de 525 millones en 2017 a 10 en 2020

El Gobierno revienta la bonificación del recibo de luz para la gran industria en 2020

La subasta de interrumpibilidad que permite a la industria reducir su coste eléctrico se cierra con una rebaja del 95%. REE da 8.764 euros por bloque. En 2019 dio 63.000 euros y en 2018 unos 80.000 euros

Foto: La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, junto a la activista por el clima Greta Thunberg, en la COP. (Reuters)
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, junto a la activista por el clima Greta Thunberg, en la COP. (Reuters)
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"Debacle", "vergüenza", "se han reído de nosotros ", "es exagerada la putada". En estos términos respondía el presidente de una gran empresa industrial del norte de España ante el resultado de la subasta de interrumpibilidad, celebrada este martes y miércoles. A falta de que la CNMC valide los datos, la bonificación que recibirán las empresas electrointensivas en los seis primeros meses del próximo año estará por debajo de los cinco millones de euros, con lo que extrapolando a todo 2020, no llega a 10 millones.

En este 2019, fueron 196 millones de euros. Ya venía recortándose. En 2018, se adjudicaron 316 millones, y en 2017, 525 millones de euros. Esto supone un recorte del 95% respecto a 2019. Del 97% respecto a 2018 y del 98% con respecto a 2017, cuando estaba en el Gobierno Mariano Rajoy, que ya empezó a recortar esta partida procedente de la factura que pagan los consumidores.

Los participantes han constatado el peor de los escenarios, después de que el Ministerio para la Transición Ecológica decidiera rebajar un 57% el número de bloques ofertados. Además, ya no subasta los grandes bloques de 40MW, lo que supone un especial perjuicio para los siete mayores consumidores de luz en España: Alcoa, Arcelor, Ferroatlántica, Asturiana de Zinc, Celsa, Acerinox y Ercros. Con casi la misma demanda, 120 empresas participantes, y el tijeretazo de Teresa Ribera en la oferta, el precio se ha hundido.

Foto de archivo de una producción de acero en una fundición. (Reuters)
Foto de archivo de una producción de acero en una fundición. (Reuters)

Tras subastarse 148 bloques de los 200 totales (1.000MW), el 75% de los bloques, el precio por cada adjudicación de cinco megavatios (era de 8.414 euros por bloque), asegura uno de los participantes, que señala que el 100% ha fluctuado entre los 7.000 y los 10.000 euros por bloque. El dato definitivo revelado este jueves ha sido 8.764 euros de media por megavatio. Una cifra muy inferior a los 63.000 euros de 2019 o los 80.000 de 2018. No es de extrañar que en la puja, celebrada por Red Eléctrica en el Ifema de Madrid, se escucharan silbidos en los descansos entre subasta y subasta.

Así, se han repartido menos de cinco millones para los próximos seis meses y el sector no alberga esperanzas de que la cuestión mejore en la segunda mitad del año. Según fuentes de la industria consultadas por El Confidencial, la patronal que engloba los electrointensivos se reunió este martes con el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, para transmitir su preocupación. Sin embargo, este no les dio grandes esperanzas, aseguran las mismas fuentes.

El responsable del Ejecutivo ya advirtió de que la reducción de la oferta en la subasta de interrumpibilidad, que permite a la industria bajar su factura a cambio de estar disponible para desconectarse si así lo requiere el operador del sistema eléctrico (REE), se produce porque la Comisión Europea no permite este tipo de mecanismos, que considera ayudas de Estado. Por otro lado, señala que el estatuto de los electrointensivos depende del Ministerio de Industria, con lo que elude esta competencia.

Supone un especial perjuicio para los siete mayores consumidores de luz: Alcoa, Arcelor, Ferroatlántica, Asturiana de Zinc, Celsa, Acerinox y Ercros

El Gobierno preparó hace justo un año un borrador de anteproyecto de ley para configurar un estatuto de los electrointensivos que permita compensar los costes energéticos como hacen otros países. En el mismo, se daban seis meses para tenerlo listo. Este se produjo en pleno jaque de Alcoa, primer consumidor eléctrico del país, por el cierre de dos de sus tres plantas en España. Sin embargo, el Ejecutivo alegó la falta de Gobierno tras convocar elecciones. Un año después, aún con el Gobierno en funciones inmerso en las negociaciones con ERC para formar un Ejecutivo de coalición con Podemos, no se ha hecho nada.

