Ofensiva de Luksic para volver a imputar al Santander en el caso Banco Popular

Banco Santander vuelve a situarse en el centro del caso Popular. La entidad presidida por Ana Botín ha recibido en las últimas semanas dos malas noticias en la Audiencia Nacional. La primera llega por las maniobras de Aeris lnvest, sociedad del empresario chileno Luksic, que perdió más de 100 millones en Popular, para volver a imputar a Santander en el caso. La segunda es un auto de este mismo jueves en que el juez José Luis Calama rechaza varios recursos del banco, limitando su margen de defensa en el caso.

La primera entidad española estuvo imputada en este caso durante tres meses a comienzos de 2019. Se libró de ello gracias a un recurso que estimó la Sección Cuarta de la Audiencia, en un proceso muy seguido en el mundo judicial. Desde entonces, Santander sigue en calidad de responsable civil.

La posición del banco presidido por Botín en este caso es clave. Lo sabe el banco y lo saben las acusaciones. Aunque ya sea responsable civil, los principales demandantes quieren que Santander vuelva a ser imputado para elevar la presión sobre la entidad. Ese puede ser uno de los motivos que han llevado a Luksic a buscar posibles fundamentos legales para lograrlo.

Uno de ellos surge en el mismo auto de 'desimputación' del banco. La Sección Cuarta señaló: "En supuestos como el que nos ocupa, no cabe descartar la hipótesis de la aparición de hechos con relevancia penal con posterioridad a la realización de las operaciones de transformación que recoge el artículo 130.2 del Código Penal, de las que no ha sido posible tener conocimiento con anterioridad".

Nuevas pruebas

Ante esa posibilidad, Luksic, personado a través de su sociedad Aeris Invest, pidió una batería de pruebas aceptadas en su mayoría por el juez Calama, orientadas a delimitar qué sabía Santander de Popular antes y durante la compra del banco. En esta línea, el magistrado ha requerido a Santander-Popular detalles sobre los responsables del 'virtual data room' (base de datos con información para los bancos interesados en Popular), las entidades que participaron en el proceso y las ofertas que recibió la entidad.

Además, el empresario chileno pidió los correos electrónicos entre responsables del Popular y del Banco de España y la CNMV: Luis María Linde, Fernando Restoy, Javier Alonso, Ramón Quintana, Mariano Herrera, Pedro Comín, Ignacio Pardo, José Antonio Gracia, Manuel Caro, José Luis Ballesteros y Juan Ayuso, por parte del regulador; y Elvira Rodríguez, Sebastián Albella, Ángel Benito, Rodrigo Buenaventura, Eduardo Manso y Carlos Sánchez-Vilar, por parte del supervisor de los mercados.

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El juez Calama dio traslado de esta última petición a Anticorrupción, quien dijo que la prueba es pertinente pero hay que esperar a que declaren estos como testigos para acotar los correos que se piden.

Junto a la petición de Luksic, Santander conoció este jueves que el juez Calama ha rechazado diversos recursos de reforma. Estos llegaron a raíz de un escrito del banco cuyo contenido fue rechazado por el juez. El magistrado sostiene que Santander no puede tener un papel activo en el caso, ya que fue desimputado, y como responsable civil solo puede defender sus intereses en una serie de circunstancias. "El único debate que está legitimado para suscitar el tercero civil responsable es el de las demás razones de su obligación y la cuantía de lo debido". Este auto, recurrible, deja a Santander atado de manos en la causa penal del Popular.