el muñidor del plan que contempla la Generalitat para los peajes. (EFE)
Josep Rull es el muñidor del plan que contempla la Generalitat para los peajes. (EFE)

La Generalitat ofrecerá a las constructoras obra nueva a cambio de que rebajen los peajes en la sombra en vigor en la actualidad, y los cuales en este momento están siendo auditados para establecer un informe que refleje una foto definitiva del sector concesional. Así lo han confirmado fuentes del sector de la construcción en Cataluña, que han explicado que responsables de la Generalitat ya lo han deslizado en algún encuentro con empresarios del ramo.

Cataluña pretende rebajar la factura de los peajes en la sombra, que suma 1.070 millones de costes anuales. Para ello está haciendo la auditoría, que estará acabada en breve, según explican fuentes del sector. Sin embargo, desde la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, el equivalente a Obras Públicas, han declinado hacer declaraciones al respecto. La voluntad del departamento que encabeza Josep Rull es revisar a la baja los compromisos financieros que arrastra la administración catalana en lo que se denomina “método alemán”: infraestructuras que se encargaron en su día al sector privado a cambio de un pago aplazado y que incluyen desde carreteras hasta el tranvía de Barcelona.

La Generalitat catalana pretende rebajar la factura de los peajes en la sombra con una oferta de obra nueva

Fuentes del sector constructor se muestran abiertos a que haya nuevos concursos pero los bancos que participan en proyectos de peajes en la sombra son más reticentes y se prevé que exigirán el cumplimiento estricto de los contratos. En este sentido, la historia ya ha dado pruebas de que los enfoques más financieros siempre perjudican a las administraciones, como se ha demostrado con el fondo australiano Macquarie que ha denunciado a la Comunidad de Castilla y León.

Desde la Generalitat se espera que los bancos acepten una rebaja de los altos beneficios operativos que están obteniendo las empresas con peajes en la sombra a cambio de alargar plazos, lo que rebajaría la presión financiera sobre la administración en el momento actual. Además buena parte de los altos beneficios que están obteniendo bancos y constructoras en los peajes en la sombra se debe a la caída de los tipos de interés, los cuales benefician a las concesionarias pero no así a las administraciones que han otorgado las contratos.

Divergencia de opiniones

Además, hay una importante divergencia de criterio dentro de la Generalitat. Y más después de que la CUP tumbase los presupuestos del 'conseller' de Economía, Oriol Junqueras (ERC). La Generalitat no tiene fondos. Pero Josep Rull (CDC) quiere impulsar algún tipo de obra pública. Y como no tiene fondos el mecanismo debería ser… más peaje en la sombra. Algo a lo que Junqueras se ha opuesto en público.

Sin embargo, existen divergencias de criterio dentro del Gobierno catalán sobre cómo actuar al respecto

Rull quiere nuevos concursos de peajes en la sombra que le permitan reactivar un tanto la demanda interna, si bien sin presupuesto el proceso para sacar adelante este plan sería tortuoso y obligaría a ampliar partidas en la cámara catalana donde Junts pel Sí, hoy por hoy, no cuenta con mayoría absoluta. Se trata de una estrategia de palo y zanahoria. El palo: rebajar la elevada factura actual de los peajes en la sombra. La zanahoria: nuevos concursos para unas constructoras que en Cataluña están anémicas tras años de licitación bajo mínimos. Para resumir se podría decir que Rull y Junqueras están de acuerdo en el palo y que discrepan sobre la zanahoria.

Ecos del tripartito

La situación es similar a la que se vivía en la época del tripartito. Dos 'consellerias' de diferente color político con dos puntos de vista opuestos ante un mismo problema. Por tanto, antes de pactar con el sector, con unos contactos que presumiblemente se abrirán en septiembre, y abrir nuevos concursos públicos ambos departamentos deben iniciar conversaciones y llegar a un acuerdo.

El conflicto ha pasado desapercibido en una Cataluña ensimismada en el debate electoral, con una crisis parlamentaria sin precedentes y en la que los temas de gestión no llegan nunca más allá de un segundo plano.

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