El juez cita a declarar al testigo clave de Iberdrola y la directiva premiada por Galán

La Audiencia Nacional ha marcado el próximo 18 de abril como la próxima fecha relevante de la investigación judicial de los pagos de Iberdrola a José Manuel Villarejo. Según un auto del juez, Manuel García Castellón ha llamado a declarar justo después de Semana Santa a José Antonio del Olmo, el conocido como testigo clave y autor del informe en el que se describen las presuntas irregularidades, y a Dolores Herrera, la responsable de 'compliance' del grupo energético, encargada de revisar las facturas abonadas al excomisario de policía.

Del Olmo solicitó días atrás personarse ante la Audiencia Nacional para aportar más documentación que reforzase su tesis sobre los pagos ilegales a Villarejo, al que Iberdrola contrató supuestamente para investigar a políticos, sindicalistas, ejecutivos de la propia compañía, miembros de asociaciones ecologistas y a competidores, como los presidentes de Endesa, Manuel Pizarro, y de ACS, Florentino Pérez. El antiguo jefe de administración y control de la compañía pidió presentarse ante García Castellón para aclarar al magistrado la escala de mando que aprobaba los abonos a Castellana de Seguridad (Casesa), empresa que, según documentos judiciales, fue usada por el grupo energético para abonar los emolumentos pactados con el policía.

Del Olmo acudirá a la Audiencia Nacional mientras se resuelve la petición del juez de que se le aplique la directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del derecho de la Unión Europea. Una normativa que protege, como ocurre en Estados Unidos, a los ciudadanos que quieren denunciar supuestas ilegalidades y que, precisamente ahora, el Gobierno de Pedro Sánchez, ha anunciado va a transponer a la legislación española. El caso más reciente ha sido el de la empleada de Facebook que denunció la política de la red social para generar tráfico web y, por tanto, ingresos.

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De la decisión de la Fiscalía, dependerá, según otras fuentes, la documentación que pueda aportar Del Olmo, contra el que Iberdrola ha presentado dos querellas y al menos dos demandas. Una de ellas por haberse llevado documentación confidencial de la compañía y otra en la que le exige la devolución de remuneraciones por valor de 570.000 euros cobrados antes de su jubilación, en 2016. Unas actuaciones que el exempleado considera una amenaza por parte de su antigua empresa para que no colabore más con la justicia en la investigación de este caso.

Ese mismo 18 de abril, García Castellón ha llamado a declarar a Dolores Herrera, la responsable de 'compliance' y la persona a la que el consejo de administración de Iberdrola encargó la investigación interna para esclarecer la relación de Iberdrola con Villarejo. Herrera, que a los pocos meses fue ascendida por Galán a la cúpula directiva, con su correspondiente aumento salarial, ha corroborado que todos los trabajos fueron legales y que ninguno incumplió la normativa interna. Además, verificó que el forensic solicitado a PWC para analizar todas las facturas se realizó con absoluta independencia y profundidad.

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Sin embargo, fuentes jurídicas indican que PWC no entrevistó a todos las personas vinculadas con las facturas a Villarejo, entre otros, al jefe de Seguridad, Antonio Asenjo, que rehusó en hasta cinco ocasiones la petición de la consultora, ni de Mariano Rodríguez, persona por la que pasaban todos y cada uno de los pagos del área de Seguridad. Del Olmo ha informado ya al fiscal que Rodríguez conocía toda la operativa, por lo que no se entienda que PWC no se reuniese con él ni investigara su ordenador en el que se contabilizaban los abonos a Casesa y Cenyt.

Precisamente, Herrera ha tratado de comunicarse con Rodríguez a través de un empleado de Seguridad e Iberdrola para mantener una entrevista con el fin de conocer qué sabe y qué documentación tiene el también exempleado, puesto que se prejubiló en diciembre de 2020. Pero el encargado de visar las facturas ha respondido que cualquier declaración será ante un juez o la Policía.