El consejo de Repsol y la vicepresidenta Calviño: claves para Brufau y Fainé

Las imputaciones de Antonio Brufau, presidente de Repsol, e Isidre Fainé, presidente de la Fundación la Caixa por el juez del caso Villarejo, podría tener derivadas en sus empresas, tanto aquellas en las que ejercen como presidentes como en las que están como consejeros.

Los dos altos directivos se exponen a potenciales revisiones de su idoneidad por el consejo de la petrolera, en el caso de Brufau, y del Ministerio de Economía, en el de Fainé, ya que la fundación catalana habría descartado 'a priori' cualquier tipo de medida, según las fuentes consultadas. Pero, además, el histórico ejecutivo catalán forma parte también del consejo de administración de Telefónica y es presidente de honor de Naturgy.

La Audiencia Nacional decidió imputar a Brufau y Fainé este jueves por un posible delito de cohecho activo debido a la contratación de Villarejo por parte de Repsol y CaixaBank entre 2011 y 2012 para investigar al expresidente de Sacyr Luis del Rivero. Los dos directivos alegarán ante el juez que el contrato con Cenyt —la empresa de Villarejo— fue puntual y que desconocían cualquier tipo de irregularidad en que pudieran estar incurriendo, incluyendo la vinculación con el comisario en activo.

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Aun así, los códigos de buen gobierno establecen que las empresas y los supervisores tengan en cuenta cualquier novedad judicial que pueda afectar a la idoneidad de los altos cargos de las empresa. Ya sea en procesos penales o administrativos.

En el caso de Fainé, la fundación que preside está sujeta a la supervisión del Ministerio de Economía y del Banco de España. Ambas instituciones no hicieron comentarios sobre esta posibilidad.

El régimen de la revisión de la idoneidad en el sector financiero es ambiguo, ya que no establece cuándo un consejero o directivo pierde su honorabilidad, sino que lo deja a interpretación de los supervisores.Las fundaciones bancarias se regularon por la Ley 26/2013, que en su artículo 3.2 establece que sus responsables "deberán reunir los requisitos de honorabilidad, experiencia y buen gobierno exigidos por la legislación aplicable a estos efectos a los miembros del órgano de administración y cargos equivalentes de los bancos". En el caso de las entidades, el Banco de España se rige actualmente por la normativa europea que dicta el Banco Central Europeo (BCE) dentro de la guía para la evaluación de la idoneidad.

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Normativa ambigua

El Gobierno de Rajoy desarrolló para ello un Real Decreto, el 84/2015, en el que considera que "la existencia de investigaciones relevantes y fundadas, tanto en el ámbito penal como administrativo" son uno de los motivos para revisar la idoneidad en las fundaciones. Aun así, señala que no hay por qué revisarla de forma automática: "No se considerará que hay falta de honorabilidad sobrevenida por la mera circunstancia de que, estando en el ejercicio de su cargo, un consejero, director general o asimilado, u otro empleado responsable del control interno o que ocupe un puesto clave en el desarrollo de la actividad general de la entidad sea objeto de dichas investigaciones".

Por su parte, el BCE establece que "los procedimientos judiciales penales o administrativos, u otros procedimientos regulatorios de naturaleza similar, tanto concluidos como pendientes de resolución, pueden tener un impacto en la reputación de la persona designada y de la entidad supervisada". "El simple hecho de que una persona esté, o haya estado, incursa en tales procedimientos es relevante para su honorabilidad", añade. El supervisor europeo escribe que las causas judiciales pueden tener impacto en la idoneidad aunque se salden a favor del imputado/demandado. Por ello, fija que las entidades deben notificar cualquier causa al abrirse.

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"El supervisor valorará la importancia de los hechos y su impacto en la reputación de la persona designada y de la entidad supervisada, incluido el impacto acumulado de incidentes menores en la reputación de la persona designada", añade el BCE. Aunque Fainé ha estado imputado en otras causas judiciales recientes de la Audiencia, como la de The Bank of East Asia y BPI, ninguna de ellas ha resultado en una sentencia de culpabilidad.

Brufau y el precedente de Mario Fernández

En el caso de Brufau, su imputación por cohecho abre la puerta a que el consejo de administración de la petrolera estudie el cese del máximo responsable de la empresa. Según el reglamento del consejo de administración de Repsol, "los consejeros deberán poner su cargo a disposición del consejo de administración y formalizar, si este lo considera conveniente, la correspondiente dimisión". Esta posibilidad se da en determinados casos. Entre los mismos, la petrolera destaca que puede ser razón de cese de un consejero "cuando a juicio del consejo, previo informe de la comisión de nombramientos, su permanencia en el consejo pueda poner en riesgo los intereses de la sociedad o afectar negativamente al funcionamiento del propio consejo o al crédito y reputación de la sociedad".

[Consulte aquí el reglamento del consejo de administración de Repsol]

Preguntado por esta posibilidad, Repsol ha declinado hacer comentarios aunque posteriormente fuentes oficiales de la compañía negaban a EFE cualquier conducta ilegal de consejeros por encargos a Villarejo. De esta forma, las consecuencias que pudieran derivarse de la imputación judicial de Brufau para su continuidad como primer espada de la firma del Ibex 35 corresponden, en primer lugar, a la comisión de nombramientos. Este órgano tiene la responsabilidad de presentar un informe al consejo en el que evalúe si la situación judicial del presidente puede poner en riesgo los intereses de la sociedad o afectar negativamente a su crédito, funcionamiento o reputación.

La tarea recae sobre cinco consejeros que componen dicho órgano: Carmina Ganyet i Cirera es la presidenta de la comisión, y como vocales están Aurora Catá Sala, Arantza Estanía Larrañaga, Teresa García-Milá Lloveras y Mariano Marzo Carpio.

