Iberdrola insiste en su megaoperación por PNM y apela ante EEUU por el caso Villarejo

Iberdrola no arroja la toalla en la compra de PNM Resources y ha presentado recurso de apelación ante EEUU por el caso Villarejo. La eléctrica presidida por Ignacio Sánchez Galán continúa con su intención de hacerse con la empresa estadounidense, a través de su filial Avangrid, tras el acuerdo alcanzado para extender el vencimiento del contrato de fusión suscrito por ambas compañías hasta el 20 de abril de 2023, prorrogable por acuerdo de ambas partes bajo ciertas circunstancias por un periodo adicional de tres meses.

De esta forma, el grupo energético español sigue con su objetivo de materializar esta compra que supondría la gran operación de Iberdrola para acelerar su crecimiento en el mercado de Estados Unidos.

Asimismo, las partes han preparado ante el Tribunal Supremo de Nuevo México el recurso de apelación frente a la resolución del regulador de Nuevo México por la que rechaza el acuerdo de voluntades firmado entre Avangrid, PNM, algunas de sus filiales y ciertas terceras partes presentado en el marco del procedimiento autorizatorio de la operación de fusión entre PNM y Avangrid, según ha informado la energética a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

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En concreto, el pasado mes de diciembre, el regulador del Estado de Nuevo México tumbó la compra por parte de Iberdrola, a través de su filial Avangrid, de PNM Resources. El no a la operación fue unánime por parte de los cinco miembros de la comisión, que consideraron que los riesgos del acuerdo superan los beneficios prometidos a los contribuyentes estatales. Como adelantó El Confidencial el 2 de noviembre, el primer informe no vinculante ya advirtió que en Estados Unidos sería impropio pagar facturas falsas a un funcionario del Estado para hacer determinadas investigaciones a competidores, jueces, políticos y sindicalistas. Por tanto, el jurado de la Comisión de Regulación puso en serias dudas la ética del equipo gestor de Iberdrola, cuyo presidente, Ignacio Sánchez Galán, y parte de la cúpula directiva están imputados por los pagos al excomisario.

De esta manera, el grupo presidido por Ignacio Sánchez Galán sufrió un revés en su gran operación en un mercado como el de Estados Unidos, que suponía un valor de empresa implícito de aproximadamente 8.300 millones de dólares (unos 7.007 millones de euros), considerando una deuda neta más ajustes de aproximadamente 4.000 millones de dólares (unos 3.377 millones de euros).

La adquisición supone la creación de una de las mayores compañías del sector norteamericano, con 10 eléctricas reguladas en seis Estados (Nueva York, Connecticut, Maine, Massachusetts, Nuevo México y Texas) y el tercer operador de renovables del país, con una presencia total en 24 estados.