Jubilados irlandeses demandan a Bankia por daños en la financiación de sus fotovoltaicas

La emisión en plena pospandemia de un bono verde destinado a refinanciar unas pequeñas plantas fotovoltaicas en España ha permitido conocer la pugna de cientos de jubilados irlandeses con Bankia. Y con el Reino de España. Son inversores particulares agrupados desde hace años en el fondo Arclight Renewables, que levantaron una decena de plantas solares en varios lugares de España la pasada década. Ahora reclaman tanto a su financiador original, el banco controlado mayoritariamente por el Estado, como al propio país ante la corte de arbitraje del Banco Mundial (Ciadi) por los cambios legales que redujeron los ingresos de las renovables en 2011 y 2014.

"Arclight es un vehículo creado exclusivamente para gestionar las inversiones de ciudadanos particulares, varios cientos de ellos, que han depositado en él parte de sus ahorros o parte de sus planes de pensiones. Son todos de nacionalidad irlandesa", explica Declan O'Halloran, fundador y consejero delegado de Quintas Energy. Esta compañía con sede social en Sevilla ha gestionado la emisión del citado bono verde de 43 millones, suscrito íntegramente por el gigante BlackRock. Sabadell, KPMG y el despacho Osborne Clarke han participado en esta operación.

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Juan Cruz Peña

Las demandas contra Bankia son siete en total, una por cada planta que Arclight financió con la entidad. Suman seis millones en daños económicos que el fondo irlandés entiende que sufrió tras el segundo cambio legal en España, en 2014. Tras esas modificaciones, Bankia instó a refinanciar el préstamo original obligando a incluir, según la versión de Arclight representado por Quintas, derivados. Unos instrumentos que, finalmente y a juicio de los inversores, han dañado al fondo en lugar de cubrir posibles problemas con el préstamo.

"Fueron unos instrumentos que interesaba incluir al banco, no a los inversores, y por eso pedimos que nos devuelvan las liquidaciones negativas. Ya hay una sentencia favorable en una de las demandas y el resto progresan positivamente", precisa O'Halloran en conversación por teleconferencia. Todas se han presentado en Madrid. Osborne Clarke asesora por su parte desde su oficina de Londres en la reclamación ante el Banco Mundial.

Bankia ha señalado a este medio, en primer lugar, que quien les está demandando es una empresa intermediaria y no los propios jubilados que invirtieron Arclight. Sobre el fondo del asunto que se dirime en los tribunales, prefiere no entrar ya que está judicializado. Además, la sentencia favorable ha sido recurrida.

Recuperar la inversión

Ahora, los 43 millones han sido utilizados, en primer lugar, para abonar 20 millones a los partícipes de Arclight con los que estos recuperan el principal de su inversión. En segundo lugar, para cancelar la financiación con Bankia. Y, en tercer lugar, para provisionar tanto las posibles costas a asumir en caso de perder las demandas contra la entidad española y también por el arbitraje ante el Ciadi. Los posibles ingresos adicionales a lograr si tienen éxito ambas acciones, que sumarían 46 millones (de los que 40 millones corresponden a la reclamación al Estado español en el Banco Mundial), servirían para reforzar a Arclight cara a nuevas inversiones o bien cara a sus partícipes.

Desde Quintas se destaca, más allá de las acciones judiciales, el signo de confianza que supone lograr levantar estos 43 millones de financiación en una coyuntura como la actual de pospandemia. O'Halloran incide en este sentido en que este bono ha tenido la mejor calificación posible para este tipo de activos, la E1, por parte de Standard & Poor's, que atiende a criterios como transparencia, gobierno corporativo o mitigación de emisiones de dióxido de carbono (CO2).