Consideran que las tarifas no cubren costes

Choque entre Gobierno vasco y hospitales privados por el pago de la atención al covid

Discrepancias entre la Sanidad autonómica y clínicas privadas por la compensación de la atención de pacientes con covid, parte de los cuales fueron derivados por la saturación de los centros públicos

Foto: Foto de archivo de una unidad de atención a pacientes con covid-19. (Reuters)
Foto de archivo de una unidad de atención a pacientes con covid-19. (Reuters)
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Tras la crisis sanitaria, llega la económica. En ese sentido, empiezan a brotar las discrepancias entre los poderes públicos y las entidades privadas que han prestado sus servicios para tratar de frenar la pandemia.

Este choque está aflorando ya entre el Gobierno vasco y los hospitales privados. La declaración del estado de alarma obligaba a la sanidad privada a prestar sus camas para atender la emergencia del coronavirus. Los problemas están viniendo ahora, a la hora de satisfacer estos servicios.

En este sentido, la viceconsejera de Financiación y Atención Sanitarias del Departamento de Salud del Gobierno vasco, Fátima Ansotegui Elordi, señala en una resolución con fecha 23 de abril que "debido a la expansión del covid-19 en Euskadi, está resultando insuficiente el número de camas disponibles para la hospitalización de personas afectadas por el virus". Por ello, concluye que se "hace necesario incrementar la oferta del Sistema Público Sanitario de Euskadi".

Por todo lo anterior, el Ejecutivo presidido por Iñigo Urkullu resuelve contratar los servicios de Igurko Araba, Hospital Intermutual de Euskadi, Hospital Quirón Salud Bizkaia, Clínica Indautxu, Clínica Guimón, Clínica IMQ Virgen Blanca y Clínica IMQ Zorrotzaurre. En dicho contrato, el Departamento de Salud vasco advierte de que se estima que serán necesarias en torno a 300 camas, entre camas médicas y UCI.

En segundo lugar, detalla que el precio de pago establecido para cada cama es de 256,98 euros (IVA incluido) por estancia diaria y de 480,75 euros (IVA incluido) por estancia diaria en UCI. Además, los contratos especifican que "no existe por parte de la Administración el compromiso de utilización de todas las camas médicas".

Aquí es donde han surgido las quejas de los gestores de los centros hospitalarios. En primer lugar, destacan que ese precio no cubre ni de lejos los costes del servicio, que se incrementa sustancialmente en pacientes con coronavirus. Dicha aseveración es compartida por varios de los hospitales y también por una gran aseguradora acostumbrada a pagar por estos servicios tanto a hospitales privados como a los públicos.

Sin ir más lejos, el propio Departamento de Salud fija unas tarifas para la facturación de servicios sanitarios que presta Osakidetza, el sistema sanitario público del País Vasco. Dicho documento pone un precio de 986 euros para la cama médica por estancia diaria para 2020. Es decir, prácticamente cuatro veces más que lo que ahora se quiere pagar a los hospitales privados. Por otro lado, la UCI está tasada en 1.713 euros al día, lo que es también más de tres veces del precio fijado para la atención de los pacientes de coronavirus.

Otro ejemplo al respecto es el de Cataluña. Aunque fija estos precios basándose en otros estándares, señala que el alta hospitalaria para pacientes covid que no han requerido UCI se paga a 2.500 euros en caso de pacientes que han estado menos de tres días. Es decir, en el peor de los casos para el hospital que ha prestado el servicio, la cama médica se paga a 833,3 euros, frente a los 256,98 euros que se paga ahora a la privada vasca. Un 70% menos.

Respecto a lo anterior, fuentes del Departamento de Salud del Gobierno vasco señalan que las tarifas que fija la propia Osakidetza no son el costes para los ciudadanos sino lo que se cobra a las entidades aseguradoras privadas cuando uno de sus asegurados hace uso del sistema sanitario público. Una de las grandes aseguradoras de salud confirma que cuando uno de sus asegurados recibe un servicio en los hospitales públicos, el coste es siempre más elevado, porque no se contempla ningún convenio y es el precio de un uso para un día. En cualquier caso, destaca que en ningún caso los precios fijados de pago para los pacientes covid derivados a los hospitales privados llega a cubrir los costes.

