La directora del máster reconoce que falsificó el acta de Cifuentes y denuncia amenazas

El juicio contra Cristina Cifuentes por el llamado caso máster arrancó este lunes en la Audiencia Provincial de Madrid. La Fiscalía pide para ella tres años y tres meses de cárcel por un delito de falsedad documental, acusación que se basa en el acta con la que trató de acreditar en 2018 su supuesto trabajo de fin de máster (TFM) de los estudios de posgrado que realizó en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC). Además de a Cifuentes, se juzga también a la entonces directora del máster, Cecilia Rosado, y a la exasesora de la Consejería de Educación, María Teresa Feito.

La Fiscalía considera a Cifuentes inductora de la falsificación del acta "a sabiendas" de que acreditaba una defensa de TFM "que jamás se produjo" y que exhibió "para evitar las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse". En cuanto a Cecilia Rosado, el escrito de acusación la presenta como autora de la falsificación del acta —información que fue adelantada por El Confidencial en 2018—, pero pide una pena inferior a la de la expresidenta madrileña, 21 meses de cárcel, porque reconoció los hechos y colaboró en la investigación. Para Feito solicita a su vez tres años y tres meses de cárcel por hacer "las gestiones oportunas" entre el Gobierno autonómico y la URJC.

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La primera en declarar este lunes fue Rosado, que, a preguntas de la Fiscalía, reconoció haber falsificado el acta y sostuvo que Feito llegó a amenazarla. Según explicó, ella preparó el acta, la firmó y llamó a las otras dos profesoras que debían hacer lo propio para que le mostraran sus rúbricas por teléfono y poder así falsificarlas: Clara Souto y Alicia López de los Mozos. No era la primera vez, según ha contado, que unos profesores firmaban por otros, pero confesó que Cifuentes nunca presentó el TFM ante ella: “Yo entendí que había que hacer un acta de un hecho que no había existido”. “No recuerdo que Cifuentes defendiera su trabajo fin de máster”.

Rosado aseguró que siguió órdenes del exdirector del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde, otro de los acusados que dirigía el máster y falleció en abril de 2019 en medio del proceso judicial: "Él me dice: 'Esto hay que arreglarlo, esto no se puede quedar así'. Entonces, a partir de ese momento, es cuando empiezan todas las llamadas de Enrique, diciéndome que hay que arreglarlo, que hay que hacerlo ya y, que si no lo hacemos, yo voy a tener consecuencias graves a nivel laboral". En total, 24 llamadas de Álvarez Conde a lo largo del día, explicó ante el juez.

Rosado afirmó además que Álvarez Conde le dijo que "había que poner un tribunal" y le indicó quiénes debían conformar el mismo: "Al principio me dice el nombre del trabajo y después que hay que hacer el acta". Una serie de llamadas a las que después se sumaron las de la exasesora de la Consejería de Educación, María Teresa Feito. "Yo recibí 15 llamadas suyas a lo largo del día". "Por la mañana lo primero que me dice es que el TFM tiene que aparecer. Luego cambia y me dice que hay que hacer el trabajo. Prácticamente todas las llamadas excepto una, que me llama para pasarme con el rector, es para decirme que hay que hacer el trabajo. En una de ellas me dice que le busque bibliografía sobre el titulo del trabajo que me había dado Álvarez Conde. Luego, era para pedirme que haga el acta y la envíe".

Ya por la tarde, cuando Feito le pidió el acta en cuestión y ella se negó a enviársela, la supuesta respuesta fue tajante: "Si no me la envías, Cifuentes os va a matar". Rosado aseguró al juez que esta amenaza la puso nerviosa y, en un intento de justificarse, le devolvió la llamada para explicarle su postura, pero, para entonces, Feito ya había conseguido el acta. "Cuando ella me pide el acta, yo entiendo que se la he enviado al rector, que es el responsable de mi organización y, en ese momento, mi cabeza dice que yo ya he hecho el trabajo". "Me está llamando una asesora del gobierno de la Comunidad de Madrid cuando se está hablando del TFM de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Yo estoy nerviosa y presionada".

