La fiscal: "Cifuentes no se manchó las manos, pero la presión se ejerció en su nombre"

La Audiencia Provincial de Madrid celebró este viernes la última sesión del juicio contra Cristina Cifuentes por el llamado caso máster. La vista arrancó con el informe final de la fiscal Pilar Santos, que pide tres años y tres meses de cárcel para la expresidenta madrileña por la falsificación del acta con la que trató de acreditar sus estudios en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC): "Demasiadas irregularidades que curiosamente beneficiaban siempre a los mismos alumnos", criticó. "La señora Cifuentes, por su cargo, no se manchó las manos, pero es evidente que le urgía imperiosamente que la universidad le proporcionase una solución". La conclusión que expuso ante el tribunal fue tajante: "La presión se ejerció en su nombre". "Utilizó un documento oficial que sabía que no respondía a la realidad. Lo dirigió a miles de ciudadanos".

Como destapó El Confidencial, de las tres firmas que contenía el acta, dos de ellas fueron falsificadas poco después de que estallara la polémica en torno a su máster el 21 de marzo de 2018. "Por supuesto que estaba al tanto de cómo iban desarrollándose los acontecimientos. Por supuesto que la única, la primera y la última beneficiaria de ese acta era ella y su carrera política. Y tan pronto como tuvo ese acta y su expediente, procedió a exhibirlos en Twitter". La versión de Cifuentes pasa por que el 12 de julio de 2012, en plena celebración de la Eurocopa, con cientos de miles de personas en las calles de Madrid cuando ella era delegada del Gobierno, se escapó a Vicálvaro a presentar el trabajo de fin de máster, pero Santos echó por tierra esta idea: "Ni fue encontrado el trabajo ni el acta estaba en el servicio correspondiente".

Durante la presentación de su informe, la fiscal fue más allá del acta e incidió en las supuestas irregularidades en torno a los estudios de la expresidenta: "Nunca hubo comunicación con los profesores ni nunca la señora Cifuentes se interesó por las notas. Nada de lo manifestado por ella ha sido acreditado". También destacó la modificación de dos de las asignaturas —la del profesor Pablo Chico y la del TFM— en octubre de 2014 por parte de la funcionaria Amalia Calonge, compañera de la hermana de Cifuentes en la universidad. Gracias a estos cambios, la expresidenta pudo recoger su título en 2017, pero, como destacó Santos, Calonge no estaba autorizada para entrar en el sistema informático y realizar estos cambios. "Siempre aparecen los mismos protagonistas", denunció. " Hay ciertas irregularidades demasiado notorias".

Además de a Cifuentes, se juzga a la entonces directora del máster, Cecilia Rosado, y a la exasesora de la Consejería de Educación, María Teresa Feito. La primera ha reconocido que fue la autora de la falsificación y ha colaborado con la investigación, por lo que la Fiscalía pide 21 meses de cárcel para ella. Feito, por el contrario, ha defendido en todo momento su inocencia a lo largo del juicio, pero la Fiscalía mantiene la petición de tres años y tres meses de cárcel por hacer "las gestiones oportunas" entre la Comunidad de Madrid y la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) “con la finalidad de resolver la crisis". Para llegar a Cifuentes, la Fiscalía necesita atar el papel de las otras dos acusadas, por lo que este viernes arrancó su informe poniendo el foco en ellas. Si alguna se mantiene en pie, la estrategia del Ministerio Público se tambalea.

"Qué casualidad que la señora Feito llamase el día X a la persona indicada [Cecilia Rosado] y que todos supieran que la señora Feito guardaba conexión política con la señora Cifuentes", denunció la fiscal para subrayar las supuestas presiones que recibió la catedrática tanto de la exasesora de Educación como del exdirector del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde, fallecido en abril de 2019. "La señora Feito no llamó a Cecilia una vez para interesarse y luego lo dejó estar. La llamó una y otra vez, y no se puede negar el peso de la insistencia en un día tan delicado. Tampoco se pueden obviar frases como 'o eso se soluciona, o la señora Cifuentes os va a cortar la cabeza". Una vez escuchadas las declaraciones de las tres acusadas y de los tres testigos, la postura de la Fiscalía es clara: "En esencia, Cecilia dice la verdad".

Los dardos contra Feito fueron constantes en la intervención de la fiscal. "Entendemos que nada de lo que fue manifestado por ella en esta sala es veraz". También incidió en su pasado como profesora de inglés en la URJC para reforzar la idea de que hizo de intermediaria entre ambas partes: "A sabiendas de que ocupaba una posición privilegiada porque tenía un pie en uno y otro sitio, intervino activamente para tratar de remediar las consecuencias a las que pudiera enfrentarse la señora Cifuentes". Una tesis que apoyó a su vez en el hecho de que el 21 de marzo, el día que se falsificó el acta, la propia Feito acudió al rectorado mientras altos cargos de la URJC discutían la noticia qe había sacado esa misma mañana 'elDiario.es' sobre la supuesta falsificación de dos notas en el máster de Cifuentes.

