El Barça de Laporta, listo para llevar ante la Fiscalía a la junta de Bartomeu

El FC Barcelona está calentando motores para llevar ante la Fiscalía a Josep Maria Bartomeu y su junta si la asamblea prevista para este mes de octubre demanda la acción de responsabilidad y vota a favor de la misma, algo que fuentes del club prevén que acabe pasando. Por eso está trabajando para la junta de Joan Laporta el penalista Josep Ramon Sorni, un abogado de la órbita de Cristóbal Martell. La misión de Sorni es aportar el material que necesitará el fiscal para armar una causa penal contra sus predecesores. La asamblea de socios todavía no tiene fecha, pero los 487 millones de pérdidas que ha dado el club en el cierre de las cuentas auguran que este será el resultado, incluso aumentado algo más por la actual junta.

Esto solo sería el primer paso de la estrategia legal. El segundo será intentar que un juzgado les otorgue unas medidas cautelares para suspender el aval, ya sea de manera total o parcial, que suma 124,6 millones de euros. En noviembre vencen los 30 millones de aval que aportó el dueño de Mediapro, Jaume Roures. Pero eso no elimina los problemas de Laporta y su junta, aunque su aval ya no sea necesario por la rebaja del presupuesto. El alivio financiero ha llegado tras la salida de Leo Messi y después de que muchos jugadores se hayan reducido el salario a cambio de alargar sus contratos, como es el caso del defensa Gerard Piqué, cuyo recorte salarial se ha vinculado a que su último año de contrato, 2024, no sea opcional, condicionado como estaba a una serie de objetivos. Ahora Piqué acabará en 2024 haga lo que haga.

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Portavoces del club 'blaugrana' han explicado que “la decisión de las iniciativas están en manos de la asamblea. Por lo tanto, cuando se celebre, será este órgano el que dirá a la junta qué decisión hay que tomar según las cuentas que se presenten. Y hasta entonces, no podemos avanzar nada”.

Las medidas cautelares para suspender el aval pueden ser parciales, por ejemplo, pidiendo al juez que no incluya las pérdidas hasta que se dirima si son o no responsabilidad de la junta de Bartomeu, o la suspensión total del aval hasta que se dirima qué junta es la responsable, la de Bartomeu o la de Laporta. Las fuentes jurídicas consultadas consideran que la opción con más posibilidades sería la primera, lo que permitiría una salida limpia de Roures, pero no del resto de avalistas de la junta.

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Esta estrategia resultará polémica y abrirá una batalla legal. Bartomeu y sus directivos alegarán que no se les pueden imputar unas pérdidas de unas cuentas que en realidad ha cerrado Laporta. Bartomeu dimitió el 28 de octubre de 2020. Joan Laporta llega a la presidencia el 7 de marzo de 2021, cinco meses después. Durante ese tiempo, el club estuvo presidido por una gestora, que encabezó Carles Tusquets. Cuando Tusquets defendió que había que vender a Leo Messi, la masa social le saltó al cuello y Laporta se sumó de manera entusiasta. Ciertamente, Laporta no lo vendió. Le tuvo que dejar ir gratis al PSG.

Batalla legal

La inminente batalla legal se vivirá en dos frentes: el de la Fiscalía, para determinar si hay delitos susceptibles de ser perseguidos por la vía penal o no, y el de la acción de responsabilidad para determinar qué porcentaje de pérdidas puede imputarse a Bartomeu y su equipo, como pretende la junta de Laporta, y qué parte es imputable a que Joan Laporta ha hinchado los números rojos para dar el año siguiente mejores resultados.

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Laporta ha tomado decisiones contables controvertidas, como renunciar a finales de agosto a reclamar a Neymar 16,5 millones de euros, que el FC Barcelona ya había ganado en primera instancia, o el cierre de las propias cuentas del año 20-21, en las que se habrían provisionado en exceso para luego liberar dichas provisiones y dar más beneficios al año siguiente.

Precedente con Sandro Rosell

El Barça vive tiempos convulsos, que incluso afectan a uno de sus principales patrocinadores, Rakuten. Una carta clave será la auditoría que han solicitado Laporta y su junta sobre la gestión de sus predecesores, y que según los laportistas afectaría al denominado Espai Barça, el proyecto urbanístico que se va a llevar a cabo en los terrenos donde estuvo el Mini Estadi, en el barrio de Les Corts.

En 2010, la junta de Sandro Rosell ya impulsó una acción de responsabilidad contra sus predecesores en una asamblea de compromisarios que le dio luz verde con una resultado muy ajustado. Al final, el FC Barcelona se desgastó en largos juicios que acabaron siete años después tras un pacto para superar la división que se había creado en la masa social del club. Esta moción de censura fue contra Laporta, y Bartomeu era el número dos de Rosell, que luego asumió la presidencia. Así que la nueva situación tiene un inevitable aroma de revancha.