Del Valle inicia un arbitraje internacional contra España por Banco Popular

El proceso de litigios por la resolución de Banco Popular inicia una nueva dimensión. El grupo mexicano que lidera Antonio del Valle, ex consejero del banco, ha iniciado el proceso de arbitraje internacional contra el Estado español. Los abogados del magnate alegan una falta de protección a las inversiones internacionales, declaraciones de funcionarios que contribuyeron a la crisis de liquidez e incumplimiento de los tratados entre países.

“Es un proceso complejo”, admiten fuentes cercanas al grupo de inversores mexicanos, cuya inversión inicial que recoge en los trámites para comenzar con el arbitraje internacional fue de 470 millones de euros, con el 4% del capital antes de que Banco Santander se quedara al Popular por un simbólico euro tras la resolución de la Junta Única de Resolución (JUR, SRB por sus siglas en inglés) en la noche del 6 al 7 de junio de 2017. El objetivo de este grupo es obtener una compensación por reparación de su inversión y daños causados del Gobierno de España, aunque aún no se cita tal cifra, porque todavía no se exigen ni cuantificar las reclamaciones ni las pruebas, solo los alegatos.

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El alegato es que "la resolución de Banco Popular fue erróneamente causada por múltiples actos y omisiones por parte de España antes, durante y después de la resolución, incumpliendo las múltiples garantías y protecciones establecidas en el Tratado y el derecho internacional aplicable", arguyen los abogados de estos inversores. "España negó a los inversionistas un trato justo y equitativo, un entorno legal y regulatorio estable y predecible, protección contra medidas arbitrarias y no transparentes que afectan sus inversiones y contra la expropiación ilegal", añade Javier Rubinstein, socio de Kirkland & Ellis, que representa al grupo inversor mexicano.

El grupo mexicano que lidera Del Valle tenía que elegir entre realizar esta demanda por la vía nacional o la vía internacional, y ha escogido esta última, disponible en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial y otro bajo el paraguas de la Organización de Naciones Unidas (ONU) según las reglas de arbitraje de la comisión del organismo para el derecho merantil internacional (CNUDMI). El trámite se ha realizado por las dos vías, aunque fuentes cercanas a estos inversores apuntan a que lo lógico es que se consolide en un único tribunal.

La solicitud de arbitraje ya ha sido comunicada a España, que tendrá 30 días para responder. Las partes tienen tres meses para elegir un árbitro cada una y acordar un presidente del tribunal, con lo que la previsión es que esté establecido hacia finales de año, cuando se dirimirá el marco procesal y los plazos. Normalmente, estos arbitrajes internacionales suelen extenderse entre 18 y 36 meses, según fuentes jurídicas. El grupo mexicamo asegura que España ha incumplido las garantías de trato justo y equitativo, la promesa de tratar sus inversiones de manera no menos favorable a la de otros nacionales o internacionales, y abstenerse de expropiar inversiones sin propósito público. Según sus abogados, el Estado, incluyendo al Gobierno, el Banco de España (BdE) o el Fondo de Reestructuración y Reordenación Bancaria (FROB), incumplió todas estas obligaciones.

Destrucción de valor

Los inversores encabezados por Del Valle aseguran que el Estado contribuyó a la crisis de liquidez con retiradas sin precedentes de miles de millones de entidades públicas y al no tomar medidas para que la superara. También con declaraciones públicas como la de el ex ministro Luis de Guindos el 18 de mayo de 2017 cuando descartó "recursos públicos" y con la negativa a proporcionar liquidez de emergencia. "Estos actos provocaron, predeciblemente, el pánico de los depositarios", aseguran. Asimismo, recuerdan que el FROB participó activamente en el diseño y toma de decisiones que llevaron a la resolución, y la dirección en la venta del banco "muy por debajo del valor de mercado, con el fin de lograr el objetivo predeterminado de España de garantizar que se vendiese a un importante banco español". Los mexicanos critican que Santander aseguró que no compraría al Popular en una venta perivada, "pero que sí tenía interés en comprarlo mediante una resolución".

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Por otro lado, argumentan que el FROB condujo al banco a una venta rápida en forma de subasta en la que solo se invitió a participar a un puñado de bancos españoles, que se ignoraron soluciones alternativas "existentes en el sector privado". El alegato argumenta en última instancia que se expropiaron las inversiones del grupo mexicano "de forma ilícita" mediante "la destrucción de Banco Popular y la cancelación de las participaciones" sin que hubiera ninguna compensación.