La Moncloa vetará a los acreedores de Celsa si no mantienen a los Rubiralta en el capital

El Gobierno ha decidido intervenir en la pugna por la propiedad de Celsa entre los acreedores internacionales y los dueños actuales, la familia Rubiralta. Según aseguran fuentes próximas a las conversaciones, la Moncloa ha comunicado a Goldman Sachs y a Deutsche Bank, los principales prestamistas del grupo siderúrgico, que utilizará la ley antiopas para bloquear la toma de control del primer grupo siderúrgico español si no dan un trato favorable a los fundadores, con independencia de la decisión que adopte el juez que instruye la situación concursal.

Desde el área económica de la Moncloa han trasladado ya a los representantes de los acreedores, a los que Celsa adeuda 2.900 millones, 1.050 de los cuales ya están vencidos, su disposición a activar el real decreto que le permite bloquear la toma de una participación superior al 10% en una compañía calificada de estratégica. Una normativa que el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos creó para proteger a las empresas durante la pandemia y que acaba de alargar hasta finales de 2024 con la justificación del impacto de la guerra de Ucrania. Hasta la fecha, solo la ha esgrimido para defender a Prisa.

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Agustín Marco

Goldman Sachs, Deutsche Bank y el resto de fondos oportunistas que acaparan 2.400 millones del total del pasivo presentaron el pasado 25 de septiembre en un juzgado un plan de reestructuración —el antiguo concurso de acreedores— para acabar con un enfrentamiento con los Rubiralta que se inició en mayo de 2020, cuando Celsa incumplió su primer pago. Una medida extrema que adoptaron después de varios intentos infructuosos de alcanzar un acuerdo, con posiciones irreconciliables y acusaciones gruesas.

Un plan que, de ser aprobado, le daría a los hedge funds, entre los que se encuentran Attestor, HSBC, Golden Tree y Cross Ocean, la propiedad del 100% de las acciones del grupo siderúrgico. Una petición contra la que los Rubiralta se han rebelado, ya que públicamente han manifestado que nunca tendrían ni una sola acción de su empresa. El juez ya ha comprobado que la situación financiera de Celsa es insostenible, al deber ya 1.053 millones y contar con caja por apenas 85 millones. Incluso ha dado un toque de atención a la familia fundadora por no colaborar en el proceso, al no facilitar toda la documentación interna necesaria para conocer con detalle el estado de insolvencia.

La decisión final del magistrado se espera para entre finales de enero y principios de febrero y, dada la redacción de la nueva Ley Concursal, se da por hecho que Goldman Sachs y Deutsche Bank tendrán la mayoría del capital de Celsa. Pero el Gobierno les ha pedido que vuelvan a la mesa de negociación, rota desde el pasado verano, y pacten un acuerdo que permita a los Rubiralta mantener una participación significativa del grupo que fundó Francesc y Josep Maria Rubiralta Vilaseca en 1967. Un porcentaje que podría llegar oscilar entre el 40 y el 50% del capital, según las mismas fuentes.

Dada la redacción de la nueva Ley Concursal, se da por hecho que Goldman Sachs y Deutsche Bank tendrán la mayoría del capital de Celsa

Además, les ha solicitado que Francesc Rubiralta, hijo del fundador, siga como consejero delegado de la compañía, el mantenimiento del empleo en las plantas españolas y que la sede social continúe en España. Una carta a los Reyes Magos que tendría como contraprestación la activación del rescate de 550 millones que el Gobierno le concedió a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales el pasado mes de junio y que quedó en el limbo por, precisamente, la falta de acuerdo entre los fondos y la familia.

Esperanzas tras la reunión fallida

Esta declaración de intenciones poco amistosa del Gobierno se produce después de que Manuel de la Rocha, el hombre de Pedro Sánchez para asuntos económicos, se reuniese con los representantes de Goldman Sachs y Deutsche Bank a principios de diciembre. Una reunión que no ha tenido el resultado esperado porque los fondos continúan con su idea firme de quedarse con la totalidad de las acciones de Celsa, como ocurrió en su día con Codere o más recientemente con Telepizza y Pronovias, compañías que han pasado a manos de sus prestamistas.

No obstante, otras fuentes indican que podrían abrir la mano si los Rubiralta acceden a negociar desde un punto de partida muy distinto al del pasado verano, cuando se negaban en rotundo a ceder ni una sola acción a unos fondos a los que calificaron de usureros. Estas fuentes señalan que la familia está más flexible al ver que el proceso judicial ya no tiene marcha atrás y que estarían dispuestos a compartir el control con los acreedores.