Las CCAA que rechacen el control de precios del alquiler perderán los incentivos fiscales

La guerra política vista hasta ahora al calor de la nueva ley de vivienda apenas es un ensayo de hasta dónde se podrá llegar si esta normativa termina viendo la luz, algo que fuentes del Ministerio de Fomento estiman para el segundo semestre de 2022.

El primer foco de conflicto estará en aquellas comunidades que, como Madrid, han anunciado ya su oposición a la norma por intervenir en los precios. Al tratarse de una competencia cedida, los gobiernos regionales tienen potestad para decidir si aplican el nuevo marco o no, e incluso para desarrollar uno propio en el que determinen qué es una zona tensionada y cómo se debe actuar para garantizar el acceso a la vivienda.

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EFE

El dardo envenenado que incluye la futura ley de vivienda es que la Ley de Arrendamientos Urbanos y las bonificaciones fiscales ligadas a ella en el IRPF son materia estatal y, por lo tanto, para que los ciudadanos de una comunidad autónoma se puedan beneficiar de las desgravaciones de hasta el 90% previstas en este nuevo marco, su Ejecutivo regional deberá someterse al mismo.

El resultado es que aquellas comunidades que rechacen declarar una zona tensionada, por estar en contra de la idea de obligar a los grandes tenedores a bajar los precios, se encontrarán con que estarán impidiendo a los particulares y pequeños propietarios, que representan el 85% del mercado del alquiler, poder acogerse a los incentivos fiscales previstos.

No solo eso: por cómo está hecho el reparto de competencias en nuestro país, puede llegar a darse la paradoja de que un ayuntamiento, que es la autoridad competente para ello, declare una zona tensionada en su municipio, pero no pueda aplicar la ley porque el Gobierno de su comunidad autónoma es contrario a la misma.

En esencia, la ley de vivienda contempla que, cuando se decreta una zona como tensionada para intentar contener el precio del alquiler, inmediatamente se activa un mecanismo que diferencia entre pequeños y grandes tenedores.

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Estos últimos se han definido como personas físicas o jurídicas que sean titulares de más de 10 inmuebles residenciales o de una superficie de más de 1.500 metros cuadrados, y se les podrá ajustar el alquiler al índice de precio de referencia que se cree 'ad hoc' y por un plazo de tres años, prorrogables anualmente.

En el caso de los caseros personas físicas, en cambio, no se les aplica el sistema de índices de referencia, sino que se ha articulado un sistema de incentivos fiscales, dirigido a que les resulte más rentable reducir voluntariamente un 5% el precio del alquiler, porque a cambio se podrán apuntar una bonificación del 90% en el IRPF, o a alquilar a jóvenes dentro de este marco de precios, lo que permitirá apuntarse una reducción del 70%, frente al 50% general.

Sí se aplicarán a todas las comunidades autónomas las bonificaciones por rehabilitación y por alquiler incentivado

La bonificación fiscal del 70%, a la que sí podrán acogerse los propietarios de viviendas en alquiler, independientemente de que su comunidad autónoma se sume a la ley de vivienda, es la ligada a la nueva figura de vivienda asequible incentivada o protegida, que se aplicará a los pisos arrendados a administraciones públicas, entidades del tercer sector o acogidos a algún programa público de vivienda que limite la renta del alquiler.

Del mismo modo, también se podrán beneficiar de una reducción del 60% todos aquellos propietarios que hubieran llevado a cabo obras de rehabilitación y mejora en los dos años anteriores.