Florentino Pérez prepara una demanda de 2.600 millones contra Iberdrola por Villarejo

Florentino Pérez quiere cobrarse su particular venganza 10 años después de que Ignacio Sánchez Galán le endosara su mayor, abultada y hasta la fecha única derrota corporativa. El presidente de ACS prepara una demanda multimillonaria contra Iberdrola, que entre 2006 y 2012 evitó que la constructora del mandatario del Real Madrid tomase el control del grupo eléctrico tras gastarse 8.500 millones de euros en comprar el 20% del capital. Un bloqueo para el que presuntamente usó los servicios ilegales del comisario José Manuel Villarejo para espiarlo.

Según han confirmado fuentes judiciales, Florentino Pérez ya tiene preparada la demanda, por la que va a reclamar 2.600 millones. Ese es el importe en el que ACS cifra el daño causado por Sánchez Galán por impedir que la constructora tuviese siquiera representación en el consejo de administración, pese a ser dueña del 20% del capital. La reclamación judicial la ha preparado José Luis del Valle, el hombre de máxima confianza del presidente del Real Madrid y secretario del consejo de administración de la constructora. Se presentará si el juez de la Audiencia Nacional imputa a Iberdrola, como ha hecho con BBVA, por los pagos a Villarejo.

De esta forma, ACS responderá al intento de Iberdrola de echar a Florentino Pérez como perjudicado del caso que investiga la Audiencia Nacional sobre las relaciones de la eléctrica con Villarejo, al que contrató presuntamente para espiar al ingenierio de Caminos en plena lucha por el control de la multinacional energética. La eléctrica encargó a tres personas afines que hicieran esta reclamación al juez García-Castellón, que rechazó su petición.

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Como publicó El Confidencial el pasado 21 de enero, un empleado actual de Iberdrola, Juan Carlos Rebollo, y el que fuera número dos de la eléctrica José Luis San Pedro pidieron al juez que Florentino Pérez no se personara en los interrogatorios llevados a cabo "en calidad de perjudicado u ofendido", al considerar ambos directivos que el hecho objeto de la investigación se circunscribe a proyectos contratados por Antonio Asenjo, el jefe de Seguridad, con Cenyt, la sociedad de Villarejo, por "asuntos relativos a la seguridad de Iberdrola que no le afectan en absoluto".

A este recurso se sumó unos días más tarde Pablo Insunza, otro alto directivo de Iberdrola, imputado como los dos anteriores en la pieza 17 del llamado caso Tándem por la contratación de los servicios de Villarejo. Los tres aparecen vinculados a los pagos al comisario de policía, actualmente en prisión, según detalla en un informe el testigo clave, José Antonio del Olmo, ahora también bajo investigación. Un documento que se ha convertido en la piedra de bóveda del caso.

Sin embargo, García-Castellón ha denegado la petición de estos directivos al "apreciar elementos evidentes de conexión del Sr. Pérez con los hechos objeto de investigación". Para el magistrado, "la legitimación que ostenta el Sr. Pérez para formar parte del procedimiento como perjudicado le habilita para comparecer y actuar en él en defensa de sus legítimos derechos e intereses como acusación particular", debido a las "hipótesis plausibles" sobre el espionaje sufrido a cargo de Villarejo.

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El presidente del Real Madrid se personó en la causa al aparecer su nombre en una de las grabaciones intervenidas al director de Seguridad de Iberdrola, al que la compañía destituyó al conocerse los audios publicados por este medio. En las conversaciones de Asenjo con Villarejo, se llega a decir que "me sale más barato matarle", en referencia a algunas de las sugerencias del comisario al ejecutivo de la eléctrica para buscarle asuntos oscuros de su vida personal.

ACS se gastó más de 8.500 millones de euros en alcanzar el 20% de Iberdrola. Pero la mayoría de esa inversión la hizo con deuda prestada por bancos como UBS y Société Générale. Cuando en 2012 tuvo que hacer frente a esos créditos, la banca le exigió nuevas garantías por la caída de la eléctrica en bolsa. Y al no disponer de más dinero, la constructora vio cómo sus acreedores le ejecutaron parte de las garantías y se quedaron con parte de las acciones de Iberdrola. Las pérdidas, que llevaron a ACS a cotizar en mínimos históricos, a poco más de 11 euros por título, se estimaron en 2.600 millones.

Fue su gran claudicación particular, que puso incluso en riesgo su patrimonio personal. Como el de sus socios del núcleo duro de ACS, entre los que estaban los March, los Albertos y los Fluxà, dueños de Iberostar.