El testigo de Villarejo: "Firmé las facturas para no perder mi trabajo en Iberdrola"

José Antonio del Olmo ha mandado un escrito al juez de Bilbao que investiga la última demanda presentada por la compañía eléctrica por el depósito ante notario de los documentos que se han convertido en la prueba central de la investigación por parte de la Audiencia Nacional sobre la presunta trama irregular de facturas para ocultar los pagos a Villarejo. En dicha respuesta, el abogado del ex responsable de control corporativo asegura que su cliente “nunca observó presiones similares ni habían sido necesarios este tipo de servicios”.

El letrado indica que a Del Olmo, que en diciembre de 2004 entregó en un notario ocho facturas que no se correspondían presuntamente con los trabajos realizados a través de una empresas fantasma, Castellana de Seguridad (Casesa), entre mayo y septiembre de ese año por unos 351.500 euros, “en ocasiones se le había solicitado que autorizase personalmente el abono de facturas que no respetaban los criterios exigidos por los procedimientos de Iberdrola, sin que en estos casos se le hubiera aportado documentación alguna que justificase que tanto el importe como el concepto eran correctos”.

En estas ocasiones, continúa el escrito, “no le resultaba posible comprobar al señor Del Olmo que las facturas fuesen correctas, bien debido a las características especiales de las actividades facturadas, bien al carácter reservado de las mismas, lo que, junto con algunos comentarios, le ocasionaba sorpresa e incluso desconfianza”.

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Los pagos a Casesa, que posteriormente abonó 337.560 euros a Cenyt, la empresa de Villarejo, según confirmó la Agencia Tributaria, se camuflaban con "la revisión de ambientes, líneas telefónicas y RAC para análisis, evolución y anulación de posibles sistemas de emisión-recepción en las oficinas de EIMA [sede central en Madrid], Melancólicos, Gardoqui [sede oficial en Bilbao], Larraquitu, Bruselas y Suiza". Otras se justificaban por “servicio de asesoramiento estratégico para la seguridad de sus instalaciones en Bolivia, Chile, México y Guatemala”, pero, según la investigación de la Audiencia Nacional y de la Policía se trataba de espionajes a políticos y sindicalistas para obtener los permisos de construcción de una central de ciclo combinado en Arcos de la Frontera (Cádiz) por 800 millones de euros.

El abogado del ya jubilado exdirectivo de Iberdrola agrega que “una vez puesto en conocimiento de su superior estas circunstancias mediante documento escrito de fecha 1 de diciembre de 2004", en alusión presuntamente a José Luis San Pedro, también imputado, "no se adoptó medida alguna”. Por ello, “en presencia del director de Relaciones Externas y Seguridad de Iberdrola”, en alusión a Marcos Peña, “aportó la información en previsión de que se pudieran estar cometiendo actuaciones irregulares, dado que, como se ha dicho, carecía de indicaciones de sus superiores de cómo proceder al respecto”.

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El escrito concluye que, “sintiéndose presionado para aceptar el pago de estas facturas, e incluso ante el temor de perder su función o su puesto de trabajo, en el caso de que se hubiera negado a ello, aceptó pagarlas, a pesar de que durante su experiencia profesional en Iberdrola, durante los 30 años que venía desempeñando funciones similares, nunca observó presiones similares ni habían sido necesarios este tipo de servicios”.

El aval de PwC

La responsabilidad de Del Olmo era la de realizar el seguimiento presupuestario y la información de gestión de la Dirección General de Recursos Humanos y de Servicios de Iberdrola, “controlando la correcta ejecución de los procedimientos administrativos y económicos: presupuestación, contratación, conformación de facturas e imputación contable, así como supervisar el funcionamiento de las secciones administrativas” de dicho departamento.

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Según su versión, para proceder al abono de la factura de un suministrador de bienes o servicios a Iberdrola, era necesario que la actividad se hubiera presupuestado previamente, así como que existiera un pedido formal vinculado expresamente a esa actividad determinada y a su propia partida presupuestaria, así como que los trabajos estuviesen ejecutados y recepcionados por el responsable técnico, que la factura fuese conforme con el concepto y el importe, y que la imputación contable fuese correcta y se correspondiese con el pedido efectuado.

Según la propia PwC, encargada del informe 'forensic' solicitado por Iberdrola para esclarecer los hechos, las ocho facturas seleccionadas no estaban asociadas a ningún pedido y "habrían sido tramitadas por don Antonio Asenjo [en aquel momento, director de Seguridad Corporativa], que las firmó en calidad de solicitante autorizado".