Iberdrola usó a Villarejo para investigar si uno de sus directivos filtraba datos a ACS

Iberdrola también habría recurrido al comisario Villarejo para hacer espionajes dentro de sus propias oficinas. La compañía que preside Ignacio Sánchez Galán contrató al comisario en 2009, en plena guerra accionarial con la constructora ACS, para investigar a uno de sus altos cargos ante la sospecha de que podía estar filtrando información comprometedora a la empresa de Florentino Pérez. El comisario peinó la vida privada y las relaciones personales del directivo y condensó sus hallazgos en varios informes confidenciales que habría facilitado personalmente al entonces director de Seguridad de la eléctrica, Antonio Asenjo, mano derecha de Sánchez Galán, aunque fue despedido hace tres semanas tras publicarse los primeros trabajos de Villarejo para Iberdrola.

El presunto cabecilla del caso Tándem bautizó la investigación al directivo con el nombre en clave de operación Gipsy y utilizó iniciales y alias para ocultar otras identidades, según reflejan sus informes, a los que ha tenido acceso El Confidencial en una investigación conjunta con 'Moncloa.com'. El primero de los documentos tiene fecha del 23 de febrero de 2009 y especifica que, cuatro días antes, Asenjo (al que llama DS, acrónimo de director de Seguridad) se había reunido con él para explicarle las sospechas que tenía la cúpula de la empresa sobre su entonces director de Servicios Generales, José María A. V.

En plena guerra con Florentino Pérez

A lo largo de ese documento y de otros posteriores, el comisario detalla que las altas esferas de Iberdrola habían recibido un supuesto soplo de un abogado que acusaba a José María A. V., alias 'Chema', de estar facilitando información clave de la compañía a ACS en plena ofensiva de la constructora para tomar el control de su consejo de administración. El chivatazo también deslizaba que Chema podía estar cobrando comisiones de proveedores y que eso lo convertía en alguien vulnerable, más expuesto a posibles chantajes.

Los informes de la operación Gipsy a los que ha tenido acceso este diario revelan que Villarejo analizó de arriba abajo a los familiares del directivo, así como su círculo de relaciones dentro de Iberdrola y sus amistades y contactos fuera del trabajo. El comisario llegó a informar al hombre de confianza de Sánchez Galán de que el presunto filtrador había necesitado teóricamente ayuda médica “por sentirse estresado por el exceso de trabajo y responsabilidad”, de que supuestamente tenía un carácter “conformista” y de que alardeaba de buenas relaciones con los principales accionistas individuales de la compañía, entre ellos, Nicolás Osuna y los Urrutia Vallejo.

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Villarejo llegó a describir en sus informes la supuesta forma que había encontrado ACS para acceder a datos secretos de Iberdrola. Por un lado, señaló que un familiar de Chema trabajaba en “una importante multinacional del sector del reciclaje de residuos urbanos llamada BFI [Browning-Ferris Industries]” que se encargaba de gestionar los documentos confidenciales de la eléctrica. En otra versión sobre la supuesta trama de espionaje a Iberdrola, el comisario prescindió de Chema y acusó directamente al presidente de ACS de dirigir un plan para apropiarse de los papeles de la energética que destruía otra firma de residuos, Seodis, “que al parecer se encarga de la valija de documentos confidenciales de Iberdrola, entre otras, la del propio presidente”.

Villarejo no encontró nada

A pesar de sus esfuerzos, el 14 de abril de 2009, dos meses después de recibir este encargo de la segunda compañía más grande del Ibex 35, Villarejo entregó a Asenjo un informe definitivo de la operación Gipsy sin haber conseguido ni una sola prueba que demostrara que su directivo hubiera facilitado información sensible al mayor enemigo de Sánchez Galán ni que tampoco hubiera cobrado el más mínimo soborno de empresas proveedoras a cambio de contratos. El supuesto soplo que había dado origen a este trabajo encubierto había demostrado no disponer de ninguna “carga probatoria”, según Villarejo.

Lo cierto es que, después de aquella investigación, José María A. V. siguió al frente de la división de Servicios Generales de la multinacional española como si nada hubiera ocurrido. “A mí nunca me enseñó nadie ningún informe de ninguna especie”, asegura el afectado, sorprendido al conocer la existencia de esta investigación a preguntas de este diario. “Nunca noté nada raro. De hecho, me fui de la empresa en 2015 con honores. No es que me prejubilara ni nada parecido. Me jubilé cuando me tocaba y además me fui bien. Salí perfectamente. Estoy convencido de que si se hubieran confirmado las sospechas tan graves que tenían sobre mí, habría salido antes de la empresa, como es obvio”, explica, todavía aturdido por la noticia.

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José María A. V. podrá personarse como acusación particular. Como adelantó este diario la semana pasada, la Audiencia Nacional ha abierto una pieza separada en el caso Tándem para investigar las relaciones de Iberdrola con el comisario, ante los indicios de que la empresa y sus máximos responsables pudieron cometer algún delito con estas operaciones encubiertas. La compañía anunció tras las primeras informaciones que había decidido abrir una nueva auditoría interna sobre sus vínculos con el comisario —la tercera en dos años— y admitió que había detectado al menos 17 pagos al policía y sus sociedades entre 2004 y 2017.

Iberdrola no ha precisado el contenido exacto de esos trabajos, pero algunos ya han trascendido. Como ha ido desvelando El Confidencial en el último mes, la empresa con domicilio en Bilbao contrató a Villarejo para investigar a un juez y una asociación ecologista que amenazaban con frenar su central de ciclo combinado de Arcos de la Frontera (Cádiz); buscar datos comprometedores de dirigentes del PSOE y PP andaluces; recabar información sobre Endesa y su expresidente Manuel Pizarro; “hostigar” a dos líderes sindicales de su central nuclear de Cofrentes, y espiar incluso a un accionista de la propia compañía que criticó a Sánchez Galán en una junta general.