La maniobra de Iberdrola con Villarejo se salta todo su sistema de gobernanza interna

Las extensas y detalladas normas de gobierno corporativo que tiene Iberdrola hacen imposible que no se deriven consecuencias para aquellos potenciales implicados en la pieza separada del caso Tándem, que instruye la Audiencia Nacional.

El propio presidente de la eléctrica, Ignacio Sánchez Galán, hizo referencia a este hecho en la última junta de accionistas de la compañía, el pasado 29 de marzo. "La posición de vanguardia que ostenta Iberdrola en materia de gobierno corporativo se extiende también al sistema de cumplimiento, que tiene como objetivo prevenir, detectar y reaccionar ante situaciones irregulares o contrarias al código ético", explicaba el presidente ejecutivo.

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Las pesquisas que sigue el juez Manuel García-Castellón por las presuntas maniobras de la empresa con el comisario jubilado José Manuel Villarejo, varias de las cuales están siendo reveladas por El Confidencial en una investigación conjunta con 'Moncloa.com', chocan frontalmente con los principios emanados del código ético de la eléctrica, se saltan el sistema de gobierno corporativo y contravienen su política contra la corrupción y el fraude.

[Estatutos sociales]

En el código ético, la eléctrica señala, pese a lo obvio, que "los profesionales del grupo cumplirán estrictamente la legalidad vigente en la jurisdicción en la que desarrollen su actividad". De la misma manera que destaca que a los administradores se les presupone un "desempeño de una conducta profesional íntegra". Con lo que además de responsabilidad ante los tribunales, también la tendrán frente a la empresa.

En este sentido, Iberdrola podría incumplir los tan en auge objetivos de desarrollo sostenible (ODS) que la multinacional decidió incluir en sus estatutos sociales. Según detalla la firma con sede en Bilbao, "el grupo contribuye a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) aprobados por la organización de las Naciones Unidas a través del desarrollo de todas sus actividades empresariales. En particular, mediante este código ético, el grupo formaliza su respaldo al objetivo dieciséis, que tiene entre sus metas la lucha contra la corrupción y el soborno en todas sus formas".

En este sentido, el código ético señala que los administradores no podrán "ofrecer o conceder ni solicitar o aceptar, directamente o a través de persona interpuesta, ventajas o beneficios no justificados que tengan por objeto mediato o inmediato obtener un beneficio presente o futuro para el grupo, para sí mismos o para un tercero. En particular, no podrán dar ni recibir cualquier forma de soborno o comisión, procedente de, o realizado por, cualquier otra parte implicada, como funcionarios públicos, españoles o extranjeros, personal de otras empresas, partidos políticos, autoridades, clientes, proveedores y accionistas. Los actos de soborno, expresamente prohibidos, incluyen el ofrecimiento o promesa, directa o indirecta, de cualquier tipo de ventaja impropia, cualquier instrumento para su encubrimiento, así como el tráfico de influencias".

[Política general de gobierno corporativo]

Con base en lo anterior, se subraya que "Iberdrola, erigida como referente por sus firmes compromisos con los principios éticos, asume la responsabilidad de participar activamente en el desafío que constituye la lucha contra la corrupción y el fraude en todos sus ámbitos de actividad".

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Además de los estatutos sociales y del código ético, la multinacional de la energía cuenta con un documento específico destinado a su política contra la corrupción y el fraude. Los principios de actuación del mismo detallan con contundencia su modo de proceder ante irregularidades:

a) El grupo no tolera, permite o se involucra en ningún tipo de corrupción, extorsión o soborno en el desempeño de su actividad empresarial, ni en el sector público ni en el privado.

[Política contra la corrupción y el fraude]

b) Iberdrola impulsa una cultura preventiva basada en el principio de 'tolerancia cero' hacia la corrupción en los negocios, en todas sus formas, así como hacia la comisión de otros actos ilícitos y situaciones de fraude y en la aplicación de los principios de ética y comportamiento responsable de todos los profesionales del grupo, con independencia de su nivel jerárquico y del país en que trabajen.

c) Ese principio de 'tolerancia cero' hacia la corrupción en los negocios tiene carácter absoluto y prima sobre la eventual obtención de cualquier tipo de beneficio económico para el grupo o para sus profesionales, cuando este se base en un negocio o transacción ilícita o contraria a los principios éticos recogidos en el propósito y valores del grupo Iberdrola y concretados en el código ético.

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d) Las relaciones entre los profesionales del grupo con cualquier Administración pública, autoridades, funcionarios públicos y demás personas que participan en el ejercicio de la función pública, así como partidos políticos y entidades análogas, se regirán, en todo caso, por los principios de cooperación, transparencia y honestidad.

[Política para la prevención de delitos]

Además de lo anterior, lberdrola cuenta con una política para la prevención de delitos que también tiene recogida por escrito y es de dominio público. Para prevenir cualquier actuación que pueda considerarse un acto de corrupción o un soborno, posee una Unidad de Cumplimiento que se dedica a supervisar a las sociedades del grupo. En esta misma línea, la cotizada destaca que "los profesionales del grupo recibirán formación sobre el código ético para prevenir cualquier supuesto de fraude, corrupción o soborno".

Para frenar cualquier acto ilegal, "las sociedades del grupo promueven un entorno de transparencia, manteniendo los canales internos adecuados para favorecer la comunicación de posibles irregularidades, entre los que se encuentran el canal de comunicación con la Comisión de Auditoría y Supervisión del Riesgo para las denuncias de irregularidades financieras o contables y los buzones éticos, que permiten a los profesionales del grupo, a los proveedores y a los accionistas de la sociedad comunicar conductas que puedan implicar un incumplimiento del sistema de gobierno corporativo de la sociedad o la comisión por algún profesional del grupo de algún acto contrario a la legalidad o a las normas de actuación del código ético". Esto quiere decir que la propia firma tendrá también que hacer una auditoría interna para depurar responsabilidades en caso de que se confirmen las irregularidades que aún están bajo secreto de sumario.

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Iberdrola también tiene regulada la relación con proveedores. Según sus estatutos, "la relación del grupo con sus proveedores se basa en la legalidad, eficiencia y transparencia. El comportamiento ético y responsable es uno de los pilares de la actuación del grupo y sus proveedores deben cumplir con las políticas, normas y procedimientos del grupo relativos a la prevención de la corrupción, el soborno y la extorsión. Ningún proveedor del grupo deberá ofrecer o conceder a funcionarios públicos, a terceros o a cualquier empleado del grupo, en el contexto de la actividad empresarial desarrollada para o en nombre de este, directa o indirectamente, regalos, obsequios u otras ventajas no autorizadas, ya sean en metálico o en forma de otras prestaciones, con el objetivo de conseguir tratos de favor en la concesión o conservación de contratos o beneficios personales o para la empresa proveedora".

Por si todo lo anterior fuera poco, el código de conducta interno advierte a "los profesionales del grupo el deber de informar sobre cualquier hecho constitutivo de un posible ilícito penal o irregularidad de la que tengan constancia a través de los canales establecidos al respecto", con lo que las responsabilidades legales por presuntas maniobras en el caso Villarejo podrían extenderse dentro de la compañía. Es más, los estatutos sostienen que se deben "sancionar disciplinariamente, de acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable en cada momento, aquellas conductas que contribuyan a impedir o dificultar el descubrimiento de delitos así como la infracción del deber específico de poner en conocimiento de los órganos de control los incumplimientos que hubieran podido detectarse".