En una situación similar se encuentra el actual secretario del consejo de administración y consejero externo, Luis Suárez de Lezo. Según el auto de imputación conocido este jueves, es otro de los que el juez de instrucción García-Castellón ha llamado a declarar como investigado. Además de consejero, Suárez de Lezo fue director general de Repsol desde 2005 a 2019, momento en que abandonó sus funciones ejecutivas previo pago de una indemnización de 19,6 millones de euros.

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Existe un caso reciente en que el consejo de administración de Repsol decidió prescindir de uno de sus consejeros involucrado en un caso de corrupción. El que fuera presidente de la BBK (antigua Kutxabank) Mario Fernández presentó su dimisión como consejero de Repsol en 2018 después de que se le condenara por un delito de apropiación indebida por pagos irregulares al exdelegado del Gobierno en el País Vasco Mikel Cabieces mientras Fernández presidía el banco. En ese momento, la compañía indicó que "el motivo de su dimisión ha sido el conocimiento de la sentencia del Tribunal Supremo desestimando el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Vizcaya con fecha 20 de marzo de 2017".

Otra complicación a la que se enfrenta la petrolera es que alguno de sus accionistas destacados con elevadas exigencias de ESG (siglas en inglés de criterios de medio ambiente, sociales y de gobernanza) pida responsabilidades. Norges Bank, por ejemplo, es uno de los inversores de la cotizada (tiene un 2,48% de la petrolera, según la CNMV) con estándares más elevados en este sentido. El fondo soberano noruego, uno de los más influyentes a nivel mundial, ha puesto bajo vigilancia a diversas compañías que tenía en su cartera por motivos de corrupción, entre otras causas. Incluso, si posteriormente no se ha subsanado dicha circunstancia, ha decidido desinvertir.

Consejero de Telefónica

La imputación de Fainé afecta también a Telefónica, donde el banquero es vicepresidente del consejo de administración. Es, 'de facto', el hombre con más influencia en el máximo órgano de dirección de la operadora, en el que está sentado desde 1994. El presidente de la Fundación Bancaria la Caixa tiene su asiento en la compañía de telecomunicaciones en representación de la participación del 6,2% que suman los paquetes de CaixaBank y de Criteria, el principal accionista individual de la sociedad.

Al estar imputado, Fainé tiene que comunicar esta condición judicial al consejo de administración para que este pueda valorar si la situación podría "perjudicar al crédito o reputación" de la compañía, según el reglamento del consejo de administración de Telefónica. Un hecho que el 'alma mater' de La Caixa deberá cumplir la próxima semana, en la reunión que el órgano de gestión de la operadora celebrará antes de la junta general de accionistas, prevista para el 23 de abril.

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A partir de ese momento, según el artículo 12, el consejo "examinará el caso tan pronto como sea posible y, atendiendo a las circunstancias concretas, decidirá, previo informe de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno, las medidas a adoptar". Entre ellas, "la petición de dimisión de dicho consejero, que este deberá aceptar, o la propuesta de cese a la siguiente junta general".

Fuentes próximas a Telefónica confían en que Fainé recurra su imputación, lo cual dilatará cualquier medida en el seno de la operadora, presidida por José María Álvarez-Pallete. Además, dada la gran relación del banquero con el número uno de la compañía, se da por hecho que Pallete no forzará su dimisión. Al contrario, fuentes próximas al grupo argumentan que el banquero ha sido su principal escudo protector cuando algunos accionistas han pedido un giro drástico en la gestión por la evolución bursátil de la compañía.

Presidente de honor de Naturgy

La imputación del presidente de la Fundación Bancaria la Caixa, Isidre Fainé, también toca a Naturgy, cuyo máximo accionista es Criteria Caixa. Fainé es presidente honorífico de la multinacional energética de la que fue presidente no ejecutivo hasta 2018, cuando fue sustituido por Francisco Reynés. Según señaló la compañía entonces, "se acordó el nombramiento de Isidre Fainé Casas como presidente de honor, garantizando así la continuidad en los valores de gestión de la empresa en estos momentos en los que se enfrenta a importantes retos".

Aunque se trata de un cargo honorífico y simbólico, el consejo de administración de Naturgy tendrá que decidir sobre su continuidad. La imputación llega en un momento corporativamente sensible para la energética española: en plena opa de IFM sobre el 22,69% del capital, para lo que el inversor institucional australiano está dispuesto a invertir 5.000 millones.

IFM Investors, que hace gala de elevados estándares de ESG, encuentra en plena opa que el presidente de honor de Naturgy está imputado

El primer punto del código ético de Naturgy es el "respeto a la legalidad, derechos humanos y a los valores éticos". Según el mismo, "Naturgy asume el compromiso de actuar siempre de acuerdo con la legislación vigente, con el sistema normativo interno establecido con las prácticas éticas internacionalmente aceptadas con respeto a los derechos humanos y las libertades".

En dicha normativa interna, el punto séptimo trata de corrupción y soborno. "La corrupción y el soborno aparecen cuando los empleados hacen uso de prácticas no éticas para la obtención de algún beneficio para la compañía o para ellos mismos. La corrupción y el soborno son una de las categorías de fraude. Naturgy se declara contrario a influir sobre la voluntad de personas ajenas a la compañía para obtener algún beneficio mediante el uso de prácticas no éticas. Tampoco permitirá que otras personas o entidades puedan utilizar esas prácticas con sus empleados". Por último, el punto octavo habla de pagos irregulares y blanqueo de capitales: "Naturgy establece políticas para prevenir y evitar en el transcurso de sus operaciones la realización de pagos irregulares o blanqueo de capitales con origen en actividades ilícitas o delictivas".