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Pablo Gabilondo Infografía: Laura Martín Gráfico: Pablo López Learte Vídeo: Patricia Seijas

"En el acta del TFM, se falta a la verdad en relación a tres aspectos: en primer lugar, en relación a la fecha; en segundo lugar, en relación a los miembros que compusieron supuestamente ese tribunal, y en tercer lugar, en relación con lo que ese documento debía probar, es decir, que se había defendido públicamente el TFM de la alumna", subrayó la fiscal.

Los informes de las defensas

La sesión la cerró el abogado de Cifuentes, José Antonio Choclán. "Hemos oído las tesis de las acusaciones, ya han hecho valer las pruebas que tienen frente a la señora Cifuentes, y yo creo que el tribunal, experimentado, cómo no, podrá apreciar la debilidad, fragilidad y el voluntarismo a la hora de sostener indebidamente una acusación". El letrado no llevaba ni un minuto de intervención cuando lanzó su primer dardo a la Fiscalía: "Si se entiende respecto de una acusación particular por intereses privados, desde luego esta parte no la entiende respecto del Ministerio Público". "Nosotros podemos denunciar que lo que ha ocurrido es una acusación puramente selectiva, y decimos arbitraria en el sentido de no objetiva. Y, sobre todo, porque ha ido en contra de propios actos del Ministerio Fiscal y de los tribunales de Justicia".

En el resto de su informe mantuvo el tono agresivo, y tampoco dudó en señalar a la directora del máster: "Aquí de lo que se defendía la señora Cifuentes es de la participación como inductora de un delito ejecutado por la señora Rosado como autora material confesa de la falsedad de un documento público. Esa es la cuestión". Los ataques se sucedían y, mientras tanto, el abogado se iba poniendo y quitando sus gafas: "El comportamiento que califica como de inducción el Ministerio Fiscal es el que se describe en el escrito de acusación elevado a definitivo, no otro, es que le pidió a la señora Feito que hiciera las gestiones oportunas para resolver la crisis. Este es el hecho". "No se contiene en los escritos de acusación los presupuestos fácticos de una participación por inducción en un hecho punible", criticó.

Una y otra vez, Choclán volvió a la misma idea para atacar a la Fiscalía y tumbar su escrito de acusación: "Sostenemos de una manera categórica que no debió acusar en este proceso. Lo único que es capaz de aportar es que dio instrucciones a la señora Feito para resolver una crisis mediática. Con eso no tendría ni que haberse abierto juicio oral". "Ya nos despista completamente la acusación cuando acepta el miedo insuperable de doña Cecilia Rosado. Perdonénme la expresión, pero es para nota y para despiste de la defensa. Ahora resulta que no solo estamos en una inducción en cadena sino en una inducción por coacción", lanzó ante el tribunal. Apoyándose en ese razonamiento, su conclusión fue contundente: "No se puede venir a un juicio a dar brochazos".

En cuanto a la exhibición del acta en Twitter, el abogado descargó toda responsabilidad en el rector de la URJC, Javier Ramos, por facilitársela al equipo de la expresidenta: "El rector es quien pone en circulación el acta. El acta adquire trascendencia en el tráfico jurídico porque es él quien la pone en circulación. Y la pone en circulación a pesar de las dudas de autenticidad". "Un mínimo de diligencias hubiera exigido paralizar la difusión pública de documentos porque tampoco era necesario sin una previa indagación sobre su autenticidad". "El rector lo hizo y acto seguido abre un expediente informativo para verificar su autenticidad. No se puede reprochar ni atribuir a la señora Cifuentes que el documento falso haya tenido trascendencia pública". A esas alturas, Cifuentes ya asentía con la cabeza mientras su abogado seguía adelante.

Antes de Choclán, la defensa de Feito insistió a su vez en que ella no ordenó ni presionó para confeccionar el acta, argumentando que no era persona de confianza de Cifuentes: “A la luz de la prueba practicada, ¿se puede afirmar más allá de toda duda razonable que Feito actuó siguiendo instrucciones de Cifuentes? Es evidente que no. Ni era del entorno ni de la confianza de Cifuentes”. También recordó las declaraciones de testigos en las que quedó probado que en este máster de la URJC se falficaron otros documentos oficiales para otros alumnos, cuestión que considera que demuestra que en ningún momento resultó necesaria la intervención de su clienta para fabricar el acta de Cifuentes: “Era algo cotidiano", concluyó tajante.