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Respecto a lo ocurrido el 2 de julio de 2012, fecha en la que Cifuentes supuestamente defendió su TFM ante el tribunal, Rosado explicó que lo más probable es que ella ni siquiera se encontrase en la universidad ese día: "Esa semana teníamos un curso de verano de la universidad en Aranjuez. Creo que el 2 de julio de 2012 no estaba en Aranjuez, pero tampoco en la universidad". También confirmó que, tras aparecer la noticia en los medios de comunicación, Álvarez Conde las citó a ella y a las otras dos profesoras para pactar un relato en común sobre cómo se había desarrollado esa supuesta comparecencia, tal y como explicó El Confidencial en 2018.

Cifuentes defiende que ese 2 de julio, en plena celebración de la Eurocopa de 2012, con cientos de miles de personas en las calles de Madrid cuando ella era delegada del Gobierno, se escapó a Vicálvaro a defender su trabajo de fin de máster. Para reforzar esta idea, su defensa presentó este lunes un 'pendrive' con su agenda electrónica oficial en la que figura "2 de julio de 2012: Máster URJC", así como el certificado académico de la URJC que acredita que superó las asignaturas del máster.

Rosado, sin embargo, mantiene que esta versión es falta y, según explicó ante el juez, incluso Álvarez Conde terminó por darle la razón en una reunión en su casa: "Hay una reunión con la prensa y Álvarez Conde dice que la que ha hecho todo soy yo. Hablo con él, le dijo que está faltando a la verdad. Le digo tú me has metido aquí y te estás lavando las manos. Me dice que tengo razón, que es verdad que me ha presionado", aseguró. "Le pido que me firme un documento donde diga que él me ha pedido hacer el acta y que me ha presionado. Y él dice que sí, que me firma el documento". El escrito forma parte de las actuaciones.

Feito se desentiende de la falsificación

Una vez finalizada la declaración de Rosado, llegó el turno de la propia Feito, que se desentendió del acta y trató de justificar su intermediación entre el Gobierno autonómico y la universidad. A preguntas de la Fiscalía, también descartó que amenazara a la directora del máster: "Que por favor, busque el trabajo", aseguró sobre el contenido de las llamadas, subrayando en todo momento que al principio pensaba que el TFM existía. "Siempre que hay una nota en TFM es que había un trabajo", argumentó. "A mí me había dicho Enrique que estaba el trabajo". "Todas las otras llamadas cortas, todas fueron con un tono muy bueno".

En la recta final del interrogatorio, la fiscal volvió a la carga, pero Feito no cedió terreno: "Nadie puede hacer un TFM en dos horas. Es absurdo. Esa frase de que 'Cifuentes os va a matar' nunca la dije. Y aquí puedo parecer osada, pero Cifuentes no me puede matar, yo tengo dos oposiciones".

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Pese a ello, confirmó que el día antes de que se publicara la noticia sobre su máster en elDiario.es recibió tres llamadas: una de la que fuera jefa de gabinete de Cifuentes, Marisa González, y otras dos de Amalia Calonge, la trabajadora de la universidad que, según explicó, había modificado en su día las notas de Cifuentes por orden expresa y por escrito del profesor Pablo Chico, que había alegado un error.

La siguiente parte del interrogatorio se centró entonces en la publicación de la noticia el 21 de marzo de 2018, fecha en la que llamó a Álvarez Conde y le dijo que "no había ningún problema". Según su declaración, ese mismo día acudió al centro, pero no para mediar en este asunto, sino por otras cuestiones. Pese a ello, confirmó que en ese momento se estaba celebrando una reunión en el rectorado sobre la polémica y que solo entró "dos minutos" porque "no la habían invitado".