Laporta pide al Gobierno eliminar los avales del Barça para proteger su patrimonio

Joan Laporta interrumpió el pasado domingo la asamblea de socios justo cuando se iban a someter a votación los dos puntos que van a decidir el futuro del Fútbol Club Barcelona, según sus propias palabras. Por un lado, la nueva financiación de 1.500 millones de euros para reconstruir el Camp Nou. Por otro, el artículo 67 de los estatutos que obliga a la junta a dimitir si se registran pérdidas en dos años consecutivos. El presidente ha ido más lejos y ha pedido al Consejo Superior de Deportes (CSD) cambiar la Ley del Deporte que obliga a los directivos a avalar con su patrimonio personal el 15% del presupuesto si el club registra números rojos, como le ocurre actualmente al Barça.

Según han confirmado varias fuentes, Laporta se ha reunido con Albert Soler, director general del CSD y ejecutivo del FC Barcelona durante siete años, hasta el pasado mes de mayo. El abogado catalanista le ha pedido a Soler revisar la disposición cuarta de la Ley del Deporte aprobada en 1995, cuando los clubes de la Primera y Segunda División se convirtieron en sociedades anónimas. Solo el Barça, el Real Madrid, el Athletic de Bilbao y el Atlético Osasuna evitaron tener accionistas en lugar de socios a cambio de que los miembros de la juntas directivas, mancomunadamente, cubriesen con un aval bancario el 15% del presupuesto.

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Este asunto ya fue clave para Laporta, que solo consiguió reunir garantías por 124,6 millones en la misma madrugada previa a ser nombrado presidente del FC Barcelona. Como la mayoría de los miembros de su junta no tenían dinero, incluida la vicepresidenta, Elena Fort, y el vicepresidente deportivo, Rafael Yuste, el abogado llegó incluso a ponerse en manos de un fondo buitre. Al final, tuvo que recurrir a los avales de Jaume Roures, el productor audiovisual de Mediapro, y a los de José Elías, dueño de Audax Renovables, personas ajenas a su equipo original, para poder cumplir con la norma. De lo contrario, el club hubiera tenido que convocar nuevas elecciones.

Esta situación vuelve de nuevo a estar encima de la mesa, ya que si los socios compromisarios no aprueban la modificación del artículo 67, Laporta debería dimitir, según ha declarado en una de las numerosas entrevistas de la última semana para convencer a los votantes.

Una decisión que sería un terremoto para un club en quiebra técnica, salvo que el CSD escuche su propuesta de cambiar la Ley del Deporte y su junta no tenga la obligación de avalar los 114,75 millones de la temporada actual, cuyo presupuesto asciende a 765 millones. El presidente del Barça le ha pedido a Soler que las garantías se reduzcan a cero, ya que considera que la normativa se redactó hace ahora 26 años cuando los clubes tenían balances mucho más modestos, que apenas llegaban a los 100 millones en el mejor de los casos.

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Según Laporta, este porcentaje del 15% pone en riesgo el patrimonio personal de los directivos, debido a que los presupuestos se han disparado incluso hasta los 1.000 millones, como ocurrió en el último año de Josep Maria Bartomeu. Unas cifras que han obligado a algunos de los directivos a rehipotecar sus casas para poder ser miembros de la junta y cubrir el aval conjunto. El propio Laporta tuvo que poner como garantía su ático en plena avenida Diagonal, valorado en cerca de cuatro millones.

Apoyo de Florentino

La solicitud de Laporta al CSD, que ya tuvo manga ancha con el Barça al eximirle de forma excepcional de cumplir con esta ley por el covid-19, está respaldada curiosamente por el Real Madrid. Su presidente, Florentino Pérez, ha utilizado la cuestión monetaria de los avales para evitar que cualquier socio madridista que no tuviera una fortuna de esa dimensión pudiera disputarle la presidencia del club blanco. Así ha ocurrido desde 2009, 12 años en los que ha habido cuatro procesos electorales sin votación por ausencia de candidatos.

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Según distintas fuentes, el apoyo de Florentino Pérez, que no tiene problemas en avalar gracias a su patrimonio personal, a Laporta se explica por el respaldo del presidente del eterno rival al proyecto de la Superliga liderado por el jefe de la casa blanca y al rechazo al acuerdo entre LaLiga y CVC Capital Partners. El gerente culé es, junto con el de la Juventus de Turín, el único que aún mantiene vivo el deseo de Pérez de hacer una competición que sustituya la actual Champions League.

Una iniciativa de 5.000 millones de euros anuales a la que han renunciado ya los clubes ingleses (Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal y Tottenham Hotspur), los franceses (PSG), los italianos (Milan e Inter de Milán) y el alemán (Bayern), además del Atlético de Madrid, y a la que se opone frontalmente la UEFA. Madrid y Barça la siguen empujando gracias a las decisiones judiciales a su favor.