La industria alerta de más cierres y despidos tras otro recorte de ayudas a su recibo de luz

La gran industria electrointensiva ha puesto el grito en el cielo en los últimos días después de conocer que el Gobierno ha vuelto a recortar la subasta de interrumpibilidad, que permite a las firmas adjudicatarias lograr una bonificación al coste de su recibo eléctrico. Ya había sido recortada en las últimas ediciones, pero en esta ocasión el hachazo es del 50%.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha decidido eliminar los bloques de 40MW, que hasta ahora acababan en las firmas que más electricidad gastan en sus procesos de producción: Alcoa, ArcelorMittal, Ferroatlántica, Celsa, Asturiana de Zinc, Ercros y Acerinox.

Ello ha motivado duros comunicados de las principales patronales, AEGE y Unesid, que se quejan de la situación de desventaja que sufre la industria española respecto a sus consumidores internacionales.

Nueva crisis en Alcoa

En este contexto, algunas empresas como Alcoa ya empiezan a barajar medidas más drásticas. La firma estadounidense vendió el pasado año sus plantas de A Coruña y Avilés en un proceso dramático que necesitó de la intervención del propio Ejecutivo.

Ahora, desde la compañía con sede en Pittsburgh, aseguran que en su fábrica más competitiva, la de San Ciprián (Lugo), la producción de aluminio primario es inviable con los actuales precios de la energía. Otras fuentes próximas a la compañía sostienen que si todo sigue así, optará por el cierre o venta en 2020.

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Agencias

Esto supone un duro golpe para la situación económica y social de Galicia. Alcoa emplea a más de 1.100 personas de manera directa en San Ciprián, más otras casi 600 de manera indirecta que trabajan en la planta. Su actividad supone el 36% del PIB de la provincia.

La firma destaca que su central de producción de aluminio primario, la única que hay en España, perdió 48 millones de euros en 2018 y espera perder entre 50 y 60 millones este 2019. Con la subasta de interrumpibilidad mermada para la primera mitad de 2020, la situación se torna mucho peor.

Además, su otra central de San Ciprián, la que produce alúmina, que hasta junio estaba en beneficios, también ha entrado en pérdidas con la fuerte bajada de las 'commodities' a nivel internacional.

Alcoa destaca que la fábrica gallega es la peor de todas las que tiene en el mundo por el mayor coste energético, ya que si no se tiene en cuenta este factor, que supone el 40% del coste de producción, la planta lucense es de las mejores del mundo. Hasta los sindicatos de la empresa y el consejero de Economía de la Xunta de Galicia temen el cierre ante el panorama actual.

No es el único afectado. Global Steel Wire, filial de Celsa en Santander, anunció un ERTE esta misma semana. Ferroatlántica, del Grupo Villar Mir, ha señalado que hará un ERE en Sabón (A Coruña) si la subasta eléctrica es un fracaso. Otro que está inmerso en un ERE y ha planteado la posibilidad de ampliarlo es ArcelorMittal, enfrentado con los sindicatos.

Parte de esta dramática situación tiene que ver con la parálisis política. El secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, advirtió de que la reducción de la subasta atiende a requisitos de la Comisión Europea, que vigila con lupa España por este tipo de mecanismos, que considera ayudas de Estado.

El problema de bonificar a las empresas por la interrumpibilidad es que Bruselas lo considera ayuda de Estado y ha obligado a su reducción

Sin embargo, el Gobierno prometió a finales de 2018 que implementaría en seis meses un estatuto para los electrointensivos con el objetivo de evitar deslocalizaciones de la producción a otros países más competitivos. Aunque el Ejecutivo llegó a diseñar un borrador preliminar, nunca se aprobó. En primer lugar, la CNMC puso reparos, ya que incluía algunas cuestiones que Bruselas hubiera echado para atrás. No obstante, tras revisar el borrador, no se siguió adelante ante la falta de Gobierno.

El sector reclama ahora que lo haga a través de la vía de urgencia por real decreto, aunque esté en funciones. De hecho, la patronal AEGE se queja de que para mantener las primas a las renovables se haya recurrido a la vía de urgencia, dado que el 1 de enero entra el siguiente periodo regulatorio, y no se haga para el estatuto electrointensivo, dada la urgencia por la asfixia económica que vive el sector.

Su principal queja es que el precio de la electricidad, uno de sus mayores costes, es superior al de otros países del entorno como Portugal, Francia o Alemania, países con los que tiene que competir en los mercados internacionales.