Leopoldo del Pino, cuarto accionista de Ferrovial, votará en contra de llevar la sede a Holanda

El próximo 13 de abril, cuando Ferrovial pida a sus inversores el voto a favor de trasladar la sede de la compañía a Holanda, Leopoldo del Pino, cuarto accionista del grupo de infraestructuras y hermano del actual presidente, Rafael del Pino, se posicionará en contra de esta mudanza, según ha podido confirmar El Confidencial con fuentes de absoluta solvencia. Desde Siemprelara, patrimonial del empresario, han declinado realizar ningún comentario.

Aunque Leopoldo del Pino respalda el objetivo de que Ferrovial cotice en Estados Unidos, también defiende intentar compatibilizarlo con el mantenimiento de la sede en España. Su posición, siempre según las mismas fuentes, pasa por retrasar el salto a Wall Street, previsto para finales de este año, para dar tiempo a que España actualice tanto el marco normativo como el operativo, de manera que se pueda cotizar al otro lado del Atlántico sin tener que llevarse la sede fuera de nuestras fronteras.

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Únicamente en caso de que las autoridades españolas implicadas, desde la CNMV a BME, pasando por el Gobierno, no ejecuten en un plazo prudencial los cambios necesarios para poder cotizar en Estados Unidos, se justificaría, en su opinión, pedir a los accionistas de Ferrovial que voten a favor de llevarse la sede fuera de España. En ese caso, nada podría echarse en cara a la empresa, uno de los grupos que más lejos han llevado la marca España.

Leopoldo del Pino tiene en España tanto su residencia fiscal como su sociedad patrimonial, Siemprelara, a través de la cual controla el 4,25% de Ferrovial. Esta posición solo es superada por su hermana María, que controla un 8,20% a través de la sociedad también española Menosmares, y su hermano Rafael, que posee el 20,45% a través de la entidad holandesa Rijn Capital. Además, el fondo TCI gestiona de manera directa e indirecta un 6,5%.

Aunque Siemprelara vote en contra del cambio de sede, no está tomada una decisión respecto a la venta de sus acciones, de manera que Ferrovial podría sacar adelante la mudanza, aunque un accionista tan relevante se oponga.

Para que la operación sea aprobada por la junta, solo necesita conseguir el respaldo de la mayoría absoluta del quorum presentado, y las asambleas generales del grupo de infraestructuras suelen contar con respaldos del 70%. Además, teniendo en cuenta la relevancia de la votación de este año, lo previsible es que la cifra final sea muy superior.

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Tras la celebración de la junta, los accionistas que hayan votado en contra podrán ejercer su derecho de separación y vender sus títulos al precio fijado de 26,0075 euros por acción. Pero se trata de un derecho, no de una obligación, que en el caso de Siemprelara exigiría al grupo de infraestructuras el desembolso de más de 800 millones de euros si vendiera la totalidad.

En principio, Ferrovial ha limitado a un máximo de 500 millones de euros la compensación económica que está dispuesta a abordar, ya que en ningún caso está dispuesta a poner en juego su calificación crediticia. Este potencial desembolso equivale al 2,5% del capital y es una condición suspensiva para la operación, cuyo incumplimiento llevaría, en principio, a desistir de la misma.

Aunque Siemprelara vote en contra, no tiene obligación de vender sus acciones, que exigirían a Ferrovial el desembolso de más de 800M

Sin embargo, el proyecto de fusión también recoge que el consejo de Ferrovial está facultado para renunciar a las condiciones suspensivas y, por lo tanto, podría abrir la puerta a afrontar un desembolso superior a los citados 500 millones si lo considerara conveniente.

En cualquier caso, las fuentes consultadas insisten en que Siemprelara no tiene todavía tomada una decisión y que su principal objetivo con el rechazo en la votación es defender la españolidad de la compañía y dar una última oportunidad a las autoridades para que corrijan una carencia que tanto el grupo de infraestructuras como muchas otras compañías consideran necesario resolver para poder competir internacionalmente al nivel al que han conseguido posicionar sus empresas.

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Esta no es la primera ocasión en que Leopoldo del Pino muestra su disconformidad, ni tampoco la primera ocasión en que aprovecha la celebración de la junta general para poner negro sobre blanco su visión de cómo deberían hacerse las cosas en la empresa que fundó su padre.

Hace cuatro años, exigió formalmente por carta la salida del consejo de dos manos derechas de su hermano Rafael: Joaquín Ayuso y Santiago Bergareche, por entonces vicepresidentes e históricos primeros espadas, ya que ambos habían sido consejeros delegados del grupo, sillón donde se dieron el relevo. En opinión del dueño de Siemprelara, se estaban incumpliendo las normas de buen gobierno en lo referente a la independencia de estos administradores.

Como entonces controlaba un 5% del capital, la compañía tuvo que hacer pública esta misiva. Coincidencia o consecuencia, la realidad es que en los meses siguientes se activó una renovación del consejo que llevó a la salida tanto de Ayuso y Bergareche como de otros importantes nombres propios, como Santiago Fernández Valbuena y Joaquín del Pino.

Además, el año pasado, Leopoldo del Pino volvió a mostrar su independencia de criterio y se opuso a la renovación de José Fernando Sánchez-Junco como miembro del máximo órgano de administración de la compañía, al haber superado los 12 años continuados como consejero independiente. Sin embargo, fue renovado bajo la categoría de otro externo.