La trama corrupta de Odebrecht blanqueó en España 26 millones de euros en sobornos

Una dirección, un empleado y una mercantil en Pontevedra. Es todo lo que necesitó la red de Odebrecht, el gigante brasileño de la obra pública, para ocultar 26 millones de euros en sobornos para funcionarios y políticos de América. El dinero llegaba a Galicia desde el otro lado del Atlántico y, tras un breve paso por esta compañía, que había permanecido oculta hasta ahora, salía hacia empresas 'offshore' y cuentas bancarias alojadas en los principales paraísos fiscales del mundo. La contabilidad de la sociedad, analizada por El Confidencial, refleja un continuo movimiento de capitales.

La mercantil, Gvtel Corporation, extinguida en 2013, sería solo una pieza de la red que utilizó Odebrecht para repartir 744 millones en sobornos entre 2001 y 2016 en al menos 12 países. En Brasil, donde el caso ha recibido el nombre de operación Lava Jato, las investigaciones salpican ya a los expresidentes Lula da Silva y Dilma Rousseff. Desde España, la Fiscalía Anticorrupción está analizando la implicación en el caso de compañías españolas. Como adelantó este diario, el Ministerio Público está tratando de averiguar si Acciona, FCC e Isolux pagaron comisiones a políticos para adjudicarse junto a Odebrecht la ejecución de grandes infraestructuras en Ecuador y Panamá.

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D. Grasso

Las pesquisas se encuentran en una fase preliminar pero, desde el pasado 18 de noviembre, la Fiscalía Anticorrupción cuenta con la ayuda de Rodrigo Tacla Durán, uno de los presuntos cerebros de la trama de 'mordidas' que se ha convertido en el mayor caso de corrupción de la historia de América. Tacla, de 43 años, fue detenido por la Guardia Civil en el Hotel Intercontinental de Madrid para dar cumplimiento a una orden de busca y captura de las autoridades brasileñas. Sin embargo, cuatro meses después, aún no ha sido extraditado. El financiero está dispuesto a confesar a cambio de un compromiso que garantice que nunca será entregado a Brasil y una rebaja en una hipotética condena en España.

Una ‘offshore’ en el pueblo

Rodrigo Tacla fue precisamente el único administrador de las dos sociedades utilizadas en España por Odebrecht para blanquear los sobornos que pagaba a los mandatarios que le concedían las adjudicaciones amañadas. Se trata de Vivosant Corporation y la propia Gvtel Corporation. La primera, como ya adelantó este diario, está registrada en un centro de negocios de Pontevedra, apenas registró movimientos y, de hecho, sigue aún activa. Pero el 100% de las acciones de esa mercantil estaba en manos de la segunda empresa, Gvtel Corporation, que presuntamente fue la encargada centralizar en España el lavado de las comisiones ilegales pagadas por la constructora brasileña.

Gvtel, que ya está oficialmente disuelta, tenía su sede en el número 22 de la calle río Umia de Poio, un municipio de menos de 20.000 habitantes situado en la costa norte de la ría de Pontevedra. Supuestamente, entre 2004 y 2013, el periodo en el que estuvo operativa esta mercantil, apenas registró actividad. En ningún momento tuvo más de un empleado fijo y su administrador, socio único y, más tarde, liquidador, fue siempre el mismo: Rodrigo Tacla.

Sin embargo, Gvtel, que supuestamente se dedicaba a prestar “servicios de telecomunicaciones”, sí anotó entre 2007 y 2010 grandes volúmenes de capitales en los capítulos contables de “compras” y “ventas”, curiosamente, por cuantías siempre muy similares. Las cifras, extraídas de las cuentas depositadas en el Registro Mercantil, están recogidas en el siguiente cuadro:

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Su contabilidad reproduce el esquema típico de las firma instrumentales. En esa etapa entraron en Gvtel desde otras sociedades 26,82 millones de euros y salieron, también rumbo a otras mercantiles, 26,76 millones. Se trata de dos cantidades casi idénticas. Además, en todos los ejercicios, su cuenta de resultados arrojó números cercano a cero o ganancias mínimas, tanto que cerró 2013 con 31.000 euros en pérdidas. Apenas tuvo que pagar impuestos en todo el periodo.

Pese a su evidente utilización como tapadera, fueron las autoridades brasileñas las que descubrieron que esta sociedad limitada de Pontevedra aparentemente inocua formaba parte de una compleja red de movimientos de capitales que durante años salieron de la caja de Odebrecht y terminaron en cuentas secretas de políticos corruptos en países como Singapur, Hong Kong, Suiza y Panamá.

Su filial Vivosant está acusada de los mismos hechos, a pesar de que apenas registró movimientos de dinero en sus cuentas. Los investigadores de la operación Lava Jato han descubierto que una cuenta asociada a Vivosant en el banco de Singapur Bank Pictet & Cie recibió entre el 14 y el 28 de septiembre de 2010 nueve transferencias bancarias por valor de 12 millones de euros. El dinero salió de Constructora Internacional del Sur, una de las filiales que utilizó masivamente Odebrecht para canalizar la salida de sobornos de la contabilidad de la compañía.

La aparición de Gvtel en esta causa, que ya ha provocado un terremoto político en América, añade a la trama una nueva conexión española. Pero se investigan vinculaciones aún más intensas. Las autoridades de los países afectados y la Fiscalía Anticorrupción sospechan que los socios españoles que se aliaron con Odebrecht para llevarse adjudicaciones millonarias al otro lado del Atlántico pudieron pagar también sobornos para garantizarse su presencia en los proyecto. El foco se sitúa por ahora en el metro de Panamá, construido por FCC y Odebrecht; el metro de Quito, concedido a Acciona y la empresa brasileña; y adjudicaciones que recibió Isolux en Brasil de otra empresa de ese país, la petrolera semipública Petrobras, implicada también el escándalo.