Hacienda se reúne con el ICO y con la banca para abordar reestructuraciones de crédito

La evolución de la economía española, además de factores evidentes como la inflación, va a depender del éxito o fracaso de la nueva ley concursal, que entra en vigor este lunes. De ello dependerá que las reestructuraciones de empresas en problemas eviten una quiebra masiva en 2023 que agrave la crisis, y un papel clave lo jugará Hacienda con los ICO.

La Agencia Tributaria debe validar cualquier actuación de los bancos con un préstamo que tiene aval si no quiere perder el mismo. En el sector financiero, hay miedo de que esto ralentice los procesos de reestructuración de empresas viables e, incluso, los ponga en peligro.

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El organismo dependiente de Hacienda, según confirman fuentes oficiales, se reunirá con el ICO y con los bancos para explicar el procedimiento. Fuentes financieras apuntan a que ya ha habido contactos al respecto, en los que la banca está pidiendo que tenga una postura ágil y sea flexible a la hora de acometer reestructuraciones del crédito, ya sean alargamientos de plazo o quitas.

Esta norma transpone una directiva europea, que busca acercarse a los países anglosajones al facilitar las reestructuraciones y, cuando no sea posible, agilizar los concursos incentivando la venta de unidades productivas que puedan seguir funcionando. Se quieren evitar los dos escenarios extremos que eran muy comunes: empresas refinanciadas por bancos y fondos para no asumir pérdidas con el crédito, pero que no son viables a medio y largo plazo sin quitas y otras medidas (empresas zombi), o que quiebren empresas viables por falta de acuerdo en una reestructuración.

Con este objetivo, la ley concursal da más poder de negociación a los acreedores, que pueden imponer planes de reestructuración a los dueños de la compañía. También se divide a los acreedores en clases (según el tipo de deuda), y una de ellas puede arrastrar al resto si lo valida un juez.

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El consenso de los expertos en reestructuraciones es que hay una mejoría jurídica. El desafío es que entra en vigor después de dos años marcados por el covid, con un volumen extraordinario de créditos con avales públicos, a través del ICO. Los créditos con aval del ICO superan los 140.000 millones de euros, tras financiar a 750.000 empresas y autónomos. La mayoría de empresas en problemas tienen en su pasivo deuda avalada por el banco público.

La ley establece que la banca representará a los créditos derivados de los avales públicos, ejerciendo el derecho de voto o reclamaciones. Sin embargo, para que puedan votar en favor de reestructuraciones que impliquen aplazamientos, fraccionamientos y quitas de los préstamos, deberán recabar previamente la aprobación por parte del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Si no hay dicha autorización, se considera que se perjudica el aval y se perderá el mismo.

El miedo de asesores de empresas y de acreedores, y de bancos y fondos implicados, es que esto dilate las reestructuraciones hasta el punto de que pueda poner en peligro los procesos. Por ello, los bancos tratan de influir en la Agencia Tributaria para que los procedimientos para responder sean ágiles y que se abra a cambios en el crédito, aunque esto implique asumir pérdidas por el aval.

Otras opciones

Mientras, los bancos y otros acreedores barajan alternativas. La más evidente es que las entidades no hagan nada con el crédito avalado y se dejen arrastrar por planes de reestructuración de otros acreedores. De esta forma, igualmente podría haber quitas o modificación de plazos del préstamo, pero la entidad que tiene el aval no habría realizado ninguna acción que perjudique el aval y lo ponga en peligro.

En cualquier caso, la nueva ley concursal supone una mejoría del marco, según los expertos. "La reforma de la ley concursal, que incluye un libro segundo de la preinsolvencia totalmente nuevo, llega en un momento clave para dinamizar el mercado de reestructuraciones en España. Los nuevos planes de reestructuración, que entrarán en vigor este lunes, suponen un avance importante que otorga máxima flexibilidad y eficiencia a la hora de reestructurar tanto el activo como el pasivo", expone Javier Castresana, socio de Allen & Overy.

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En su opinión, se eliminan algunas trabas, "como el poder de acreedores con nulas posibilidades de cobro ['out of the money'] o la necesidad de la aprobación de la junta de accionistas para la capitalización de créditos en situaciones de insolvencia inminente o actual". Sin embargo, prosigue, "quedan importantes retos tras la reforma, como la reestructuración de las líneas ICO [disposición adicional octava] o el crédito público [SEPI]". Especialmente en el primer caso, dado que "será clave el funcionamiento del Departamento de Recaudación de la AEAT, a la hora de autorizar a las entidades financieras el voto favorable a un plan de reestructuración. De este punto dependerá en gran medida la confianza que generemos a los inversores internacionales para participar en los procesos de reestructuración venideros".

En efecto, los fondos han mostrado interés por comprar empresas vía deuda a través del nuevo marco concursal, pero están a la espera de cómo funcionará. Sobre la posibilidad de que haya atasco con las reestructuraciones, Guillermo Muñoz-Alonso, socio de CMS Albiñana & Suárez de Lezo, comenta que "no hay muchas razones para el optimismo. La norma está impregnada de un aroma de máximo rigor en la protección del crédito ICO por los poderes públicos, y, por tanto, de desconfianza en la gestión que pudieran hacer las entidades financieras, que quedan atadas de pies y manos si quieren mantener el aval".