La patronal de la sanidad privada ASPE fijó a nivel nacional el coste de la UCI para coronavirus en unos 750 euros. Fuentes de una clínica del País Vasco señalan que los costes sanitarios en Euskadi son los más elevados de España y una UCI rondaría los 1.000 euros por día. Máxime en estos momentos de pandemia, cuando todos los costes, desde los laborales a los materiales, se han incrementado.

[Consulte aquí los precios por paciente de covid en Cataluña]

Sobre la gran diferencia de precios, sostiene la Sanidad vasca, "no son tarifas comparables por diferencias en cuanto a costes estructurales, ratios de personal por cama, retribuciones, docencia e investigación". Para fuentes del sector de las clínicas privadas, no se puede plantear la diferencia de precios sobre la base de los costes de cada uno sino en relación con el servicio que se da al paciente. Dicho de otro modo, esa forma de medir el servicio no tiene en cuenta la eficiencia del mismo, lo que carece de toda lógica.

En cualquier caso, el Ejecutivo regional especifica que "debe tenerse en cuenta también que todas las clínicas contratadas por el Departamento de Salud del Gobierno vasco para afrontar la pandemia han sido reforzadas sustancialmente con profesionales de Osakidetza" y añade que "se les ha suministrado de forma gratuita el material de protección (EPI) de que disponía en cada momento el departamento".

Con este panorama de confrontación entre las partes encima de la mesa, y sin que por ahora se haya finalizado la obligación de prestar servicio, dado que se mantiene el estado de alarma, el Gobierno vasco reconoce que uno de los hospitales contratados ha mostrado su disconformidad con las tarifas planteadas. No obstante, asegura que no se plantea un cambio de las mismas, aunque señala que escuchará los argumentos de la clínica que ha mostrado su disconformidad.

También subrayan desde el Ejecutivo de Vitoria que las otras cinco clínicas han mostrado su conformidad con las tarifas, pero las fuentes consultadas aseguran que el problema no es tanto el precio de la tarifa en sí mismo sino cuántas camas se van a pagar, ya que aunque se pidió disponibilidad y se reservaron 300 en total, no se ha hecho uso de todas. El Departamento de Salud no especifica cuántas se han usado.

El contrato ya especificaba que no había compromiso de uso de todas por parte de la Administración regional. En ese sentido, el Gobierno vasco destaca que finalmente no se ha hecho uso de ninguna UCI de los hospitales privados y por tanto no se facturará ninguna estancia por ese concepto. Desde una de las clínicas, ven esta situación injusta, dado que la disponibilidad de camas, aunque no se usen, tiene un coste.

Además, otra fuente del sector detalla que durante el estado de alarma no se han atendido otras dolencias, siempre y cuando no fueran de vital emergencia, precisamente porque una parte de sus hospitales estaba reservada para atender a pacientes de covid derivados del sistema sanitario público. También destacan que esa disponibilidad pesa a la hora de dimensionar el personal necesario, que podrían haber reducido de no necesitar enfrentar la potencial entrada de pacientes afectados por el coronavirus. Ponen de ejemplo los hoteles medicalizados. Si reservas todo el hotel, ¿solo pagas por las habitaciones que has usado o por todas?, se preguntan, sin que por ahora, señalan, hayan dado respuesta desde el Ejecutivo autonómico a estas discrepancias.

Llegados a este punto, los hospitales esperan alcanzar un acuerdo por los servicios prestados de una forma satisfactoria. Aunque la decisión es unilateral: "Los gastos generados se van a compensar a través de un expediente de contratación de emergencia que ya está tramitado", señala el Gobierno vasco. Sin embargo, algunas posiciones están alejadas y las cada vez más mermadas arcas por la crisis, que han tenido que hacer un fuerte esfuerzo para el refuerzo del sistema público de salud, pueden dificultar el que todas las partes se den por satisfechas. En este caso, los hospitales no pueden negociar el pago de estos servicios, al estar obligados a su prestación por el estado de alarma. No obstante, y pese a que hay quien cree que habrá un entendimiento, otros no descartan acudir a los tribunales si fuera necesario.

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