JPMorgan toma Naviera Armas y sale un consejero tras denunciar un conflicto con Garrigues

JPMorgan, Barings, Cheney Capital y Bain Capital se convertirán en breve en los accionistas mayoritarios de Naviera Armas Transmediterránea, la mayor compañía marítima española de transporte de pasajeros. Los cuatro fondos de private equity han acordado recapitalizar el grupo canario para solucionar sus urgentes problemas de liquidez, que habían puesto en riesgo el cumplimiento de sus obligaciones con los acreedores, los proveedores y los 2.000 empleados. Una decisión que se produce en medio de la dimisión de uno de los consejeros independientes por el conflicto de interés de Garrigues como abogado de la familia fundadora y de la compañía.

Según confirman fuentes próximas, las negociaciones entre los Armas, que aún mantenían el 51% de las acciones de la naviera, y los fondos de capital riesgo están muy avanzadas para que JPMorgan, Barings, Cheney Capital y Bain Capital hagan una inyección de dinero fresco y una conversión de parte de la deuda en acciones para sacar de una vez por todas la compañía de una situación de insolvencia que arrastra desde hace más de tres años.

A falta del cierre de los últimos flecos, estos fondos de capital riesgo, que ya rescataron en 2021 a Armas Transmediterránea, aportarán cerca de 50 millones y condonaran parte de los 375 millones de deuda que atesoran. En la anterior refinanciación, estos acreedores facilitaron a la compañía canaria 100 millones de liquidez y otros 70 para financiar el capital circulante. En total, 170 millones que, junto con la conversión en acciones de bonos por 250 millones, les dieron la titularidad del 49% de los derechos políticos (acciones Clase A) y cerca del 60% de los derechos económicos (Clase B).

Ahora, los dos hijos de Antonio Armas, el empresario fundador, fallecido hace ahora un año, entregarán casi la totalidad de las acciones de ambos tipos que aún retienen a JPMorgan, Barings, Cheney Capital y Bain Capital. La compañía ha incumplido el plan estratégico, denominado Plan Futuro, aprobado en la anterior refinanciación, por el aumento del combustible y las deficiencias en la gestión, que provocaron la dimisión del anterior consejero delegado, Fernando Val, a los pocos meses de ser contratado.

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Según otras fuentes, el pasado mes de enero también renunció Carlos Gila, consejero independiente nombrado por los acreedores un año antes, junto con Jonathan Cummings, un exdirectivo de Ono y de Mediapro. Gila renunció al cargo al denunciar internamente un potencial conflicto de interés de Manuel Betancor, socio del departamento marítimo de Garrigues. Betancor ejercía de asesor jurídico de la familia Armas, de la compañía y como secretario del consejo de administración, una triple posición que incomodó a Gila.

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El bufete niega ese conflicto de interés, al asegurar que su directivo no tiene ninguna relación profesional con los fundadores. Otras fuentes aseguran que ejerció esa función durante más de una década y que dejó de asumir ese rol cuando el consejero independiente advirtió acerca de la situación. Asimismo, Gila dejó por escrito en las actas del consejo su posición, incluida la propiedad personal de cinco barcos que la familia alquila a la compañía, según aseguran fuentes próximas a las negociaciones. El exconsejero ha declinado hacer ningún comentario sobre esta información por su deber de confidencialidad y lealtad.

Vuelta a beneficios

Sea como fuera, con esta segunda reestructuración, Armas Transmediterránea sale definitivamente a flote y esquiva el concurso de acreedores. En este último capítulo, Garrigues y Linklaters han asesorado a la compañía, junto con Houlihan Lokey como banco de inversión, mientras que la familia se puso a finales del pasado año en manos de White & Case. Por su parte, Latham y Gómez Acebo y Pombo han trabajado para los acreedores, que han tenido a PJT Partners como intermediario financiero.

Naviera Armas arrastra problemas financieros desde que la empresa canaria comprase Transmediterránea a los Entrecanales por 260 millones en 2018. Un año más tarde, la empresa tuvo que recurrir a fondos de alto riesgo para conseguir liquidez con que pagar las nóminas de sus 1.600 empleados. Unas dificultades que acabaron con el embargo de varios de sus buques por orden judicial y unas pérdidas de casi 400 millones en el último trienio. La refinanciación y la venta de las rutas en Baleares a la italiana Grimaldi por 305 millones parecía que habían resuelto por fin sus dificultades, pero su singladura volvió a enfrentarse a un nuevo oleaje. Con este nuevo acuerdo, se confía en que la empresa marítima vuelva a los beneficios operativos este año tras registrar números rojos provisionales sin extraordinarios de más de 100 millones en 2022.