Del Valle ficha al gurú económico de Vox para el pleito contra España por el Popular

Los antiguos accionistas mexicanos de Banco Popular forman su equipo para el arbitraje contra el Reino de España, en el que piden que se les indemnice con 470 millones de euros. Este grupo de inversores, liderados por el exconsejero de la entidad Antonio del Valle, ha fichado a dos expertos españoles en periciales: Mansolivar, de Rubén Manso, actual portavoz económico en el Congreso de Vox, y Compass Lexecon.

Estas dos firmas serán las encargadas de aportar la munición financiera para el arbitraje que está programado para 2021 en la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya (Holanda), bajo las reglas de Uncitral. Este proceso se ha retrasado por culpa del covid-19. El nuevo calendario estipula que las partes aporten sus escritos de aquí a final de año —los mexicanos en septiembre y España en diciembre— y que la audiencia tenga lugar en mayo del próximo año.

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Este arbitraje se ha convertido en una batalla jurídico-financiera al más alto nivel. Del Valle y el resto de inversores mexicanos —entre los que están Germán Larrea y Antonio Cosío— se han apoyado desde el principio en un abogado estrella norteamericano, Javier Rubinstein, que recientemente ha cambiado de despacho: de Kirkland & Ellis a King & Spalding, como publicó 'Vozpópuli'.

Rubinstein se apoyará en el proceso en las dos firmas españolas, Mansolivar y Compass Lexecon. La primera ya sirvió de ayuda en la demanda interpuesta por los mexicanos en Luxemburgo contra la Junta Única de Resolución (JUR) y la Comisión Europea (CE). Mientras, comparten informes de Compass otros grandes inversores afectados por la resolución del Popular, como los chilenos Luksic.

Al margen de su faceta política con Vox, Manso es un inspector del Banco de España en excedencia —desde hace más de 10 años— que ha actuado en múltiples procesos legales relacionados con la banca como perito. Los más conocidos fueron el de CAM, donde fue perito de parte de Roberto López Abad, y el de la salida a bolsa de Bankia, donde fue uno de los expertos con papel más protagonista del juicio del año pasado, pendiente de sentencia.

Por su parte, el Reino de España también está poniendo toda la carne en el asador en este proceso. Al Estado se han unido el Banco de España, la CNMV y el Fondo de Reestructuración (FROB) para ayudar en el arbitraje. Ha sido precisamente el fondo de rescate el que ha fichado asesores legales que apoyen a España en esta batalla legal: el bufete norteamericano Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle, liderado en este encargo por una mexicana, Gabriela Álvarez-Ávila, y los expertos en arbitrajes Versant Partners y la catedrática Rosa María de la Lastra.

Los inversores mexicanos alegan en el arbitraje que España pudo hacer más para evitar la resolución de Banco Popular, que les generó pérdidas millonarias. Entre otras cosas, cargan contra la retirada de depósitos de las administraciones públicas y contra el hecho de que no se facilitaran líneas de liquidez para evitar el colapso del banco. Por su parte, los organismos españoles defienden que se hizo lo que se pudo bajo la norma europea, evitando por unas horas tener que declarar el concurso de acreedores del banco.

Declaración de Escrig

Más allá del arbitraje y los recursos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), también hay novedades en el proceso penal de Banco Popular. La Audiencia Nacional ha citado como testigo al director financiero de Popular en la etapa de Emilio Saracho, Miguel Escrig, también exdirectivo de Telefónica. Tendrá que acudir el próximo 29 de octubre y es a petición de los abogados de su exjefe en el banco.

El interrogatorio a Escrig será el undécimo que realice la Audiencia desde la vuelta de verano, tras los de Sebastián Albella, presidente de la CNMV, el 17 de septiembre; Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, el 30 de septiembre; seis directores territoriales de Popular; Ana Botín, presidenta de Santander, el 8 de octubre, y Rodrigo Echenique, consejero de Santander, el 15 de octubre.