Un máster, dos firmas falsas y tres acusadas: el desastre de la operación 'salvar a Cifuentes'
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LA EXPRESIDENTA RESPONSABILIZA A LA URJC

Un máster, dos firmas falsas y tres acusadas: el desastre de la operación 'salvar a Cifuentes'

La Fiscalía pide tres años y tres meses de cárcel para la expresidenta madrileña al considerarla "inductora" de la falsificación del acta

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Imagen: Sergio Beleña

Pasada la medianoche del 22 de marzo de 2018, Cifuentes coge el móvil y se graba un vídeo para responder a la polémica sobre su máster. "A los que queréis que me vaya, no me voy… Me quedo. Me voy a quedar". No miente. A medida que pasan los días, las irregularidades en torno a sus estudios se acumulan, pero ella se mantiene como presidenta madrileña. Su mensaje es sencillo. Mira a la cámara, sonríe y muestra el acta de su supuesto trabajo de fin de máster: "Está firmada por los tres miembros del tribunal calificador con la fecha de la evaluación y la calificación del trabajo; que, por cierto, saqué un notable". Ahí sí miente. De las tres firmas, dos son falsas.

Como destapó El Confidencial en abril de 2018, el acta se fabricó horas antes de que Cifuentes la exhibiera orgullosa en esta grabación. El pistoletazo de salida se produjo el 20 de marzo, cuando periodistas de elDiario.es llamaron a la presidenta y a la Universidad Rey Juan Carlos por la supuesta falsificación de dos notas de su máster. Esa noche, el rector Javier Ramos envió un primer whatsapp al consejero de Educación Rafael Van Grieken y, tras la publicación de la noticia al día siguiente, el cruce de llamadas fue constante. La operación para salvar a Cifuentes estaba en marcha, pero la falsificación del acta solo acrecentó el problema hasta acabar en la vía penal.

Con tan solo 10 palabras, Cifuentes resume el desastre en su vídeo: "Los papeles hay que enseñarlos. Hay que hablar con papeles". La estrategia parece buena, pero si desmientes dos notas falsas con dos firmas falsas, el único papel que importa es el de tu imputación. Casi tres años después, el modo en que obtuvo su máster ha quedado reducido al plano mediático y, mientras tanto, la Audiencia Provincial de Madrid celebra un juicio por el acta con la que trató de acreditarlo. La Fiscalía pide tres años y tres meses de cárcel para la expresidenta madrileña por estos hechos. Según expone su escrito de acusación, ella fue la "inductora" de la falsificación del acta.

Cifuentes lo niega. No mantiene los mismos argumentos que el 22 de marzo y dice estar avergonzada por el vídeo, pero lo niega. Su relato pasa por que el 12 de julio de 2012, en plena celebración de la Eurocopa, con cientos de miles de personas en las calles de Madrid cuando ella era delegada del Gobierno, se escapó a Vicálvaro a presentar el TFM. "Realmente yo no defendí el trabajo. Expliqué las líneas generales y me sorprendió porque fue un acto muy informal", intentó justificarse ante el juez el 22 de enero. Tampoco dudó en pintarse como una víctima de la universidad, hasta el punto de asegurar que se había falsificado su firma en la matrícula del TFM.

A los pocos minutos de arrancar su declaración, la estrategia quedó clara: sobre la fabricación del acta, pregúntenle a la URJC. "Yo no lo necesitaba. Tenía mi título, que acredita que había cursado ese máster". "Curiosamente, mandan el papel del acta que yo no pido". Atrás quedó la alumna de notables para dar paso a una mujer que se siente estafada: "Actué de buena fe, dando por bueno un documento que me había entregado la universidad".

Frente a Cifuentes, la fiscal Pilar Santos. Ella ha sido la elegida por el Ministerio Público para probar la tesis de que Cifuentes maniobró para falsificar el acta. La misión no ha sido fácil, y menos cuando en abril de 2019 falleció uno de los hombres clave del caso: Enrique Álvarez Conde, director del Instituto de Derecho Público, en el que se impartía el polémico máster. La propia Cifuentes afirmó en el juicio que él era su principal contacto al cursar los estudios de posgrado y, en febrero de 2019, cuando presentó su escrito de acusación, la Fiscalía apuntaba a que el catedrático gestionó la fabricación del acta.

El escándalo con el máster de Cifuentes destapó a Álvarez Conde como el virrey de la universidad. Llegó a la política en 1996 de la mano de Mariano Rajoy, que le nombra director del Instituto Nacional de la Administración Pública. Desde ese puesto se convierte en responsable de la formación y selección de sus directivos y empleados públicos, pero no tarda en chocar con compañeros. Tres años después, antes de que termine la legislatura, el presidente prescinde de él y Álvarez Conde se va como catedrático a la recién abierta Rey Juan Carlos. Allí crea el Instituto de Derecho Público en 2000, bastión de la red de favores que engrasa bajo su batuta.

