¿Huevos más caros? Guerra entre ecologistas y ganaderos por cuándo eliminar las jaulas

Ganaderos y ecologistas están de acuerdo en terminar con las jaulas en las granjas, pero difieren en los plazos. Las conversaciones en el seno de la Comisión Europea apuntan que la fecha límite para cumplir con la iniciativa End the Cage Age (fin a la era de las jaulas) se fijará en 2027, un periodo de tiempo que para los ambientalistas es suficiente y que para los granjeros se queda escaso. Ambas partes tendrán que ponerse pronto de acuerdo, ya que el organismo comunitario tiene previsto hacer una propuesta legislativa antes de que concluya 2023.

Desde la Organización Interprofesional del Huevo y sus Productos (Inprovo) advierten de que llevar a cabo el proceso de una forma acelerada conllevaría un aumento del precio de los huevos, que actualmente ya son un 13,2% más caros que hace un año, según los últimos datos de IPC correspondientes a mayo. Su presidenta, Ester Muñoz, explica que algunos pequeños productores "no pueden acometer una nueva inversión y se verán obligados a cerrar porque no ven la posibilidad de continuar con el negocio". Sus cálculos apuntan a que el número de gallinas ponedoras se reducirá hasta un 13%, haciendo disminuir la oferta y elevando los precios.

La solución que defiende Muñoz es "adaptar esta transición hacia los sistemas alternativos a las necesidades del mercado". Es decir, que los plazos para terminar con las jaulas sean más laxos en función de las capacidades de inversión que tenga cada explotación, ya que los grandes productores disponen de más fortaleza financiera que los pequeños y, por lo tanto, pide que no se les exijan las mismas condiciones. De la misma manera que cada país europeo tiene sus propias particularidades. "En España, tenemos una idiosincrasia propia que va desde el clima hasta las propias granjas o cómo se organizan y cómo se estructuran", expone.

Para determinar los plazos adecuados a cada región y tipo de ganadero, desde Inprovo quieren impulsar "un estudio de impacto adecuado, que se debe realizar de una manera holística para abarcar diferentes ámbitos, como el impacto social y la economía rural", tal y como defiende Muñoz. Aunque todavía tienen pendiente desarrollar esta iniciativa, ya tienen seguro que "para 2027 no queda nada y es muy precipitado".

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Bruselas sí que está preparando un estudio en este sentido, no solo para estipular el impacto que supondrá para las granjas de gallinas, también para el resto de explotaciones que deberán adaptarse a la legislación, como las porcinas. Así lo confirmó hace menos de un mes la comisaria europea de Salud y Seguridad Alimentaria, Stella Kyriakides, en respuesta al eurodiputado polaco Krzysztof Jurgiel: "La Comisión, apoyada por contratistas externos y científicos especialistas, está preparando una evaluación del impacto de los previstos cambios de política, lo que incluye evaluaciones de los impactos medioambientales, económicos y sociales en los sectores productores".

En España, todas las partes tendrán la oportunidad de acercar posturas el próximo jueves 22 de junio, fecha en que se celebra en el Senado el Foro por el Fin de las Jaulas. La jornada está organizada por la APDDA (Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos de los Animales), en colaboración con la coalición de ONG End The Cage Age, Igualdad Animal y Equalia. También participarán asociaciones ganaderas y representantes del Ministerio de Agricultura.

El director general de la ONG anunció a comienzos de marzo una campaña dirigida a prohibir este tipo de instalaciones ganaderas

En Equalia, ratifican su postura de poner fin a las jaulas en un periodo máximo de tres años y medio, en línea con la posición que mantienen las instituciones europeas. De hecho, el director general de la ONG, Guillermo Moreno, anunció a comienzos de marzo una campaña dirigida, precisamente, a prohibir este tipo de instalaciones ganaderas para 2027. Pero no son ajenos a las dificultades que supone para los ganaderos y, en su página web, subrayan "la necesidad de ofrecer incentivos adecuados y programas financieros para apoyar a los agricultores en la transición".

Sin amortizar la inversión de 2012

La capacidad de gasto del sector avícola español está mermada porque todavía no han amortizado la inversión que realizaron para el año 2012, cuando entró en vigor la directiva europea sobre bienestar animal que obligaba a instalar jaulas más grandes y acondicionadas, con una zona de arena para que las gallinas escarben, un columpio y un dispositivo de recorte de uñas, entre otras exigencias. "Me atrevería a decir que la mayoría de estas instalaciones todavía no están amortizadas y ahora se abre un escenario de incertidumbre cuando la Unión Europea ha anunciado otro cambio legislativo que afectará a todo el sector", indica Muñoz.

"Las inversiones en nuestros sectores son a muy largo plazo, son instalaciones muy costosas y los periodos de amortización tienen que ser muy largos porque si no se tendría que incrementar muchísimo el coste", apuntala el director de Inprovo, Enrique Díaz. "Estamos hablando de periodos de mínimo 15 años para amortizar una instalación", lo que para Díaz deja claro que "los plazos desde el punto de vista económico son importantes".

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Más allá de los plazos y el choque con los ecologistas, la patronal del huevo teme que para paliar la caída de la producción en Europa llegue competencia desleal desde fuera de las fronteras comunitarias. O lo que es lo mismo, que se comience a importar desde países que no están obligados a cumplir con las leyes impuestas por la Comisión. Desde Bruselas, despejan estos miedos alegando que todos los productos animales importados a la Unión Europea tendrán que cumplir con la normativa comunitaria pertinente, una medida que deberá plasmarse en el texto definitivo.

"Este punto de la reciprocidad es fundamental para el mercado del huevo en España", presiona Muñoz, sobre todo porque nuestro país es el tercer mayor productor de huevos a nivel europeo. Por eso, insiste en que "sería incoherente tener un sistema que pretende ser referencia mundial en temas de bienestar animal y sostenibilidad, para finalmente acabar importando productos de terceros países que no cumplen estas mismas exigencias europeas".