La SEPI rechaza los rescates de Villar Mir y Holmes Place tras el escándalo de Plus Ultra

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha echado el freno al reparto del Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Según fuentes financieras, Belén Gualda, la nueva presidenta del ente gubernamental, ha decidido paralizar todos los rescates de compañías que ya tenían ultimados los trámites para recibir la inyección de dinero público tras el escándalo de Plus Ultra. Pero sobre todo ha rechazado en primera instancia los rescates solicitados por Grupo Villar Mir y Holmes Place.

Según estas fuentes, los informes pedidos por la SEPI a sus asesores financieros para validar los cerca de 300 millones de euros pedidos por la familia Villar Mir, tal y como adelantó en exclusiva El Confidencial la pasada semana, concluyen que el 'holding' de los empresarios madrileños no podría repagar esa nueva deuda en los cinco primeros años. Sobre todo porque, pese a los esfuerzos del grupo de reducir su pasivo a poco más de 300 millones, frente a los 1.000 millones que debía tres años atrás, no generaría la caja suficiente para atender los citados 300 millones, más los 300 pedidos al Estado.

La familia quiere hacer un último esfuerzo por convencer a Gualda, que antes de tomar ninguna decisión formal revisará uno a uno los casos

Fuentes próximas a la SEPI admiten que todavía no han dado una respuesta oficial a los Villar Mir a su petición de ayuda, pese a que la solicitud la tramitaron entre octubre y noviembre del pasado año. En el que caso de que el ente público no responda en un plazo de seis meses, el expediente se da por cerrado. No obstante, la familia quiere hacer un último esfuerzo por convencer a Gualda, que antes de tomar ninguna decisión formal sobre todos los requerimientos abiertos quiere revisar uno a uno los casos.

Los préstamos que aún arrastra Grupo Villar Mir son los que le concedió Tyrus Capital, un fondo especulativo con base de operaciones en Mónaco. Este 'hedge fund' cobra cerca de un 10% a la familia por los 365 millones de euros que le otorgó en 2018 y del que la compañía con intereses en sectores industriales, inmobiliarias y de construcción ha repagado unos 85 millones. Pero para atender otras deudas, el 'holding' presidido por Juan Miguel Villar Mir ha tenido que vender desde su yate de lujo hasta su valiosa colección de arte al Banco Santander.

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Las negociaciones entre la SEPi y los Villar Mir están siendo lideradas por Manuel Garrido, director financiero de la familia y uno de los hombres de más confianza de Juan Miguel. Garrido ha ocupado puestos directivos en el grupo desde 1996, cuando se incorporó desde McKinsey. Actualmente, está en el consejo de administración de Ferroglobe, la compañía más valiosa del 'holding'.

Aunque el expediente de los Villar Mir puede ser revisado, con un nuevo plan de viabilidad presentado por la familia que garantice un calendario de devolución de las ayudas, en el entorno de la SEPI pesa mucho la implicación de algunos miembros de la familia con varios de los casos de corrupción que se están deliberando actualmente en los juzgados. La mayoría, relacionados con el Partido Popular.

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Porque uno de los aspectos clave para recibir la ayuda es "no haber sido condenada mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos". La familia consiguió el pasado mes de diciembre que la Audiencia Nacional archivara su causa por el caso Púnica, pero tiene abiertas otras investigaciones por el caso Lezo, además de haber recibido ya alguna condena por el uso de las tarjetas 'black' de Bankia.

No a los gimnasios

Por otra parte, fuentes financieras aseguran también que la SEPi ha rechazado la solicitud de Health Club España, la sociedad dueña de la cadena de gimnasios Holmes Place. Esta cadena, propiedad de la familia Fisher y que opera en el segmento alto del sector de los centros deportivos, solicitó 26 millones de euros para hacer frente a los estragos del covid-19, que les obligó a tener cerrados los establecimientos durante muchos meses.

La compañía, que ya arrastraba una complicada situación financiera desde 2010, cuando quebró por primera vez, tuvo que aplicar una reestructuración de su deuda en 2017 por 70 millones de euros. Unos pasivos que se convirtieron en capital para equilibrar el agujero provocado por perdidas continuadas. La posterior absorción de los gimnasios de Virgin Active en España y Portugal tampoco ayudó a mejorar la cuenta de resultados.