La sentencia del máster de Cifuentes, un alivio para los hombres fuertes del Ibex 35

No solo la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, respiró aliviada el pasado día lunes, cuando se conoció la sentencia del llamado 'caso máster'. A sus colegas del circo político que están a la espera de juicios similares también les entró una sonrisa al saber que, pese al reconocimiento del delito, la beneficiaria no iba a pagar por el chanchullo y sí las personas que habían intermediado para que la exlíder del Partido Popular tuviese su flamante cualificación académica que le ha servido para convertirse en tertuliana 'prime time'.

La sentencia también cayó como un suspiro en los numerosos bufetes de abogados, como Garrigues, Albiñana y Cuatrecasas, de la 'City' madrileña que trabajan a cambio de suculentas minutas para evitar que las grandes compañías del Ibex 35 sean condenadas por la contratación a gran escala del excomisario de policía, José Manuel Villarejo. La compra de los servicios del agente encubierto ha provocado un seísmo en los consejos de administración de las multinacionales españolas, como BBVA, Iberdrola, Repsol y Caixabank, que han tenido que reconocer ante los reguladores oficiales y ante sus grandes inversores que encargaban trabajos poco transparentes a un señor que lleva tres años en la cárcel por pinchar teléfonos, grabar conversaciones y crear pruebas falsas.

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Pero la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid ha suavizado los miedos a tener que dimitir por la presunta responsabilidad en los pagos a Villarejo, ya que la sentencia enfatiza que las que propiciaron el delito de falsificación del máster fueron la asesora de Cifuentes y la profesora que alteró la nota –ambas condenadas a prisión–, mientras que el juez no ha hallado pruebas de que la presidenta forzase o instase a estas a cometer la ilegalidad. Es decir, como decía la Fiscalía, Cifuentes "no se manchó las manos" y han pagado el pato dos personas anónimas que actuaron por supuesto miedo a perder sus trabajos.

En los casos de BBVA, Iberdrola, Repsol y Caixabank que investiga la Audiencia Nacional se da una circunstancia muy parecida. Todas han admitido que pagaban a Villarejo por presuntos trabajos que poco tenían que ver con los encargos reales descritos en las facturas. En otras palabras, se hacían facturas presuntamente falsas para justificar la contratación del policía, que estaba en activo en el cuerpo y a la vez cobraba del Ibex. Pero todos los presidentes de estas compañías, conocidos por su gestión personalista, por el 'ordeno y mando', procuraron poner las suficientes capas de cebolla para que, de haber algún delito, nunca los salpicara a ellos.

Con la excepción de Francisco González, el único imputado entre los grandes ejecutivos y una vez que ya había dejado el banco, los hombres fuertes del Ibex 35 andan bastante tranquilos de que la actuación del magistrado Manuel García-Castellón no les llegará a las barbas: Ignacio Sánchez Galán, Antonio Brufau, Isidro Fainé, entre otros nombres que han aparecido en la documentación judicial investigada en el caso Villarejo. Difícilmente encontrará el juez papel alguno que certifique que intervinieron directamente en estas tramas. Habrá indicios, sospechas con cierta solidez, declaraciones de testigos que apuntarán arriba. Pero ninguna prueba en firme que los señale en primera persona.

Los hombres fuertes del Ibex 35 andan bastante tranquilos de que la actuación del magistrado García-Castellón no les llegará a las barbas

Porque de esos asuntos poco transparentes, de pagar por investigar o intervenir conversaciones telefónicas, de sufragar a fundaciones de partidos políticos españoles –catalanes, para más señales—, desde sociedades en Massachusetts (Estados Unidos), a unos 5.000 kilómetros de aquí, se encargaban los jefes de seguridad, hombres de su máxima confianza que, al parecer, actuaban por su cuenta y riesgo. Eran de tal confianza que estos temas los despachaban en sus propias mansiones.

De momento, con la salvedad de Francisco González, la mayoría de los imputados son estos excomisarios de policía y exempleados de Prosegur que pasaron de ganar sueldos de obrero a recibir remuneraciones de alta dirección. Todos han declarado ya en la Audiencia Nacional. Todos fueron ya prejubilados o despedidos, como en el caso de BBVA e Iberdrola, con indemnizaciones millonarias. A diferencia de la asesora de Cifuentes y la profesora de la universidad, ninguno de estos pasará hambre ni apuros económicos, condición indispensable para asumir cualquier responsabilidad y poner a salvo a los máximos ejecutivos de las compañías cuyos membretes aparecen en los pagos a Villarejo.

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El juez, a diferencia de otros colegas con pretensiones de estrella, sigue excavando en la causa sin más intención de llegar hasta donde le dejen. Sobre todo cuando toque a la puerta del CNI, que según alguna declaración que está bajo secreto estaba al tanto de todo. También algún ministro de Defensa que fue informado y miró para otro lado antes de refugiarse en una embajada cuyo idioma original no dominaba.

Pero la sentencia sobre el 'caso máster' le complica buscar cualquier responsabilidad ulterior de quién realmente se benefició de las investigaciones ilegales de Villarejo, las compañías y sus presidentes, que le utilizaron para neutralizar a rivales que querían comprar o controlar la empresa que dirigían, como ACS con Iberdrola o Sacyr con BBVA y Repsol. Intentos que quedaron en vano, en primer lugar porque estas constructoras no tenían dinero para ello y se endeudaron por encima de sus posibilidades y, en segundo término, porque se usó munición prohibida en guerras corporativas entre presuntos señores de bien.