Ofensiva de la Audiencia para detectar irregularidades en tasaciones del Popular

La Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción ponen el foco en las tasaciones inmobiliarias de Banco Popular. El juez José Luis Calama ha ordenado esta semana que Santander aporte el listado de todos los activos adjudicados y participaciones inmobiliarias de la entidad que compró en 2017, así como las tasaciones que llevaban incorporadas. Esta petición va en línea con la tesis de Anticorrupción, que cree que los gestores del Popular pudieron inflar las valoraciones para mantener a flote el banco.

"Una de las cuestiones sustanciales que se ventila en el presente procedimiento es la corrección de las valoraciones de los activos adjudicados al Banco Popular y los que se dieron en garantía en operaciones de activo, por su impacto en las provisiones y, por ende, en las cuentas anuales de la entidad. De hecho, esta cuestión se ha suscitado de manera recurrente durante las declaraciones que se han ido practicando durante la instrucción. Por tanto, se accede a la solicitud del s.r fiscal consignada en su informe de fecha 27 de julio de 2020", expone el auto del juez, del pasado lunes. Uno de los que apuntó en esta línea fue el expresidente del banco, Emilio Saracho.

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La Audiencia reclama el inventario de todos los adjudicados a fecha de 2014, 2015, 2016 y junio de 2017, las tasaciones que soportaran estas valoraciones, las tasaciones iniciales y todas las actualizaciones, el nombre de las empresas encargadas de ello, y "la identificación del responsable o responsables del departamento de control de tasaciones".

El juez Calama pide de nuevo ayuda al Banco de España para procesar toda esta información, después del primer informe pericial para el que le ayudaron dos inspectores. En esta ocasión no pide que sean los mismos expertos, sino que se limita a solicitar que el regulador le facilite a dos inspectores especializados en el control de tasaciones.

Sociedades opacas

La ampliación de la investigación del caso Banco Popular no se limita a esta nueva pericial. El juez Calama también ha decidido pedir que se deduzca testimonio desde el juzgado número 2 de la Audiencia, donde se encontró documentación relativa a sociedades luxemburguesas que presuntamente se usaron para tapar un agujero de 800 millones del banco, que entonces presidía Ángel Ron.

El fiscal Antonio Romeral califica esta operativa en su escrito de "financiación indirecta realizada por Banco Popular a favor de empresas españolas con dificultades financieras y económicas". Las sociedades luxemburguesas estaban ligadas al fondo español Thesan Capital.

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La tercera decisión tomada por el magistrado del caso Banco Popular ha sido oficiar al Banco de España para que remita la carta que envió el 30 de abril de 2013 con los criterios para refinanciar y reestructurar créditos. Según los peritos judiciales, la mayor parte del sector levantó nuevas provisiones a raíz de esta misiva, y Popular hizo lo contrario.

El caso Banco Popular se ha reactivado este jueves con la declaración del presidente de la CNMV, Sebastián Albella, cuyo bufete para el que trabajaba en 2016, Linklaters, asesoró en la ampliación de capital del banco en 2016. Albella ha señalado que no estuvo en el equipo que trabajó con Popular, aunque ha puntualizado que lo que sí hizo fue asesorar al consejo de administración del banco sobre su posible responsabilidad en la ampliación, según informa Europa Press.

Tras Albella, el próximo en declarar es el vicepresidente del BCE y exministro de Economía, Luis de Guindos, el próximo 30 de septiembre, varios directores territoriales del Popular, el 6 de octubre, la presidenta de Santander, Ana Botín, el 8 de octubre, y el expresidente de Santander España, Rodrigo Echenique, el 15 de octubre.