Las razones por las que Carlos Torres (BBVA) se sienta en el banquillo como testigo

Bola de set para BBVA y su presidente, Carlos Torres, en la Audiencia Nacional. El banquero salmantino desfilará este lunes por los juzgados madrileños por su papel en el caso Villarejo. Se prevé una declaración larga y llena de trampas que podría tener repercusiones para él y el banco. Por ello lleva días preparándose junto al equipo legal del banco y sus asesores, Garrigues y Uría Menéndez.

Sus palabras como testigo serán determinantes para el futuro de la entidad en esta causa, en la que lleva imputada desde hace cuatro años y se expone a una condena histórica, tras pagar más de 10 millones a Villarejo entre 2004 y 2017. Torres ha sido citado para aclarar aspectos clave de lo que hizo y dejó de hacer la entidad cuando se hizo público el escándalo de la contratación del comisario Villarejo, entre 2017 y 2018. El presidente ha sido el máximo responsable de la investigación interna del caso y la colaboración con la Audiencia, aspectos muy cuestionados por la Fiscalía Anticorrupción.

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Si el banco quiere evitar una posible condena, tiene que acreditar que siempre ha colaborado con la justicia; que tuvo los mecanismos de prevención del delito necesario; y que cuando detectó que fallaron, se activaron todos los protocolos para depurar responsabilidades. Como consejero delegado y presidente del comité de Corporate Assurance desde 2015, y como presidente desde 2019, ha sido el principal responsable de estas tareas, en las que los fiscales ven lagunas.

Este es uno de los frentes a los que tendrá que estar atento Torres este lunes. Pero junto a ello afronta la amenaza de las preguntas o pruebas que podrían surgir ligándole personalmente a la contratación de Villarejo, algo que impactaría en su reputación. Hasta ahora, su nombre ha salido tangencialmente en el caso. Por ejemplo, por un informe que podría haber recibido de Cenyt en 2016 con un análisis de seguridad sobre Turquía. Además, otros investigados y acusaciones han criticado que el presidente fuera excluido del forensic encargado por la defensa del banco a PwC. Estos hechos, y otros, sobrevolarán su declaración, aunque no son el eje de la misma.

La Audiencia dejó claro en su auto del pasado 2 de octubre que la citación de Torres llega por "la necesidad de conocer lo sucedido internamente en el BBVA en la fase posterior a junio de 2018" y para saber "si funcionaron los mecanismos de control corporativo, a efectos de determinar la existencia de una efectiva cultura de cumplimiento normativo, en aras a esclarecer su responsabilidad penal". BBVA podría haber evitado este episodio si hubiera declarado su jefa de Legal, María Jesús Arribas, el pasado mes de julio. Pero decidió no hacerlo al considerar que hubiera vulnerado su deber de mantener el secreto profesional.

Desde que Torres llegó al puesto de CEO, en mayo de 2015, hubo una serie de alertas que podrían haber llevado al banco a detectar las presuntas irregularidades de su relación con Cenyt. Las primeras fueron unos artículos que publicó el exdirector de Comunicación del banco, Javier Ayuso, en El País a partir de 2015, alertando de que Villarejo compaginaba su labor como policía con otras actividades, por las que habría ingresado decenas de millones. Estos artículos no sirvieron para que saltara ninguna alerta en la entidad, a pesar de que Cenyt, la empresa de Villarejo, llevaba desde 2004 recibiendo encargos de distintas áreas de BBVA.

Contrato de 2016

Un año después, no solo se cortaron los lazos con la empresa del comisario, sino que se firmó un nuevo contrato con Cenyt, uno de los más generosos: 50.000 euros mensuales. Según documentación del caso, se hizo sin concurso con otros proveedores: "Solicitamos que no se lance concurso alguno y se adjudique directamente a Grupo Cenyt, ya que tenemos experiencia y satisfacción con su trabajo, tienen acceso a recursos difícilmente accesibles para el resto de empresas, por lo que el servicio prestado es muy superior", explicaba Nazario Campo, directivo de BBVA, en un correo de mayo de 2016 enviado a otros dos compañeros. Villarejo se convertía así en un proveedor permanente y estratégico de la entidad.

Esta situación no cambió ni siquiera en verano de 2017, cuando el banco recibió requerimientos de información relacionados con Cenyt de la Fiscalía Anticorrupción y del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac). Villarejo entró en prisión en noviembre de 2017, y poco después el banco cortó su relación con su empresa. Aun así, tampoco entonces se abrió una investigación interna.

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En su lugar, el banco intensificó su relación con otro proveedor similar a Cenyt, la empresa Anbycol, del exsocio de Villarejo, Antonio Bonilla. Esta es otra línea de investigación del caso, que según los fiscales prueba que el banco obtuvo directamente información policial clasificada a demanda.

Otro de los hechos que se produjo antes de que empezara la investigación interna fue el despido disciplinario del director de Seguridad, Julio Corrochano, conexión entre Villarejo y el banco. Se hizo con una indemnización de casi 1 millón de euros sellada en abril de 2018.

Posteriormente, un artículo del diario Público en mayo de 2018, que ligaba directamente a Cenyt con BBVA, fue el que hizo abrir una investigación. Esta también ha sido criticada por los fiscales y algunos imputados y acusaciones, que creen que ha buscado cabezas de turco y ha evitado profundizar en algunas presuntas irregularidades. Torres tiene el reto de convencer al juez y a los fiscales de que el banco actuó de forma diligente y que siempre ha colaborado con la Audiencia. Uno de sus mayores retos al frente de BBVA.