Del Olmo demanda a Iberdrola por los pagos irregulares a CiU desde Massachussets
La persona que se ha convertido en testigo clave del caso Villarejo con la eléctrica ha interpuesto una demanda por adjudicarle el abono de estas facturas ilegales a Duran i Lleida
Las imputaciones de Isidre Fainé y Antonio Brufau, presidentes de La Caixa y de Repsol, respectivamente, por la contratación de José Manuel Villarejo han generado tensión en Iberdrola, que también se sirvió de los servicios del comisario jubilado durante más de una década. A la espera de si el juez Manuel García-Castellón adopta las mismas medidas con los altos cargos de la eléctrica, la compañía, de momento, tiene que hacer frente a una demanda que el testigo clave del caso con el funcionario público ha presentado en un juzgado de Bilbao por responsabilizarle de la entrega de dinero a fundaciones vinculadas con Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).
Como publicó El Confidencial el pasado 11 de febrero, Iberdrola financió al partido dirigido por Duran i Lleida, miembro de la ejecutiva de Convergència i Unió de Artur Mas, a través del Institut d´Estudis Humanístics Miquel Coll i Alentorn, fundación conocida como Inehca y constituida por Unió como 'think tank' democristiano. Lo hizo mediante la entrega de tres facturas de 100.000 euros cada una devengadas por Central Maine Power Company, Maine Electric Power Company y Norvarco, tres filiales de la eléctrica con sede en Massachusetts y que dan servicio de electricidad a ciudadanos de Maine y Nueva York.
Aquellas operaciones se hicieron en mayo de 2012, como confirmó la propia Iberdrola, que responsabilizó de esas transferencias irregulares a José Antonio del Olmo. Según la compañía, "Del Olmo, apoyado en la opinión de la abogada responsable de temas corporativos, quien no había informado de la operación a los responsables de Servicios Jurídicos de Iberdrola, ordenó su pago". La energética argumentó que "la unidad de Control de Iberdrola USA, vistas las urgencias mostradas por Del Olmo en la ejecución del pago, alertó sobre la posible disconformidad a derecho de la operación a los responsables jurídicos internos tanto de EEUU como de España".
Ante tal aseveración, el que fuera 'controller' o supervisor de facturas en Iberdrola ha decidido interponer una demanda contra la compañía energética, que a su vez le ha puesto dos, una de ellas por tener de forma ilegal y difundir información confidencial interna. Según fuentes jurídicas, en su demanda, el ya jubilado empleado del grupo presidido por Ignacio Sánchez Galán ha presentado documentación que acredita que los pagos al partido catalanista fueron requeridos por altas instancias de la cúpula del grupo eléctrico.
Iberdrola, al comprobar que aquellos abonos podían "no ser conforme a derecho", es decir, ilegales, ordenó detener la entrega de los 300.000 euros a Duran i Lleida y dejarla sin efecto. La compañía, según su versión oficial, trasladó el caso a la Comisión del Código Ético (hoy Unidad de Cumplimiento) para la investigación de una posible responsabilidad de los intervinientes. Pero dicha comisión concluyó que no debía "acometer acción alguna, ya que la operación no se ha llegado a ejecutar al cancelarse los pagos requeridos por Del Olmo".
Lo cierto es que el dinero sí llegó a una cuenta de CDC en CaixaBank. Según fuentes próximas al caso, ante la alerta dada por los responsables de las filiales estadounidenses, que no comprendieron cómo desde Massachusetts se financiaba una fundación catalana, Iberdrola pidió a Duran i Lleida que devolviese el dinero cuando pudiera. El fin era abortar un escándalo que en Estados Unidos suele tener graves repercusiones, ya que las empresas deben comunicar a qué organizaciones políticas financian y las cantidades que pagan.
El partido del político, que después apoyó la independencia de la comunidad autónoma, no disponía en aquel momento de liquidez suficiente, por lo que reintegró a plazos el dinero recibido de Iberdrola, que, según otras fuentes, le ayudó posteriormente por otros canales. Finalmente, acabó quebrado.
Las imputaciones de Isidre Fainé y Antonio Brufau, presidentes de La Caixa y de Repsol, respectivamente, por la contratación de José Manuel Villarejo han generado tensión en Iberdrola, que también se sirvió de los servicios del comisario jubilado durante más de una década. A la espera de si el juez Manuel García-Castellón adopta las mismas medidas con los altos cargos de la eléctrica, la compañía, de momento, tiene que hacer frente a una demanda que el testigo clave del caso con el funcionario público ha presentado en un juzgado de Bilbao por responsabilizarle de la entrega de dinero a fundaciones vinculadas con Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).
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