Bruselas ve un aumento de los pleitos abusivos de empresas contra periodistas y medios

El pasado mes de febrero, la empresa Iberdrola presentó una denuncia contra El Confidencial por valor de 17,6 millones de euros por una supuesta intromisión ilegítima en el derecho al honor, por la cobertura de las investigaciones sobre las presuntas relaciones entre el grupo eléctrico y el comisario jubilado José Manuel Villarejo. El objetivo final es que el medio deje de publicar una información que ha llevado a la Audiencia Nacional a llamar como investigados a varios directivos de Iberdrola, incluido su presidente ejecutivo, Ignacio Sánchez Galán. En la Unión Europea, este comportamiento tiene un nombre: demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP, por sus siglas en inglés).

La Comisión Europea lleva tiempo identificando un aumento de estas demandas, como explica la vicepresidenta Vera Jourova en una carta en la que responde a la eurodiputada de Ciudadanos, Maite Pagazaurtundúa, que envió una misiva en la que le plantea el caso de Iberdrola contra El Confidencial. “Los litigios abusivos contra aquellos cuyo trabajo es informar a los ciudadanos en asuntos de interés público parecen estar ganando terreno en la Unión Europea”, explica Jourová.

“Vemos cada vez más evidencias de que en particular los periodistas y los activistas son objetivo” de esta práctica, explica la vicepresidenta de la Comisión Europea a cargo de toda una rama del Ejecutivo comunitario dedicado a los valores y la democracia. El asunto no es nuevo en Bruselas, y ya aparece mencionado en el informe de Estado de derecho de 2021: “Las demandas estratégicas contra la participación pública, una forma particular de acoso utilizada contra periodistas y otras personas encargadas de la protección del interés público, a menudo en combinación con amenazas a la seguridad física, son motivo de grave preocupación en varios Estados miembros”.

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El informe menciona en particular casos en Croacia, donde la Comisión vio cómo se usaba este método para increpar especialmente a medios locales, y en Polonia, por reportajes críticos contra empresas o instituciones públicas. “Esta práctica parece afectar en particular a los medios de comunicación más pequeños y a los profesionales independientes, y entraña un alto riesgo de autocensura”, señala el informe que la Comisión publicó el pasado mes de julio.

El caso de Iberdrola llegó con fuerza a Bruselas precisamente porque la Comisión está trabajando en una iniciativa que tiene como objetivo la protección de periodistas y medios de comunicación contra estas demandas estratégicas. La previsión es que se haga pública a lo largo de 2022. “Estoy determinada a proponer una ambiciosa iniciativa que marque la diferencia”, escribe Jourová en su carta a Pagazaurtundúa, fechada el 6 de abril.

La seguridad de los periodistas es una prioridad de la Comisión desde hace ya algunos años, pero no solamente en el caso de los pleitos abusivos, sino también en el campo de las amenazas físicas y de las agresiones. Bruselas ha aumentado sus esfuerzos especialmente tras los asesinatos de Daphne Caruana Galizia en Malta y de Ján Kuciak y su pareja en Eslovaquia. Sin embargo, los trabajos realizados no han evitado que en 2021 fueran asesinados también el periodista griego Giorgos Karaivaz y el neerlandés Peter De Vries.