Laporta pide 70 M a un fondo oportunista para completar el aval y presidir el Barça

Joan Laporta espera ser oficialmente presidente del Fútbol Club Barcelona esta semana, más de ocho días después de haber ganado las elecciones. El motivo de este retraso es la consecución de un aval de 125 millones de euros, condición indispensable para sentarse en el palco del Camp Nou. Según fuentes próximas a las conversaciones, Laporta y su junta directiva han tenido que recurrir a un fondo estadounidense oportunista para cubrir estas garantías, ya que solo han podido reunir patrimonio por cerca de 50 millones.

Según estas mismas fuentes, esos 50 millones han sido facilitados por el Banco Sabadell, que previamente ha comprobado que el equipo del abogado azulgrana dispone de activos, principalmente inmobiliarios, por esa cantidad. Entre otros, su ático de dos plantas y más de 300 metros cuadrados en plena Avenida de la Diagonal de Barcelona. De hecho, la institución financiera había rechazado otro tipo de garantías, como acciones de empresas cotizadas, al considerar que la oscilación de los precios en bolsa introducía una volatilidad que no aseguraba el importe a cubrir en el caso de que bajasen.

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El Confidencial

El problema han sido los 70 millones restantes, es decir, el 60% de la cantidad exigida y que la junta de Laporta no podía garantizar y que son esenciales para poder ser investido presidente. Según fuentes cercanas a las conversaciones, que han sido lideradas por JB Capital Markets, el bróker de Javier Botín, hermano de Ana Botín, presidenta del Banco Santander, este importe va a ser facilitado por un fondo oportunista estadounidense cuyo nombre no quiere ser identificado. Es lo que se conoce como un contraaval.

Al disponer de esta segunda garantía, el Sabadell ya puede financiar la totalidad de los 125 millones, ya que, en caso de incumplimiento por parte de la junta, sería el fondo buitre el que respondería por el equipo de Laporta. A cambio, y dadas las dificultades económicas del nuevo presidente, fuentes financieras señalan que la directiva tendrá que pagar una comisión de más del 5%, entre la suma del coste de estudio, formalización y riesgo. Por tanto, más de seis millones de euros por temporada.

Las gestiones para obtener el aval han sido dirigidas desde la candidatura de Laporta por parte de Jaume Giró, exdirectivo de La Caixa. Sin embargo, una vez encaminadas las negociaciones con el Sabadell y, sobre todo, con el fondo oportunista, Giró presentó por sorpresa su renuncia el pasado sábado al cargo de vicepresidente económico en la nueva junta. Un varapalo a los planes del abogado, ya que la quiebra técnica del club es el talón de Aquiles de la entidad deportiva blaugrana.

Causa de disolución

El aval es una exigencia de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) para que los directivos, en el que caso de que los clubes pierdan dinero, cubran con sus recursos personales el agujero patrimonial. En el caso del Barça, los números rojos de este año van a superar los 150 millones, tras los 97 millones negativos registrados la pasada campaña. La primera temporada del covid no se ha contabilizado para que la junta saliente de Bartomeu aportase su dinero personal por una decisión del Consejo de Ministros de Pedro Sánchez, que también ha salvado de este problema al Real Madrid, Athletic de Bilbao y Osasuna.

Pero esta regla sí entrará en aplicación en la temporada actual, la 2020-2021, que acaba el 30 de junio, fecha en la que el FC Barcelona tendrá un patrimonio negativo de unos 120 millones. Estará, técnicamente, en causa de disolución, quiebra de la que inicialmente se salvará al no ser una sociedad anónima deportiva, como la mayoría de los clubes de Primera y Segunda División, con la excepción además de los citados Real Madrid, Athletic y Osasuna.

Por tanto, el club estará obligado a vender activos —jugadores— o patrimonio inmobiliario para tapar ese agujero. La otra alternativa, descartada por ahora por Laporta, es convertir al club en sociedad anónima, por lo que dejaría de ser propiedad de los socios, que serían sustituidos por accionistas.