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El futuro de la antigua planta Nissan, entre el sí de las niñas y el no de los bancos
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El futuro de la antigua planta Nissan, entre el sí de las niñas y el no de los bancos

Las administraciones públicas buscan a la desesperada avales privados que permitan garantizar algún futuro a las antiguas instalaciones de la multinacional nipona

Foto: El hub recibe el aval para reactivar Nissan mientras se ven otras propuestas. (EFE/Quique García)
El hub recibe el aval para reactivar Nissan mientras se ven otras propuestas. (EFE/Quique García)
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El futuro de lo que fue planta de Nissan en Barcelona ha estado oscilando esta semana entre el sí de las niñas —las administraciones— y el no de los bancos, cuyos departamentos de riesgos ven con recelo la operación del hub industrial que lideran QEV Technologies y BTech para fabricar vehículos eléctricos. Este viernes acaba el plazo, pero todo depende de los dos forjadores, que no pueden ser más diferentes: la ministra Reyes Maroto, que es candidata a la alcaldesa de Madrid; y el recientemente exonerado por el TSJC, el conseller de Empresa, Roger Torrent.

La candidata madrileña del PSOE y el independentista, más serio de lo que parece, conjurados para salvar los muebles de Nissan en Zona Franca. Si sale bien se crearán 7.000 puestos de trabajo, para los que tendrán prioridad los 3.000 empleados que perdieron su trabajo con el cierre de Nissan. Por tanto, es la operación clave en la política industrial de Cataluña. Sin embargo, en el tema de los empleos hay alguna trampa. Sólo 1.000 empleos serán directos. El resto son indirectos.

Foto: El consejero delegado de QEV Technologies, Joan Orús. (EFE/Andreu Dalmau)

Pero los bancos no lo ven claro. Y fuentes financieras explican que la presiones de las administraciones son muchas para que haya luz verde. Los servicios de control de riesgos de CaixaBank ya han dado el visto bueno. La operación sigue dependiendo del Banco Santander y sobre todo del Banco Sabadell, al que se le ha pedido avalar 10 millones de euros.

La realidad es que el departamento de riesgos del Banco Sabadell ha dictaminado avalar, como mucho, 2 millones, su tope para una operación de ese tamaño. De manera que la Generalitat y al Ministerio siguenn a la búsqueda desesperada de nuevos socios financieros para una aventura que ya iba escaso de ellos, según explican fuentes financieras conocedoras de la operación.

La Generalitat lo ha puesto todo. Y eso que los empresarios no daban un duro por la figura de Roger Torrent. Pero después de un año en el cargo de conseller de Empresa, no sólo como afianzado, sino como el primer conseller operativo del ramo que hay en la Generalitat desde hace décadas. La principal palanca que se ha tenido para Nissan ha sido el ICF, la entidad crediticia de la Generalitat, que a través de Avalis aportará otros 4 millones de euros.

Foto: La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en el pleno del Senado. (EFE/Kiko Huesca)

Además, el ICF contravalará los avales privados que aporte la banca para dar facilidades a que los departamentos de riesgo de los bancos den el visto bueno.

La operación tiene el apoyo de un Perte y, por lo tanto, se trata de una conjunción de intereses entre el Gobierno español y la Generalitat independentista. También supone que la reindustrialización de la planta de Zona Franca recibirá 107,8 millones de euros de ayudas públicas.

Movilidad eléctrica

La idea es convertir la planta de Zona Franca en un referente en la movilidad eléctrica. QEV Technologies y BTech han creado un paraguas de D-Hub, que acogerá a un total de 17 empresas, en buena parte pymes. El plan de negocio se basa en fabricar furgonetas eléctricas que faciliten un reparto de mercancías en ciudades libre de emisiones. Pero no basta con tener un proyecto, hay que estar respaldado de manera financiera para darle solidez. El total de los avales necesarios suman 80 millones para poder beneficiarse del PERTE.

El grupo se ha comprometido a llevar cabo inversiones por valor de 300 millones a cambio de recibir el PERTE, las ayudas públicas de más cien millones y los avales privados a los que los bancos se han estado resistiendo, mientras que tanto el Gobierno español como la Generalitat siguen presionando para se cierre la operación.

De los 300 millones para la nueva planta 100 millones vienen del grupo Goodman

Para ello, QEV Technologies se ha asociado con el grupo inmobiliario australiano Goodman, que sirve como pata logística del proyecto, el más importante de política industrial que respalda la Generalitat. En teoría, Goodman aporta 100 millones de inversión.

Dudas y certezas

Tras esta semana de alta tensión quedan algunas certezas y una duda. Entre las primeras, que la electrificación de la industria del automóvil requerirá de aún más apoyo de las administraciones. Esto se va a traducir en un enorme esfuerzo en ayudas públicas para unos planes de negocio que son como los pimientos de padrón, unos salen y otros no. También que si la antigua Nissan daba trabajo a 1.000 personas, el nuevo D-Hub por una actividad equivalente solo empleará a un tercio de su personal. Electrificar la industria del motor va a tener un alto coste en empleo y, eso no se ha visto todavía, en los ingresos de las clases medias bajas vinculadas a la industria.

La duda es si una empresa con capitalización baja como QEV Technologies puede liderar un proyecto así. La antigua Nissan acumuló en su historia cientos de millones de euros en pérdidas acumuladas. Volkswagen hizo lo propio con Seat hasta que encontró un modelo de éxito. Si algo sale mal en el nuevo proyecto en Zona Franca, no habrá respaldo financiero para cubrir a la empresa y ganar algo de tiempo.

El futuro de lo que fue planta de Nissan en Barcelona ha estado oscilando esta semana entre el sí de las niñas —las administraciones— y el no de los bancos, cuyos departamentos de riesgos ven con recelo la operación del hub industrial que lideran QEV Technologies y BTech para fabricar vehículos eléctricos. Este viernes acaba el plazo, pero todo depende de los dos forjadores, que no pueden ser más diferentes: la ministra Reyes Maroto, que es candidata a la alcaldesa de Madrid; y el recientemente exonerado por el TSJC, el conseller de Empresa, Roger Torrent.

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