Las principales patronales, AEGE y Unesid, ponen el grito en el cielo. Piden al Gobierno que legisle por real decreto y aseguran que está más que justificada la urgencia, dado que aliviar este coste es crucial para la supervivencia industrial, que genera el 16% del PIB y unos 100.000 empleos, sobre todo en el norte de España. No entienden por qué no lo ha hecho ya, como sí ha hecho con otras cuestiones, como las primas a las renovables.

Hay quien cree que una forma de hacer presión para que se facilite el Gobierno de Pedro Sánchez es bloquear esta reforma. Los consejeros de Industria de Galicia (PP), País Vasco (PNV) o Cantabria (PRC), de partidos que son clave para la potencial investidura de Sánchez, han manifestado a la industria la preocupación por el sector en reuniones mantenidas.

En un comunicado, el grupo parlamentario socialista ha recalcado su "plena disposición", una vez que se constituya un Gobierno estable, a aprobar "con la máxima urgencia" el estatuto del consumidor electrointensivo. Rafael Mayoral (Podemos) ha señalado este miércoles que es prioritario cambiar las subastas de interrumpibilidad, según la agencia EFE.

Quitando lo que lograban con la subasta, las industrias solo cuentan con una partida de 91 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado para compensar los costes de CO2. El gasto por derechos de emisión de gases de efecto invernadero se ha disparado. Actualmente, ronda los 25 euros por tonelada, mientras hace poco más de un año estaba alrededor de cinco euros. Esto permite al Gobierno recaudar cerca de 1.400 millones de euros. La partida presupuestaria para ayuda con este fin a la industria es ampliable, si hay disponibilidad presupuestaria, a 200 millones, una circunstancia que el bloqueo político no permite abordar. Siguen prorrogados los Presupuestos del exministro Cristóbal Montoro (PP).

Mientras tanto, varias empresas como Ferroatlántica, Celsa o Arcelor ya han declarado varios expedientes de regulación de empleo temporales (ERTE). Acerinox ha lanzaro un ERE para 240 trabajadores en Cádiz. Alcoa vendió este año dos plantas y de forma interna ya barruntan la venta de la tercera por el alto coste energético, una decisión que tendrá que tomarse en un consejo de administración ubicado en Pittsburgh (EEUU), a miles de kilómetros de la planta de San Ciprián (Lugo). Las patronales y los sindicatos mandaron una carta a las ministras de Industria y Transición Ecológica urgiéndoles una solución.

[Carta conjunta de AEGE, Unesid, CCOO y UGT a las ministras de Transición Ecológica e Industria]

En este contexto, el consumo de luz de la industria, uno de los indicadores más fiables para ver la salud del sector, no para de bajar. El índice de Red Eléctrica acumula un año y 10 meses, desde enero de 2018, de caídas consecutivas mes a mes.

Las patronales sostienen que sufren una desventaja competitiva en los mercados internacionales donde compiten por vender sus 'commodities'. Aseguran que Francia tiene un coste de luz 25 euros más bajo cada megavatio hora y sigue celebrando subastas de interrumpibilidad, con lo que creen que el peso francés en Bruselas es muy superior al español.

Con respecto a Alemania, hay una diferencia en el recibo de la luz de 20 euros megavatio hora e incluso se sienten agraviados con Portugal, donde aseguran que el trato a la industria es más favorable. Por todo, creen que el riesgo de deslocalización es alto. Y por si todo esto fuera poco, ahora se ven amenazados por una presión alcista de su otro gran coste, el laboral, después de que el PSOE haya subido el salario mínimo y tanto el Partido Socialista como Podemos barajen más alzas.

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