La SEPI rechaza el rescate de Naviera Armas, clave para el Paso del Estrecho y Canarias

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) tiene apenas dos consejos —hoy y el próximo viernes— para decidir el futuro de casi una veintena de rescates a las empresas que han solicitado el fondo de ayuda contra el covid. Según fuentes financieras, uno de los expedientes a los que ha dado carpetazo ha sido el de Naviera Armas, la principal compañía encargada del tráfico marítimo entre las islas de Canarias, clave para la conexión con la península Ibérica y para el paso del Estrecho a los inmigrantes musulmanes.

Según estas fuentes, la SEPI ha discrepado de la estructura de prelación de la deuda presentada por Naviera Armas, que el pasado año llegó a un acuerdo de reorganización del pasivo ante la imposibilidad de atender los pagos con el Banco Santander y numerosos fondos de inversión. El resultado de esa operación fue que cerca de la mitad del capital pasó de la familia Armas a JP Morgan, Barings, Bain y Cheyne Capital, que accedieron a convertir 244,8 millones de préstamos en acciones de la naviera.

El acuerdo con los acreedores, que finalmente se firmó en septiembre de 2021, se sometió a homologación judicial un mes más tarde, mientras la compañía ya había solicitado una ayuda adicional a la SEPI de 125 millones de euros. Aunque 2021 fue algo mejor que el ejercicio afectado de lleno por el covid, año en que perdió 258,34 millones de euros, Armas acudió al ente público para conseguir más liquidez al no tener seguridad de que se abriría el tráfico de pasajeros con el Estrecho tras el bloqueo ordenado por Marruecos los dos veranos anteriores.

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Además, el grupo, que tuvo que vender parte de Trasmediterránea a la italiana Grimaldi, sondeó a varios fondos oportunistas el pasado mes de marzo para tener una alternativa a la financiación de la SEPI en el caso de que su petición fuese rechazada. La diferencia es que el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda le daba la línea de crédito con un interés del 3% a seis años, mientras que los inversores institucionales se la prestaban al 10%, con el consiguiente mayor coste anual de intereses.

Pero la SEPI, aun sabiendo del carácter estratégico de Naviera Armas, ha desestimado concederle la ayuda por desavenencias con el orden de prelación de la deuda. Es decir, que los acreedores cobrarían primero si la empresa quebrase en un futuro. Otras fuentes indican que, tras la reestructuración homologada judicialmente, cualquier litigio futuro debía de someterse a la legislación de Luxemburgo, en lugar de la española, riesgo que el ente público no ha querido asumir.

Si bien España y el reino alauí han sellado la paz recientemente, la evolución de la llama operación Paso del Estrecho (OPE), que empezó el pasado 15 de junio, es una incógnita, ya que los dos últimos años los emigrantes magrebíes utilizaron rutas desde Italia para volver a sus ciudades de origen. La crisis de Armas es previa a la pandemia. En 2019 perdió 34 millones de euros, debido a sus problemas para digerir la compra a Acciona de Trasmediterránea por 260 millones en 2018.

Entre los rescates que tiene que resolver la SEPI esta semana, están el de Abengoa, que ha pedido casi 250M, y el de Ezentis, que solicitó 70M

Fuentes oficiales de la SEPI han declinado dar ningún detalle sobre esta decisión al explicar que el listado de empresas que han recurrido al fondo de ayuda es confidencial, especialmente aquellas cuyos expedientes no llegan a buen puerto. Hasta la fecha, las negativas más relevantes han sido la de Room Mate, la cadena hotelera propiedad de Enrique Sarasola y Sandra Ortega, la heredera de Inditex, la de Villar Mir, que llegó a pedir cerca de 300 millones, y la de Holmes Place.

Entre los rescates que aún tiene que resolver la SEPI esta semana, destacan el de Abengoa, que ha pedido casi 250 millones, y el de Ezentis, que ha solicitado 70 millones. En el primer caso, sin el dinero público, la empresa de ingeniería andaluza, que aún cuenta con 1.000 trabajadores, está condenada al preconcurso de acreedores. En el segundo, el proveedor de Telefónica, con una plantilla de 9.000 empleados, se verá obligado a requerir una quita a la banca española.