La muerte de Álvarez Conde supuso un mazazo para la Fiscalía. Sin él, resulta crucial atar el papel de las otras dos acusadas para llegar a Cifuentes: la directora del máster que falsificó el acta, Cecilia Rosado, y la entonces asesora de la Consejería de Educación, María Teresa Feito, que antes había sido profesora de inglés en la URJC y supuestamente hizo de intermediaria entre el centro y la Comunidad de Madrid. Para hacer jaque a la presidenta, la acusación tiene que tumbar antes estas dos piezas. Si alguna de ellas se mantiene en pie, la estrategia de la fiscal se tambalea y, con ella, la posible condena a la exdirigente del PP por un delito de falsedad documental.

Foto: La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. (EFE)

La parte que afecta a Rosado es la más sencilla. La catedrática ha reconocido los hechos y colaborado con la investigación, por lo que la Fiscalía solo pide 21 meses de cárcel para ella. Ante el tribunal se presentó como una obediente profesora a las órdenes de Álvarez Conde. "Mi relación es de absoluta jerarquía". "No se le podía decir que no sin consecuencias". Fuentes de la universidad explican que Rosado era la protegida del catedrático, pero ella sostiene que todo cambió en 2014, cuando asumió nuevas responsabilidades que no gustaron al director del Instituto de Derecho Público. "Lo ve como una traición". "Yo tengo miedo a que esa relación se rompa de forma total".

La situación se mantuvo así hasta que estalló la polémica por el máster y empieza a recibir llamadas del catedrático. Sus órdenes eran claras: "Esto hay que arreglarlo. Hay que hacerlo ya". "Si no lo arreglamos, yo voy a tener consecuencias graves a nivel laboral". "Me dice que hay que poner un tribunal y me dice quiénes son las personas que tienen que componerlo". Tras la rueda de prensa que la URJC celebró esa tarde para defender el máster, la directora del mismo asegura que Álvarez Conde fue un paso más allá: "Me dice que hay que hacer el acta". En total, 24 llamadas del catedrático a lo largo del 21 de marzo.

Rosado se sienta en el banquillo porque obedeció. "Tardo más o menos tres horas en confeccionar el acta". Rellenar la primera parte del acta fue fácil: título del trabajo, fecha en la que se reúne el tribunal de evaluación y un notable (7,5) como calificación global de la alumna. El problema llegó en la parte final del documento, donde tenían que firmar tanto ella como las profesoras Clara Souto y Alicia López de los Mozos. "Cuando yo confecciono el acta, estoy en mi casa. Alicia me llama, está en una cocina, me hace la firma, me la enseña, yo la repito, se la enseño y ella me da el OK". A continuación, Rosado siguió el mismo procedimiento con su otra compañera por videollamada.

Con las firmas ya falsificadas, la profesora asegura que envió el acta al rector Javier Ramos. Lo hizo desde una cuenta de Gmail que abrió ese día bajo el nombre de Álvarez Conde, como asegura que le ordenó él mismo. El motivo era obvio: no podía quedar rastro de la maniobra en el sistema informático de la URJC. Para pulir los últimos flecos, el catedrático se reunió con las tres profesoras el 3 de abril: "Había que decir que el acto existió. Nos dio detalles como cuánto tiempo duró, la posible sala donde se pudo celebrar...". Todo era mentira. Las otras dos profesoras también confirmaron este encuentro en sus testificales.

Pero Rosado sostiene que Álvarez Conde no fue el único que la presionó: la tercera acusada, María Teresa Feito, también le llamó 15 veces el 21 de marzo. "Me dice que el TFM tiene que aparecer. Después cambia a que hay que hacerlo". "Incluso me dice que busque bibliografía". Sus últimas llamadas supuestamente incidían siempre en una idea: "Que haga el acta, que envíe el acta, que haga el acta, que envíe el acta, que haga el acta, que envíe el acta". La tensión fue en aumento, y Rosado sostiene que llegó a amenazarla: "Si no me la envías, Cifuentes os va a matar. A vosotros y al rector". "No era solo una profesora de inglés". "Ella era asesora de ese Gobierno".

Feito contradice esta versión. La Fiscalía pide tres años y tres meses de cárcel para ella por hacer "las gestiones oportunas" entre la Comunidad de Madrid y la URJC “con la finalidad de resolver la crisis", pero ella asegura que jugó un papel anecdótico. Como supuesta enviada de la Comunidad de Madrid para solventar el escándalo, el interrogatorio no tardó en abordar su relación con Álvarez Conde. "No sabía yo las cosas que hacía este señor. Que en paz descanse, con todos mis respetos". Cinco minutos de declaración y ya había esquivado a uno de los principales sospechosos: ante el juez, Feito se presentó como una simple profesora de inglés.

Por mucho que la fiscal insistiera, la asesora no abandonaba el tono de "mi nombre parecía que era 'Maite Feito Inglés'", por lo que el interrogatorio saltó a su nombramiento como asesora de Educación. Llegó en septiembre de 2015 de la mano del entonces consejero, Rafael Van Grieken, que había sido catedrático de la URJC. "Yo era de bilingüismo, que es una cosa muy técnica... Había asesoras más importantes". Preguntase lo que preguntase, Feito volvía a argumentar que simplemente pasaba por allí, razonamiento que mantuvo ante la pregunta clave: "¿Yo con la señora Cifuentes? Ninguna relación". "Nunca, nunca he sido asesora de la señora Cifuentes".

