La Fiscalía peruana investiga a Enagás por presuntos sobornos de su socio en GSP

Enagás Internacional, la filial que engloba la actividad de la gasista fuera de España, ha sido notificada por la Fiscalía peruana de su inclusión como investigada en la causa que instruye el Ministerio Público por el fallido proyecto del Gasoducto del Sur de Perú (GSP), donde la firma presidida por Antonio Llardén se juega más de 400 millones de euros que tiene atrapados en el proyecto latinoamericano.

Se trata de la segunda investigación abierta por esta causa en la que desde hace ya más de tres años está el empleado de Enagás que firmó la concesión, sin que por ahora haya ningún resultado concluyente. El nuevo proceso "se encuentra en estado preliminar a nivel de Fiscalía, signado en la carpeta 12-2017", según explica Enagás, que señala que recibió la comunicación de su inclusión como investigada el pasado 17 de julio.

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E.P.

El dispositivo del Ministerio Público, dependiente del Gobierno de la República de Perú, está siendo dirigido por la fiscal Geovana Mori, miembro del equipo especial Lava Jato, que trata de depurar responsabilidades por los presuntos sobornos de la empresa Odebrecht, socia de Enagás en el Gasoducto del Sur de Perú. Las últimas pesquisas de la fiscal Mori se centran en la entrega del pago de comisiones ilegales a funcionarios por parte de miembros de la constructora brasileña para lograr la adjudicación del proyecto gasista.

Enagás explica en la documentación firmada por su auditor EY y entregada a la CNMV que en el mes de junio tuvo lugar la homologación por parte del Poder Judicial de Perú del acuerdo de colaboración eficaz alcanzado entre el Grupo Odebrecht y la Fiscalía de Perú. Bajo este marco de colaboración, la firma brasileña ha reconocido pagos ilícitos, lo que ha motivado un operativo a principios de este mes que registró hasta 26 inmuebles. En la diligencia se encuentra la vivienda de Nadine Heredia, primera dama de Perú durante el mandato de Ollanta Humala entre 2011 y 2016, sobre la que se centran las miradas por presunta negociación incompatible y colusión por el caso Gasoducto.

Bajo esta situación, la compañía española salpicada por este caso, cuyo máximo accionista es el Estado a través de la SEPI (5% del capital social), destaca que "basándose en la opinión de sus asesores legales externos en derecho penal peruano, no hay ningún indicio a fecha actual que haga suponer que las investigaciones puedan discurrir en sentido negativo para Enagás".

"En base a todo lo anterior, los administradores de Enagás, conforme con la opinión de sus asesores legales externos e internos, así como de un perito independiente y un experto contable independiente, consideran que estos hechos no suponen un impacto sobre la estimación de la recuperación de la inversión de la participación en GSP y las cuentas a cobrar anteriormente mencionadas por importe total de 405.106.000 euros (408.285.000 euros a 31 de diciembre de 2018)", subraya la empresa.

Enagás trabaja en este espinoso asunto desde finales de 2017 con firmas de primer orden internacional como Deloitte, Linklaters, FTI Consulting y el despacho peruano Grau. Según estima la multinacional gasista, el valor neto contable de los activos de GSP asciende actualmente a 1.980 millones de dólares, con lo que, dado su derecho de prelación en el cobro, está en posición de recuperar el 100% de su inversión fallida.

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Otras fuentes próximas a Enagás creen que la investigación que está ejerciendo ahora la Fiscalía peruana, un órgano dependiente del Gobierno del país andino, busca ejercer presión sobre la multinacional, que lanzó un arbitraje ante el Ciadi (Banco Mundial) para defender sus intereses y lograr recuperar esta inversión fallida por un montante significativo para la empresa. De hecho, se trata de una investigación prejudicial que aún no ha llegado a la Justicia ordinaria, apuntan las mismas fuentes.

En esta argumentación, destacan que Enagás es la única compañía del consorcio que se adjudicó el Gasoducto del Sur de Perú que ha instado un arbitraje supranacional contra Perú en 2018. Por ello creen que la multinacional española ha sido la única de las tres declarada como investigada por la Fiscalía, mientras no lo están siendo ni Odebrecht, que ahora colabora con el Ministerio Público, ni Montero y Graña, el socio local que también estaba en la UTE que se adjudicó el proyecto.

Pese a todo lo anterior, el presidente de Enagás, Antonio Llardén, ha señalado este martes que el procedimiento sigue su curso ordinario. En una conferencia con analistas, el presidente ejecutivo indicó que el tribunal arbitral para el procedimiento ya ha sido constituido y que está previsto que la primera audiencia con las partes se produzca en septiembre. El grupo estima que podría recuperar su inversión por medio del laudo en un plazo de tres años, aunque sigue confiando en alcanzar un acuerdo que ponga término a la disputa arbitral, y para ello señala estar a disposición del Estado peruano para iniciar los contactos necesarios encaminados a alcanzar un arreglo amistoso.

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A diferencia de ACS, que ha decidido recurrir ante la Audiencia Nacional, Enagás Transporte reintegró 34.553.000 euros el pasado 23 de julio por las retribuciones correspondientes a los ejercicios 2014 y 2015. Esta devolución se produce a instancias de la CNMC, que notificó en resolución del pleno el pasado 5 de julio que debía de abonar las cantidades cobradas por sus labores en el proyecto fallido de las costas de Castellón. 

A la espera de articular el pago, que fue paralizado por el Tribunal Constitucional al entender que por vía de real decreto no estaba justificado, Enagás presentó ante el Ministerio para la Transición Energética una reclamación de responsabilidad patrimonial para poder ser resarcida por los perjuicios sufridos como consecuencia de este caso. La cuenta a cobrar asciende a casi 55 millones de euros en total.