Pero la investigación ha destapado una serie de situaciones en las que Feito salió en auxilio de la presidenta. La primera tiene como protagonista a Amalia Calonge, la funcionaria que en 2014 cambió dos notas del expediente de Cifuentes para que aparecieran como aprobadas, entre ellas la del TFM. "La conozco desde el 98", reconoció Feito. Con esa respuesta, la fiscal entró al trapo: "¿Recuerda el día que fue la señora Cifuentes a recoger su título a la universidad?". Feito lo recordaba. Fue en 2017, y tanto Calonge como ella acompañaron a la presidenta, que no dudó en sacarse una fotografía con la funcionaria que había cambiado sus notas.

Feito trató de sortear esta primera embestida con una larga explicación. "Desde el año 98 he acompañado a muchísimas compañeras". "Cuando subimos, yo me quedo en un rinconcito y todo el mundo empieza a hacerse fotos con ella". Una vez más, la profesora de inglés quedaba en segundo plano, pero la fiscal había olido la sangre: "¿Y el motivo por el cual la acompaña usted me lo puede explicar?". "¿Yo? A mí me llaman de su gabinete. Luego he visto que, de todas las consejerías, soy la única profesora de la Rey Juan Carlos. Hombre, no vas a llamar al consejero para que la acompañe...". "Yo creo que es porque me conocía dónde estaban los sitios".

Tras confirmar esa primera visita a la universidad en la que Feito hizo de guía, la fiscal se centró en los días clave. Primero, el 20 de marzo, cuando los periodistas de elDiario.es levantaron el teléfono para preguntar sobre el cambio de notas y Calonge llamó a Feito preocupada. "Hombre, Amalia sí me conocía desde el 98. ¿A quién va a llamar? Además, ella sí me había visto el día de la recogida del título". La jefa del gabinete de Cifuentes, Marisa González, también contactó con ella ese día: "Me empieza a preguntar por profesores, asignaturas... Y le digo: 'Yo qué sé'. Al final le expliqué: "Marisa, no hay asignatura de inglés en ese máster".

Llegados a ese punto, Rosado sacaba el hidrogel de su bolso y se frotaba las manos, pero todavía quedaba la traca final, cuando la fiscal le preguntó por su visita a la universidad el 21 de marzo. Feito asegura que se presentó ese día en la URJC por una cita que había programado días antes con un profesor y no por la noticia sobre el cambio de notas de Cifuentes. "La noche anterior, no muy tarde, yo llamo al rector y le digo: 'Rector, mañana voy al rectorado, ¿te paso a saludar?'. Y me dicé: 'Sí, Maite, pero pronto, porque a las doce y media tengo una reunión'. Solo me dijo eso". La reunión de esa mañana era para abordar la polémica con el máster de Cifuentes.

La asesora de Educación llegó así al rectorado mientras altos cargos de la URJC discutían la noticia. Entre ellos, el rector Javier Ramos o Calonge. Feito sostiene que se quedó fuera de la sala y solo entró a saludar. "Accedo dos minutos y me regañan". Pero también aprovechó para entregarles correos de algunos de los involucrados y para llamar a Rosado por teléfono, a la que dice que nunca amenazó: "No le pido 'esto tiene que aparecer'. Le digo que busque el trabajo". Ella quita peso a las llamadas, pero confirma que, con la profesora al teléfono, le pasó el móvil al rector. Según relata, él salía del despacho en ese momento y quería contactar con Rosado.

La interpretación del tribunal sobre el papel que jugó Feito el 21 de marzo resultará clave para Cifuentes. Las testificales han despejado varias de las lagunas que dejaba su declaración, y la del rector no dejó en buen lugar a la exasesora de Eduación. La respuesta de Ramos fue clara cuando se le preguntó si Feito "le manifestó que se encontraba allí por una razón de índole diferente": "Por lo que recuerdo, no". "Hablamos de la publicación de las presuntas irregularidades". Este relato cayó como una losa sobre las acusadas y, a falta de una sesión para que finalice el juicio, la fiscal ha confirmado que mantiene sus peticiones de cárcel al considerar que existe prueba de cargo.

Cifuentes, por su parte, trató de desmarcarse de Feito durante su declaración. Sabe que, en gran medida, su condena depende de ella: "Con la señora Feito no he tenido nunca ninguna relación de ningún tipo", sostuvo ante el tribunal. Pero las "reiteradas llamadas" entre el entonces consejero de Educación y el rector en pleno escándalo no ayudan, y el hecho de que la número dos de Álvarez Conde asegurara este viernes que falsificaron su firma en otros documentos para convalidar asignaturas del máster tampoco. Sea cual sea la sentencia, la conclusión que deja el juicio es clara: la operación para salvar a Cifuentes solo sirvió para crear un problema mayor.

Universidad Rey Juan Carlos (URJC) Cristina Cifuentes Audiencia Provincial de Madrid
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